Por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental
El Jefe de Gobierno Porteño Jorge Macri presentó un protocolo que apunta a resolver la atención de situaciones de urgencias en Salud Mental de las personas en situación de calle.
Es un paso que va en sentido de la implementación de la Ley 26657, ya que sus fundamentos se basan en los criterios de internación involuntaria establecidos en el artículo 20:
“la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordaje ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar.
- Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
- Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento.
- Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.
Consideramos que resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad siga trabajando para el abordaje integral de las situaciones de fondo que tienen que ver con problemáticas de acceso a la vivienda que expulsan a las personas a vivir en la calle, la desarticulación del sistema de Salud, la ausencia de medidas de apoyo específicas que garanticen la continuidad de cuidados de las personas con padecimientos subjetivos y el desfinanciamiento de las políticas sociales y de salud que han ido agravándose en la Ciudad en estos últimos 16 años.
Las situaciones de vulnerabilidad social, las problemáticas de acceso a la vivienda y alquileres se presentan en crecimiento día a día en la Ciudad más rica del país, con la misma gestión de gobierno desde hace 16 años. Los Hospitales Públicos han padecido el desmantelamiento de los dispositivos que permiten dar cumplimiento a la asistencia integral de las personas con padecimientos en Salud Mental y Consumos Problemáticos. Estos problemas requieren más políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a la salud integral.
Por lo tanto expresamos, que la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental no requiere modificación alguna sino su inmediata implementación.
