En defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, en beneficio de la comunidad
Ante los episodios de público conocimiento donde un usuario de salud mental terminó gravemente herido producto del accionar policial; comenzó una campaña mediática de estigmatización, donde se responsabiliza a la Ley Nacional de Salud Mental N°26657. Por esto, desde la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires vemos la necesidad de clarificar la interpretación errónea de la misma que se está difundiendo.
En distintos medios de comunicación se dio lugar a voces que, una vez más, intentan denostar la Ley Nacional de Salud Mental, una de las más avanzadas y pionera en el mundo por su respeto integral a los Derechos Humanos y su perspectiva interdisciplinaria. En canales de televisión, diarios, portales, radios y redes sociales; se difundió todo tipo de información desacertada, con un grado de desconocimiento alarmante, cuyo efecto resultante es la segregación y estigmatización de las personas con padecimiento mental; obedeciendo a inconfesables intenciones que la normativa vigente ha cuestionado. Nuevamente, se visibilizan intereses corporativos de quienes se valen del modelo médico hegemónico para sostener su praxis.
Entre otros argumentos falaces, sostienen que la Ley no contempla la internación involuntaria para personas usuarias de salud mental, a pesar de lo claro de su texto, donde se indica que “Podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” (artículo 20). En esos casos, existirá luego un control de la legalidad de la medida excepcional, dado que la privación de la libertad de la persona tiene como fin la preservación de la vida, tanto propia como de quienes pueden estar en una situación de peligro por su accionar. Es importante resaltar, en este sentido, que la normativa vigente otorga todas las herramientas necesarias para el abordaje adecuado de las diferentes problemáticas que se presentan en el campo de la salud mental.
El evento reciente obliga a redoblar los esfuerzos en mejorar la capacitación necesaria en el abordaje específico de situaciones de crisis tanto de los equipos de salud como de las fuerzas de seguridad, dado que está en juego la vida de la persona usuaria de salud mental y su círculo personal y familiar, la de las y los profesionales de salud participantes y la del personal policial actuante. Es fundamental, en este sentido, generar una mayor accesibilidad y cercanía del sistema de salud para con la comunidad para evitar llegar a estas situaciones límites.
Reiteramos la necesidad urgente de la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, junto con la apertura de dispositivos adecuados para su cumplimiento efectivo; para así garantizar la salud integral de nuestra ciudadanía.
