Normas y Leyes

Ley 23.277 del Ejercicio Profesional de la Psicología

Ley 23.277

Ejercicio Profesional de la Psicología

•Ámbito y Autoridad de Aplicación.- •Condiciones para su ejercicio.- •Inhabilidades e incompatibilidades.- •Derechos y obligaciones.- •Prohibiciones.-

Sancionada: septiembre 27 de 1985.- Promulgada de Hecho: noviembre 6 de 1985.-

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EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TITULO I
Del ejercicio profesional. Ambito y autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 1o – El ejercicio de la psicología, como actividad profesional independiente en la Capital Federal, territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.
El control del ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula respectiva se realizará por la Secretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación.

ARTÍCULO 2o – Se considera ejercicio profesional de la psicología, a los efectos de la presente ley, la aplicación y/o indicación de teorías, métodos, recursos, procedimientos y/o técnicas específicas en:
a)El diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad, y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas.

b)La enseñanza y la investigación.
c)El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designaciones de autoridades públicas, incluso nombramientos judiciales.
d)La emisión, evaluación, expedición, presentación de certificaciones, consultas, asesoramiento, estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes.

ARTICULO 3o – El psicólogo podrá ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas en otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su asistencia profesional.

TITULO II
De las condiciones para el ejercicio de la profesión.

ARTICULO 4o – El ejercicio de la profesión de psicólogo sólo se autorizará a aquellas personas que:

1. Posean título habilitante de licenciado en psicología otorgado por universidad nacional, provincial o privada habilitada por el Estado, conforme a la legislación o título equivalente reconocido por las autoridades pertinentes.

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2.Posean título otorgado por universidades extranjeras que haya sido revalidado en el país.

3.Tengan título otorgado por universidades extranjeras que en virtud de tratados internacionales en vigencia haya sido habilitado por universidad nacional.
4.También podrán ejercer la profesión:

a)Los extranjeros con título equivalente, que estuviesen en tránsito en el país y fueran oficialmente requeridos en consulta para asuntos de su especialidad. La autorización para el ejercicio profesional será concedida por un periodo de seis meses, pudiendo prorrogarse.

b)Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación, docencia y asesoramiento. Esta habilitación no autoriza al profesional extranjero para el ejercicio independiente de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido requerido.

ARTICULO 5o – El ejercicio profesional consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre profesional a terceros, sean éstos psicólogos o no.

TITULO III
Inhabilidades e incompatibilidades.

ARTICULO 6o – No podrán ejercer la profesión:
1.Los condenados por delitos contra las personas, el honor, la libertad, la salud pública o la fe pública, hasta el transcurso de un tiempo igual al de la condena, que en ningún caso podrá ser menor de dos años
2.Los que padezcan enfermedades psíquicas graves y/oinfecto-contagiosas mientras dure el período de contagio.

TITULO IV
De los derechos y obligaciones

ARTICULO 7o – Los profesionales que ejerzan la psicología podrán:
1.Certificar las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones de diagnósticos referentes a los estados psíquicos de las personas en consulta.
2.Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera.

ARTICULO 8o – Los profesionales que ejerzan la psicología están obligados a:

1. Aconsejar la internación en establecimiento público o privado de

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aquellas personas que atiendan y que por los trastornos de su conducta signifiquen un peligro para sí o para terceros, así como su posterior externación.
2.Proteger a los examinados asegurándoles que las pruebas y resultados que obtenga se utilizarán de acuerdo a normas éticas y profesionales.
3.Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencias.
4.Guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas especificas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad profesional sobre aspectos físicos, psicológicos o ideológicos de las personas.
5.Fijar domicilio profesional dentro del territorio de la Capital Federal, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

TITULO V
De las prohibiciones

ARTICULO 9o – Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la psicología:

1.Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier otro medio físico y/o químico destinado al tratamiento de los pacientes.
2.Participar honorarios entre psicólogos o con cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho a presentar honorarios en conjunto por el trabajo realizado en equipo. 3.Anunciar o hacer anunciar actividad profesional como psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos; prometer resultados en la curación o cualquier otro engaño.

ARTICULO 10o – Deróganse los artículos 9o y 91o de la norma de facto 17.132 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

ARTICULO 11o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año mil novecientos ochenta y cinco.

·························································································· J.C. Pugliese – E. Otero – C.A. Bravo – A. J. Macris.

Registrada bajo el No 23.277 – Boletín Oficial No 28.294 – 1a. Sección (19/12/95)

Ley 448 de Salud Mental de la CABA

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES TÍTULO I
LA SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1o.- [Objeto] La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo. 2o.- [Principios] La garantía del derecho a la salud mental se sustenta en:

  1. Lo establecido por la Ley Básica de Salud No 153 en el Artículo 3o y en el Artículo 48, inc. c);
  2. El reconocimiento de la salud mental como un proceso determinado histórica y culturalmente en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, y está vinculada a la concreción de los derechos al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente saludable. La salud mental es inescindible de la salud integral, y parte del reconocimiento de la persona en su integridad bio-psico-socio-cultural y de la necesidad del logro de las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y afectivo;
  3. El desarrollo con enfoque de redes de la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción social y comunitaria, y la articulación efectiva de los recursos de los tres subsectores;
  4. La intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario en el desarrollo del Sistema de Salud Mental;
  5. La articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, la familia y otros recursos existentes en la comunidad, a fin de multiplicar las acciones de salud y facilitar la resolución de los problemas en el ámbito comunitario;
  6. La internación como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios;
  7. El respeto a la pluralidad de concepciones teóricas en salud mental;
  8. La función del Estado como garante y responsable del derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria. Evitando políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el control social.

Artículo 3o [Derechos]. Son derechos de todas las personas en su relación con el Sistema de Salud Mental:

  1. Los establecidos por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley No 153 en su artículo 4o;
  2. A la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia;
  3. El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos familiares y sociales de las personas en proceso de atención;
  4. A no ser identificado ni discriminado por padecer o haber padecido un malestar psíquico;
  5. A la información adecuada y comprensible, inherente a su salud y al tratamiento, incluyendo las alternativas para su atención;

f. A la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento;

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g. La atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y sociales;

  1. El tratamiento personalizado y la atención integral en ambiente apto con resguardo de su intimidad;
  2. La aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente y que menos limite su libertad;
  3. La rehabilitación y la reinserción familiar, laboral y comunitaria;
  4. A la accesibilidad de familiares u otros, en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes internados, salvo que mediare contraindicación profesional.Capítulo II Autoridad de aplicación

Artículo 4o [Autoridad de aplicación] La autoridad de aplicación de la presente Ley es el nivel jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Salud Mental.

Artículo 5o [Autoridad de aplicación. Funciones] La autoridad de aplicación conduce, regula y controla el Sistema de Salud Mental. Son sus funciones:

  1. La formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud mental de conformidad a los principios y objetivos establecidos en la presente Ley;
  2. La elaboración del Plan de Salud Mental;
  3. La conducción, coordinación y regulación del Sistema de Salud Mental;
  4. La habilitación y control de los establecimientos y servicios de salud mental de los tres subsectores y la evaluación de la calidad de las prestaciones;
  5. La regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud mental, de conformidad con la legislación vigente;
  6. El desarrollo de un sistema de información, vigilancia epidemiológica y planificación estratégica como elemento de gestión del Sistema;
  7. La promoción de la capacitación de todo el personal que desarrolle actividades de salud mental en los tres subsectores;
  8. La articulación de políticas y actividades de salud mental con los municipios del Conurbano Bonaerense, orientados a la constitución de una red metropolitana de servicios de salud mental;
  9. La concertación de políticas de salud mental con los gobiernos nacional y provinciales;
  10. Todas las acciones que garanticen los derechos relativos a la salud mental de todas las personas;
  11. Convocar al Consejo General de Salud Mental no menos de seis veces al año para el tratamiento de los temas con referencia a sus funciones;
  12. Elaborar anualmente el presupuesto operativo de Salud Mental, a fin de garantizar la estimación y previsión de los fondos suficientes para: los gastos operativos, la readecuación de los actuales servicios y la construcción e implementación de la estructura inexistente y necesaria. El mismo deberá contemplar la totalidad de los efectores individualizados en la presente Ley.

Artículo 6o [Consejo General de Salud Mental] La autoridad de aplicación crea y coordina un Consejo General de Salud Mental, de carácter consultivo, no vinculante, honorario, con funciones de asesoramiento integrado por representantes de:

  1. trabajadores profesionales y no profesionales del subsector estatal;
  2. asociaciones de asistidos y familiares;
  3. asociaciones sindicales con personería gremial;
  4. instituciones de formación;

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  1. instituciones académicas;
  2. asociaciones profesionales;
  3. la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La autoridad de aplicación, invitará al Poder Judicial y a la Universidad de Buenos Aires a integrarse al Consejo General.

Artículo 7o [Consejo General de Salud Mental. Funciones] Son funciones del Consejo General de Salud Mental asesorar en:

  1. la formulación de políticas, programas y actividades de salud mental;
  2. la evaluación y seguimiento del Plan de Salud Mental;
  3. los aspectos vinculados a cuestiones éticas;
  4. los lineamientos generales de políticas en articulación con el Consejo General de Salud.Capítulo III Sistema de Salud Mental

Artículo 8o [Sistema de Salud Mental. Integración] Está constituido por los recursos del Sistema de Salud Mental de los subsectores estatal, de seguridad social y privado que se desempeñan en el territorio de la Ciudad, en los términos del Art. 11 de la Ley 153.

Artículo 9o [Denominación] Se establece para todos los efectores y servicios del Sistema, la denominación uniforme “de Salud Mental”.

Artículo 10o [Sistema de Salud Mental. Lineamientos y acciones] La autoridad de aplicación debe contemplar los siguientes lineamientos y acciones en la conducción, regulación y organización del Sistema de Salud Mental.

  1. La promoción de la salud mental de la población a través de la ejecución de políticas orientadas al reforzamiento y restitución de lazos sociales solidarios;
  2. La prevención tendrá como objetivo accionar sobre problemas específicos de salud mental y los síntomas sociales que emergen de la comunidad;
  3. La asistencia debe garantizar la mejor calidad y efectividad a través de un sistema de redes;
  4. La potenciación de los recursos orientados a la asistencia ambulatoria, sistemas de internación parcial y atención domiciliaria, procurando la conservación de los vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral;
  5. La asistencia en todos los casos será realizada por profesionales de la salud mental certificados por autoridad competente;
  6. La recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación de las personas asistidas en casos de patologías graves, debiendo tender a recuperar su autonomía, calidad de vida y la plena vigencia de sus derechos;
  7. La reinserción social mediante acciones desarrolladas en conjunto con las áreas de Trabajo, Educación, Promoción Social y aquellas que fuesen necesarias para efectivizar la recuperación y rehabilitación del asistido;
  8. La conformación de equipos interdisciplinarios de acuerdo a las incumbencias específicas;
  9. Los responsables de los establecimientos asistenciales deben tener conocimiento de los recursos terapéuticos disponibles, de las prácticas asistenciales, de los requerimientos de capacitación del personal a su cargo, instrumentando los recursos necesarios para adecuar la formación profesional a las necesidades de los asistidos.

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Artículo 11o [Organización] El Sistema de Atención de Salud Mental de la Ciudad se organiza e implementa conforme a los principios rectores derivados de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ley Básica de Salud y de la presente Ley.

Artículo 12o [Subsector estatal. Lineamientos] A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente son criterios en la conformación del subsector estatal:

  1. La implementación de un modelo de atención que, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Básica de Salud, garantice la participación a través de prácticas comunitarias;
  2. La adecuación de los recursos existentes al momento de la sanción de la presente Ley, a los efectos de transformar el modelo hospitalocéntrico, para el desarrollo de un nuevo modelo de salud mental;
  3. A los efectos de la implementación de lo dispuesto en los artículos 28o y 31o y concordantes de la ley No 153, se reconoce la especificidad del Sistema de Salud Mental;
  4. Promover la participación de los trabajadores, profesionales y no profesionales del subsector, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48, inciso c), de la Ley No 153;
  5. La implementación de la historia clínica única, entendida como herramienta del trabajo terapéutico, no pudiendo constituirse en fuente de discriminación;
  6. Los integrantes de los equipos interdisciplinarios delimitan sus intervenciones a sus respectivas incumbencias, asumiendo las responsabilidades que derivan de las mismas;
  7. Las intervenciones de las disciplinas no específicas del campo de la Salud Mental, serán refrendadas por los profesionales cuya función les asigna la responsabilidad de conducir las estrategias terapéuticas, efectuar las derivaciones necesarias e indicar la oportunidad y el modo de llevar a cabo acciones complementarias que no son de orden clínico;
  8. La actualización y perfeccionamiento del personal existente, mediante programas de formación permanente y acordes a las necesidades del Sistema;
  9. La implementación de acciones para apoyo del entorno familiar y comunitario;
  10. La coordinación intersectorial e interinstitucional con las áreas y sectores de promoción social, trabajo, educación, Poder Judicial, religiosas, policía, voluntariados, ONGs, organizaciones barriales y otras;
  11. La centralización de la información registrada en los establecimientos de salud mental;
  12. Podrán acceder a los concursos para los cargos de conducción, todos los profesionales con título de grado, en las disciplinas de salud mental.

Artículo 13o Los dispositivos del subsector estatal funcionan integrando la Red de Atención del Sistema de Salud Mental, debiendo ejecutar acciones en relación a las siguientes características específicas:

  1. Prioridad en las acciones y servicios de carácter ambulatorio destinados a la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social en Salud Mental, garantizando la proximidad geográfica de los efectores a la población;
  2. Coordinación interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial de las acciones y servicios;
  3. Participación de la comunidad en la promoción, prevención y rehabilitación de la Salud Mental;
  4. Proyección del equipo interdisciplinario de salud mental hacia la comunidad;
  5. Internación de corto plazo en hospitales generales y monovalentes de salud mental;
  6. Internación de tiempo prolongado en hospitales monovalentes de salud mental, en los hospitales generales pediátricos, y hospitales de infecciosas y otros establecimientos específicos en salud mental.

Artículo 14o [Efectores] A los efectos de la conformación de la Red, se deben respetar las acciones y servicios, establecidos en los artículos precedentes, determinándose una reforma de los efectores actuales,

e incorporando los recursos necesarios para la implementación de las nuevas modalidades. Para ello se establecen los siguientes efectores:

  1. Centros de Salud Mental;
  2. Atención de salud mental en Centros de Salud y Acción Comunitaria;
  3. Dispositivos de atención e intervención domiciliaria respetando la especificidad en Salud Mental;
  4. Consultorios Externos;
  5. Equipos de interconsulta, incluyendo la intervención en todas las acciones y servicios de alta complejidad médica y tecnológica;
  6. Prestaciones en Hospital de Día y Hospital de Noche;
  7. Un sistema de intervención en crisis y de urgencias con equipos móviles debidamente equipados para sus fines específicos;
  8. Un sistema de atención de emergencias domiciliarias en salud mental infanto-juvenil, el cual atenderá en la modalidad de guardia pasiva;
  9. Áreas de atención en salud mental en los hospitales generales de agudos, hospitales de infecciosas y hospitales generales pediátricos, la autoridad de aplicación definirá un mínimo y un máximo de camas, de acuerdo al efector;
  10. Residencias Protegidas de hasta veinte (20) camas;
  11. Hospitales monovalentes de salud mental;
  12. Casas de Medio Camino;
  13. Centrosdecapacitaciónsociolaboralpromocionales;
  14. Talleres protegidos;
  15. Emprendimientos sociales;
  16. Atención especializada en salud mental infanto-juvenil;
  17. Equipos de salud mental en guardias en hospitales generales de agudos, hospitales de infecciosas y hospitales generales de pediatría;
  18. Hogares y familias sustitutas;
  19. Granjas terapéuticas.

Artículo 15o [Rehabilitación y reinserción] La personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social.

Artículo 16o Las personas externadas deben contar con una supervisión y seguimiento por parte del equipo de salud mental que garantice la continuidad de la atención. Todos los recursos terapéuticos que la persona requiera deben ser provistos por el dispositivo de salud mental correspondiente al área sanitaria de referencia.

Capítulo IV Docencia e investigación

Artículo 17o Se promueven la docencia y la investigación en los efectores de Salud Mental. Capítulo V

Regulación y fiscalización

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Artículo 18o La autoridad de aplicación ejerce el poder de policía en el ámbito de su competencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41o, 42o, 43o y 44o de la Ley No 153, contemplando la especificidad de la Salud Mental.

TITULO II
REGIMEN DE INTERNACIONES Capítulo I
Principios generales

Artículo 19o La internación es una instancia del tratamiento que evalúa y decide el equipo interdisciplinario cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios. Cuando ésta deba llevarse a cabo es prioritaria la pronta recuperación y resocialización de la persona. Se procura la creación y funcionamiento de dispositivos para el tratamiento anterior y posterior a la internación que favorezcan el mantenimiento de los vínculos, contactos y comunicación de la persona internada, con sus familiares y allegados, con el entorno laboral y social, garantizando su atención integral.

Artículo 20o La internación de personas con padecimientos mentales, en establecimientos destinados a tal efecto, se debe ajustar a principios éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en la presente Ley y en la Ley No 153. Para ello se debe establecer la coordinación entre las autoridades sanitarias, judiciales y administrativas. Sólo puede recurrirse a la internación de un paciente, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y previo dictamen de los profesionales del equipo de salud mental u orden de autoridad judicial para los casos previstos.

Artículo 21o Las internaciones a las que aluden los artículos precedentes se clasifican en:

  1. Voluntaria, si la persona consiente a la indicación profesional o la solicita a instancia propia o por su representante legal;
  2. Involuntaria, conforme al artículo 30o de la presente Ley;
  3. Por orden judicial.Capítulo II
    Procedimientos comunes a todas las internaciones

Artículo 22o Dentro de las 24 horas siguientes a la admisión del internado, el equipo interdisciplinario del establecimiento iniciará la evaluación para establecer el diagnóstico presuntivo, de situación y el plan de tratamiento. Será emitido un informe firmado por el equipo de salud mental precisando si están dadas las condiciones para continuar con la internación.

Artículo 23o Dentro de los quince (15) días de ingresado y luego, como mínimo, una vez por mes, la persona internada será evaluada por el equipo interviniente del establecimiento que certifica las observaciones correspondientes al último examen realizado; confirmando o invalidando las mismas, precisando la evolución e informando en la historia clínica sobre la desaparición de las causas justificantes de la internación.

Artículo 24o Las internaciones de personas con padecimiento mental podrán ser mantenidas por períodos máximos renovables de un (1) mes.

Artículo 25o Para el caso de instituciones de carácter privado y de la seguridad social, deben elevarse los informes a los que alude el artículo 23o a la autoridad de aplicación, a fin de que tome conocimiento de las causas y condiciones que sustentan la necesidad del procedimiento y su mantenimiento, en los términos de lo establecido en el artículo 24o.

Artículo 26o Toda disposición de internación, sea voluntaria, involuntaria o judicial, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Evaluación y diagnóstico de las condiciones del asistido;
  2. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar;

c. Datos de su cobertura médico asistencial;

  1. Motivos que justifican la internación;
  2. Orden del juez, para los casos de internaciones judiciales;
  3. Autorización del representante legal cuando corresponda.

Artículo 27o Una vez efectuada la internación del paciente, el establecimiento debe remitir a la autoridad de aplicación la información pertinente, garantizando la confidencialidad de los datos. Dichos informes deberán remitirse en forma mensual en el caso de continuar con la internación.

Artículo 28o Toda internación debe ser comunicada por el director del establecimiento a los familiares de la persona, a su curador o representante legal si los tuviere y al juez de la causa si correspondiere, así como a otra persona que el paciente indique.

Capítulo III Internación Involuntaria

Artículo 29o.- La internación involuntaria de una persona procede cuando a criterio del equipo profesional mediare situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros.

Artículo 30o.- A los fines del artículo precedente deberá mediar formal solicitud interpuesta por un familiar de la persona cuya internación se pretende, o demás personas con legitimidad para actuar conforme al Código Civil u organismo estatal con competencia.

Artículo 31o.- La internación involuntaria debe ser certificada por dos profesionales, los que no pueden pertenecer a la misma institución privada o de la seguridad social. No debe existir entre los profesionales y el asistido relación conyugal, de parentesco, de amistad o enemistad íntima ni tener intereses o vínculos económicos entre sí. En el subsector estatal, ambos certificados podrán provenir de dos profesionales del mismo efector.

Artículo 32o La internación de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Ley No 114, y la de incapaces, deberá ser comunicada, dentro de las 72 horas de producida, al Asesor de Menores e Incapaces.

Artículo 33o Si el paciente fuera recibido en consulta de urgencia y la internación se considerase indispensable a los fines de evitar una demora indeseable y potencialmente riesgosa para el bienestar del paciente y/o de terceros, el profesional podrá disponer la internación por un máximo de 72 horas. Durante ese lapso un segundo profesional deberá evaluar al paciente. Si ambos profesionales concordasen en la indicación de continuar la internación, entonces deberán indicar el tratamiento a seguir en forma debidamente fundamentada, de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo. Los profesionales que deben avalar la internación estarán sujetos a las limitaciones previstas en el artículo 31o.

Artículo 34o Para que proceda la internación involuntaria además de los requisitos comunes a todas las internaciones, debe hacerse constar:

  1. Dictamen profesional urgente e imprescindible;
  2. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;
  3. Informe acerca de las instancias previas implementadas, constando detalles acerca de la duración yalcance de las mismas;
  4. Dos (2) certificados profesionales que confirmen la necesidad de internación, conforme al artículo31o de la presente.Capítulo IV Internación judicial

Artículo 35o.- El juez competente en materia penal tiene incumbencia para hospitalizar a los procesados, en el caso en que padezcan trastornos mentales, cuyo tratamiento demande esta medida extrema, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, y lo prescripto por el Código Penal o medida de seguridad aplicada según lo establecido por la legislación vigente.

Artículo 36o.- El juez competente en materia civil y de familia tiene incumbencia sobre la internación de personas con trastornos mentales, cuyo tratamiento demande esta medida extrema, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y lo prescripto por el Código Civil.

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Artículo 37o.- A los efectos de un adecuado seguimiento sobre el estado de la persona, el director del establecimiento debe elevar al Juez interviniente, en forma mensual, las novedades producidas en la historia clínica.

Artículo 38o.- Los jueces que dispongan internaciones, deben requerir a la autoridad de aplicación información acerca de la disponibilidad de los establecimientos asistenciales, a efectos de garantizar el debido cuidado y seguridad del asistido.

Artículo 39o.- La autoridad de aplicación informará trimestralmente al Consejo de la Magistratura los casos en que las internaciones dispuestas judicialmente no fueran necesarias, a juicio del equipo de salud mental interviniente.

Capítulo V Externación, altas y salidas

Artículo 40o El alta de la persona afectada por un padecimiento mental conforma un acto terapéutico por lo que debe ser considerado como parte del tratamiento y no como la desaparición del malestar psíquico.

Artículo 41o El alta definitiva será decidida por el responsable del equipo interdisciplinario de salud mental, debiendo contar con el aval y certificación del director del establecimiento.

Artículo 42o Las altas transitorias o definitivas y las derivaciones a otra institución, deberán ser debidamente fundamentadas en el dictamen del profesional o equipo a cargo del tratamiento del paciente y contar con la certificación del director del establecimiento. Las mismas serán comunicadas al juez interviniente si lo hubiere, dentro de las 24 horas anteriores a su producción.

Artículo 43o En el caso de las personas internadas por decisión judicial, el establecimiento podrá solicitar al juez interviniente un acuerdo de alta condicionada, la cual conformará una parte importante en el tratamiento y rehabilitación de la persona.

Artículo 44o Los niños, niñas y adolescentes internados que no registren la presencia de un grupo familiar de pertenencia, en caso de alta, dentro de las 72 horas serán derivados a la institución intermedia que corresponda, en los términos del artículo 15o de la presente y de la Ley No 114, previa comunicación al Asesor de Menores e Incapaces.

Artículo 45o Cuando se reciba una persona derivada por vía judicial y surja de su evaluación que no posee patología en salud mental o que no se justifica su internación en un servicio de salud mental o en un hospital monovalente de salud mental, se dará inmediata información al juez interviniente a fin de que disponga su pertinente externación o traslado.

Artículo 46o Las salidas y permisos especiales serán decididas en función del curso del tratamiento, debiendo ser comunicados a los familiares responsables o tutores responsables, Asesoría de Menores e Incapaces o juez, de acuerdo con la condición legal de la persona internada, con no menos de 24 horas de anticipación al momento autorizado de salida, debiendo contar con certificación del director del establecimiento.

Artículo 47o Durante las internaciones se promueven, cuando sea posible, los permisos de salida como parte del tratamiento y rehabilitación del paciente, favoreciendo la continuidad de su relación con el medio familiar y comunitario.

Capítulo VI
Responsabilidad de los directores de los establecimientos asistenciales

Artículo 48o Son deberes y obligaciones de los directores de los establecimientos asistenciales:

  1. Cuando un paciente sea derivado de un establecimiento a otro, sea éste público o privado, debe ponerse en conocimiento a la máxima autoridad de salud mental;
  2. Establecer la existencia e identidad de familiares o allegados de las personas hospitalizadas a los fines de cumplimentar cabalmente lo establecido en el artículo 28o de la presente Ley;
  3. Procurar para los lugares de internación la dotación de personal, recursos y sitios adecuados para sus fines y funcionamiento.
  4. En el subsector estatal, cuando el establecimiento se encuentre ocupado en un 95% de su capacidad, el director deberá notificar tal extremo a la autoridad de aplicación. A partir de la fecha de notificación, los ingresos deberán ser autorizados por la misma.

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Articulo 1o.- Sin reglamentar. Articulo 2o.-

  1. Sin reglamentar
  2. Sin reglamentar
  3. Sin reglamentar
  4. Sin reglamentar
  5. Sin reglamentar
  6. Sin reglamentar
  7. Sin reglamentar
  8. Sin reglamentar

Articulo 3o.-

  1. Sin reglamentar
  2. Sin reglamentar
  3. Sin reglamentar
  4. Sin reglamentar

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta tanto el Sistema de Salud Mental disponga los recursos y dispositivos dispuestos por la presente Ley, el ingreso a la Red podrá ser realizado por cualesquiera de los efectores de atención.

Segunda.- La autoridad de aplicación debe realizar, dentro de los trescientos sesenta (360) días de promulgada la presente Ley, un relevamiento de la totalidad de las personas internadas, a fin de poder determinar las causas, tiempo de internación y certificar la necesidad o no de continuar con la internación.

Tercera.- [Vigencia de normas]. Los artículos 35o, 36o y 38o quedan suspendidos en su vigencia hasta que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad.

Cuarta.- En relación a los recursos y la infraestructura inmobiliaria existente, afectados al Sistema de Salud Mental del subsector estatal, se ratifica la plena vigencia del punto 3, inciso c), del artículo 48o de la Ley No 153.

Quinta.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no superior a ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.

Artículo 49o.- Comuníquese, etc.

LEY N° 448

Sanción: 27/07/2000
Promulgación: Decreto N° 1513/2000 del 31/08/2000 Publicación: BOCBA N° 1022 del 07/09/2000 Reglamentación: Decreto 635/004
Publicación: BOCBA No 1927 del 26/04/2004

REGLAMENTACION DE LA LEY No 448

DECRETO N° 635/004

BOCBA 1927 Publ. 26/04/2004
Artículo 1° – Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 448 de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.

ANEXO

e. La informacion inherente a la salud mental, a la propuesta terapeutica realizada y al tratamiento y la prestacion de servicios en curso o efectuados a las personas asistidas sera brindada por el profesional o equipo tratante, según corresponda. En el supuesto que la persona asistida haya sido declarada incapaz o no este en condiciones de comprender la informacion a suministrar la misma sera brindada a su conyuge, cualquiera de sus padres, o representante legal, si lo hubiere. En ausencia de ellos, tambien podra recibir la informacion su pariente mas proximo, o allegado que, en presencia del profesional, se ocupe de su asistencia. El vinculo familiar o la representacion legal en su caso, sera acreditado por la correspondiente documentacion. En los supuestos de urgencia, a falta de otra prueba, podra prestarse declaracion jurada al respecto. El manifestante, en este

CRISTIAN CARAM RUBÉN GÉ

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supuesto, quedara obligado a acompañar dentro de las 48 horas la documentacion respectiva. En el supuesto que la persona asistida sea niña, niño o adolescente la informacion sera brindada, a cualquiera de sus padres o representante legal, si lo hubiere. En ausencia de ellos tambien podra recibir la informacion su pariente mas proximo, o allegado que, en presencia del profesional, se ocupe de su asistencia. El vinculo familiar o la representacion legal en su caso, sera acreditado por la correspondiente documentacion. Brindada la informacion el interesado o sus representantes legales deberan firmar de conformidad la documentacion correspondiente que acredite que se le ha brindado la misma. Dicha informacion sera asimilada al consentimiento informado, dejandose constancia en la Historia Clinica, en caso de negativa a firmar el correspondiente instrumento.

  1. Sin reglamentar
  2. Sin reglamentar
  3. Sin reglamentar
  4. Sin reglamentar
  5. Sin reglamentar
  6. Sin reglamentar

Articulo 4o.-

El nivel jerarquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud mental es la direccion de Salud Mental de la Secretaria de Salud, o la instancia que la reemplace, que no podra ser de inferior nivel jerarquico.

Articulo 5o.-

  1. Sin reglamentar
  2. La autoridad de aplicación conduce, coordina y regula el Sistema de salud mental, tal como es definido en el articulo 8o de la Ley de Salud Mental, elaborando e implementando un Plan de Salud Mental, cuyo periodo de vigencia no podra superar los cinco años.
  3. Sin reglamentar
  4. La autoridad de aplicación participara en la fiscalizacion de su area de acuerdo a las disposiciones que regulen las funciones que se establecen en los articulos 12o inciso j) y 41o, 42o y 44o de la Ley No 153 Basica de Salud, articulandose oportunamente con el organismo que corresponda.
  5. La autoridad de aplicación produce y actualiza en forma constante una base de datos con las principalesCaracteristicas de todos los efectores y recursos del Sistema de Salud Mental. Asimismo realiza vigilancia, estudios e investigaciones epidemiologicas. Para estos estudios e investigaciones se crea un equipo de trabajo que invitara a representantes de las Facultades Ciencias Sociales, Psicologia y Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los mismos se haran con una periodicidad no mayor de cinco años.Los elementos mencionados, base de datos, vigilancia, estudios e investigaciones epidemiologicas, forman parte del sistema de informacion al que hace mencion el articulo que se reglamenta y son utilizados en la confeccion del Plan de Salud Mental y en la planificacion estrategica que la autoridad de aplicación realiza con las redes sociales y la comunidad para la implementacion del sistema de Salud Mental. Debera arbitrarse un metodo de registro que resguarde la posibilidad de identificacion de las personas asistidas.
  6. Sin reglamentar
  7. Sin reglamentar
  8. Sin reglamentar
  9. Sin reglamentar
  10. La autoridad de aplicación convoca al Consejo General de Salud Mental dentro de los dos meses de aprobada esta reglamentacion y sucesivamente en periodos no superiores al mismo plazo.
  11. El presupuesto operativo anual se ajustara a las necesidades previstas en el Plan de Salud Mental y a aquellas otras emergentes de la evaluacion sistematica y permanente del Sistema de Salud Mental. La autoridad de aplicación informara todos los servicios y efectores que resulten indispensables de acuerdo a la demanda existente en el subsector estatal junto con los costos de los proyectos que los sustenten, para incorporar en el proyecto de presupuesto de cada año las partidas necesarias para su puesta en funcionamiento.

Artículo 6o.-

1.-Integrantes del Consejo General de Salud Mental:

La autoridad de aplicación conforma el Consejo General de Salud Mental convocando a:
a) Dieciseis (16) trabajadores profesionales y no profesionales del subsector estatal, quienes deberan satisfacer los siguientes requerimientos:
Trabajadores profesionales y no profesionales del subsector estatal:

I.- Integrantes:

  1. Dos (2) Directores de Hospitales Monovalentes de Salud Mental;
  2. Un (1) Director de Centro de Salud Mental;
  3. Tres (3) jefes de Servisio de Salud Mental pertenecientes a Hospitales generales o Especializados;
  4. Un (1) profesional perteneciente a un Hospital Monovalente de Salud mental;
  5. Dos (2) profesionales de Centro de Salud Mental;
  6. Dos (2) profesionales de Servicio de Salud Mental perteneciente a un Hospital General oEspecializado;
  7. Tres (3) profesionales de Salud mental pertenecientes a Centros de salud y Accion Comunitaria,Areas programaticas o Un.A.Sa.D;
  8. Un (1) trabajador del sector Enfermeria perteneciente a un Servicio de Salud Mental que cuente condispositivo de internacion;
  9. Un (1) trabajador no profesional del sector administrativo perteneciente a un Servicio de SaludMental.

II. Distribución:

Los integrantes especificados en el apartado anterior en ningun caso pueden tener la misma dependencia administrativa, garantizando la representacion de tantos efectores como integrantes que por este inciso se plantean.
b) Dos (2) representantes por asociaciones de asistidos y familiares;

c) Seis (6) representantes por asociaciones sindicales con personeria gremial;
d) Tres (3) representantes por instituciones de fomacion;
e) Tres (3) representantes por instituciones academicas;
f) Ocho (8) representantes por asociaciones profesionales, quienes deberan garantizar la representacion de las distintas disciplinas del campo de la salud mental;

g) Dos (2) representantes por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
La autoridad de aplicación invitara al Poder Judicial a integrar el Consejo con dos (2) representantes. La invitacionse cursara a la Asesoria General de Incapaces del Poder Judicial de la Ciudad y al Poder Judicial de la Nacion hasta que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad de Cualquier instancia mencionados en el capitulo IV de la Ley sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad.
La autoridad de aplicación invitara a la Universidad de Buenos Aires a integrar el Consejo con seis (6) representantes de disciplinas pertenecientes al campo de la salud mental.

2.- Mecanismo de eleccion de los integrantes del Consejo General de Salud Mental;

La eleccion de los representantes que participen del Consejo General de Salud Mental respondera a mecanismos de funcionamiento propios de cada uno de los sectores mencionados en este articulo. Lo mismo vale para los representantes de los distintos segmentos pertenecientes al subsector estatal nombrados en el apartado anterior “Integrantes del subsector estatal” de esta reglamentacion. En todos los casos corresponde elegir representantes titulares y suplentes.

Las caracteristicas de los mecanismos mencionados y las consecuencias surgidas de su aplicación deberan constar en las actas del Consejo general de salud Mental correspondientes. No podra haber doble representacion.

3.- Periodicidad de la representacion:

La representacion de los distintos sectores y segmentos ante el Consejo General de Salud Mental se renovara cada dos años.

Artículo 7o.-

El consejo General de Salud Mental elabora Actas de publica consulta en cada una de sus reuniones. Asimismo realiza informes anuales donde constan los resultados de su trabajo. Copias de estos informes deben ser distribuidos en todos los efectores del Sistema.

Artículo 8o.- Sin reglamentar.

Artículo 9o.-

Todos los efectores y servicios del Sistema dispondran de 180 dias desde la entrada en vigencia de la

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presente reglamentacion para cambiar sus actuales denominaciones por la de “Salud Mental” indicada en el presente articulo.
Corresponde adecuar carteles indicadores, papeleria y toda forma de identificacion por la nueva denominacion de Salud Mental.

Artículo 10.-

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. La convocatoria y la inclusion del grupo familiar u otros referentes de la red social de las personas asistidas sera uno de los ejes permanentes de la atencion, con la finalidad de que aquellos conozcan y comprendan la problemática de la enfermedad mental y reciban a su vez la contencion y la atencion correspondiente.
  5. Sin reglamentar.
  6. Sin reglamentar.
  7. Sin reglamentar.
  8. Los equipos interdisciplinarios de Salud Mental tendran una conformacion basica compuesta por un medico psiquiatra, un psicologo y un trabajador social. En la medida que los efectores cuenten con profesionales universitarios de enfermeria con formacion en salud mental, estos se incorporaran al equipo interdisciplinario basico. Dicha constitucion podra ampliarse unicamente con integrantes de otras disciplinas universitarias con titulo de grado y matricula habilitante de acuerdo a lo que determine el Plan de Salud Mental y al tipo de accion especifica.
  9. Sin reglamentar

Artículo 11.-

El Sistema de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires se organiza e implementa con un enfoque de redes. El mismo consiste en una red de servicios conformada por los distintos efectores de salud mental articulada con la comunidad y sus redes sociales. Dicha articulacion sera promocionada y ejecutada por trabajadores de salud mental organizados en equipos interdisciplinarios.

Artículo 12.-

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.
  5. Sin reglamentar.
  6. Sin reglamentar.
  7. Sin reglamentar.
  8. Sin reglamentar.
  9. Sin reglamentar.
  10. Sin reglamentar.
  11. La autoridad de aplicación arbitrara un metodo de registro que resguarde la posibilidad de identificacion de las personas asistidas.
  12. En los concursos para cargos de conduccion, la integracion del jurado debera respetar el principio de abordaje interdisciplinario previsto en el articulo 2o inciso d) de la Ley de Salud Mental.

Artículo 13.-

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.
  5. Sin reglamentar.
  6. Sin reglamentar.

Artículo 14.-

A partir de la aprobacion de la presente reglamentacion, la autoridad de aplicación contara con un lapso de trescientos sesenta (360) dias para la elaboracion del diseño, definicion de objetivos, requerimientos de planta fisica, de equipamiento y de personal y de modos de organización e interrelacion de los efectores mencionados en este articulo a los efectos de la actualizacion de la Red.

a. Sin reglamentar.

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.
  5. Sin reglamentar.
  6. Sin reglamentar.
  7. Sin reglamentar.
  8. Sin reglamentar.
  9. Sin reglamentar.
  10. La especificidad de los Hospitales Monovalentes Braulio Moyano y Jose T. Borda se desarrolla en base a lo dispuesto por las leyes vigentes, propendiendo a un efectivo flujograma hospitalario a traves del pleno funcionamiento en red de los distintos dispositivos y efectores tal cual emana de los principios dispuestos en la presente ley. En ese marco quedan incluidos el Hospital de Emergencias Psiquiatricas T. de Alvear que mantiene su perfil de hospital de emergencias y urgencias con plazos breves de internacion, y el Hospital Infanto-Juvenil Carolina Tobar Garcia.
  11. Sin reglamentar.
  12. Sin reglamentar.
  13. Sin reglamentar.
  14. Se entiende por emprendimiento social dependiente del subsector estatal del Sistema de Salud Mental al dispositivo de estrategia comunitaria que tiene como fin la promocion de la salud y la integracion sociolaboral de las personas utilizando como medio la produccion, la capacitacion en tarea y la comercializacion de bienes y/o servicios.
  15. Sin reglamentar.
  16. Sin reglamentar.
  17. Sin reglamentar.
  18. Sin reglamentar.

Artículo 15.-

La inexistencia de establecimiento adecuado para albergar a las personas externadas que no cuenten con un grupo familiar continente, no podra enervar el cumplimiento de la norma.
A tales fines, la Secretaria de Desarrollo Social informara al Poder Ejecutivo los servicios de albergue para personas que se encuentren en las mencionadas condiciones que resulten indispensables de acuerdo a la demanda existente, junto con los costos de los proyectos que los sustenten, para incorporar en el proyecto de presupuesto de cada año las partidas necesarias para su puesta en funcionamiento.

Artículo 16.-

Se creara un registro de externaciones a fin de realizar seguimiento a traves de los dispositivos locales especificos de conformidad a lo dispuesto en el articulo 5o, inciso f) y j), de la Ley de Salud Mental.

Artículo 17.-

La autoridad de aplicación promueve la docencia y la investigacion en los efectores de Salud Mental, en el marco de lo establecido por la Ley No 153 Basica de Salud en sus articulos 38o, 39o y 40o y por las disposiciones de la Secretaria de Salud de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires que regulen las funciones especificas, incluyendo en el Plan de Salud Mental los lineamientos basicos de los programas de capacitacion e investigacion a implementar en el Sistema de Salud Mental.

Los profesionales del subsector estatal del Sistema de Salud Mental que revisten como concurrentes podran participar en forma no arancelada de todas las actividades de docencia y capacitacion organizadas por los efectores del Subsector Estatal de Salud.

Artículo 18.- Sin reglamentar.

Artículo 19.-

En todos los casos en los cuales se preve la intervencion del equipo interdisciplinario, la constancia que se registre en la Historia Clinica, debera contar con la firma de todos sus integrantes.
Ante la falta de acuerdo unanime entre los integrantes del equipo interdisciplinario que decide la Pertinencia de una internacion, el Director del Establecimiento o quien lo reemplace, atendiendo a los Contenidos expuestos y dejando constancia escrita de los mismos, toma fundadamente decision definitiva. La autoridad de aplicación brinda informacion actualizada sobre el conjunto de las modalidades de Atencion con que cuentan los efectores del subsector estatal al equipo interdisciplinario que evalua y decide la pertinencia de una internacion.

Los efectores del subsector estatal, que funcionan integrando la red de atencion del Sistema de Salud Mental, en la medida que cuenten con servicios de internacion deberan comunicar a la autoridad de

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aplicación, en el plazo de veinticuatro (24) horas, las modificaciones que se produzcan en el numero de camas disponibles. La comunicación podra efectuarse por via telefonica, fax o correo electronico.
Sin perjucio de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Salud mental, el Servicio de Observacion y Evaluacion en el subsector estatal, salvo que por razones de urgencia no resultase posible, debera Comunicarse con la autoridad de aplicación a fin de tomar conocimiento de las distintas posibilidades actuales de la red de atencion del Sistema de Salud Mental en cuanto a la derivacion correspondiente para su tratamiento.

Artículo 20.-

La coordinacion entre las autoridades sanitarias, judiciales y administrativas es ejercida por la autoridad de aplicación.
El equipo de salud mental al que se refiere el articulo que se reglamenta es el que se encuentra prescrito en la reglamentacion del articulo 10, inciso h) de la Ley de Salud Mental.

Artículo 21.-

a) El Director del establecimiento debera comunicar la internacion voluntaria en el plazo de setenta y dos (72) horas al Ministerio Publico solo si se configurase alguno de los siguientes casos:
1) que la persona se encontrase en alguno de los supuestos contemplados por los articulos 141, 152 bis incs. 1 y 2, o 482 parrafo 2o y 3o del Codigo Civil;

2) que la persona ya hubiese sido internada con anterioridad;
3) que la internacion se hubiese prolongado mas de veinte (20) dias continuos;
b) El Director del establecimiento debera comunicar la internacion involuntaria de inmediato, o en su defecto, en un plazo no mayor a las setenta y dos (72) horas al Ministerio Publico.
c) En los casos de las internaciones previstas en el articulo 21 inciso c), a fin de efectuar la correspondiente derivacion, se dara intervencion, previa a la orden judicial de internacion, al Servicio de Observacion y Evaluacion pertinente del subsector estatal, el cual estara constituido por el equipo interdisciplinario en funcion de admision y por un medico psiquiatra del Cuerpo Medico Forense, al equipo interdisciplinario en funcion de admision que se constituya al efecto en el subsector privado, al que se agrega un medico psiquiatra del Cuerpo Medico Forense.
La autoridad de aplicación establecera un sistema de turnos u otro metodo de distribucion de tareas entre los Servicios de Observacion y Evaluacion existentes y a crearse de acuerdo a lo establecido en el articulo 14o inciso i) y k) de los efectores del subsistema estatal.

Artículo 22.-

El informe firmado por el equipo interdisciplinario de salud mental, incluido en la Historia Clinica respectiva, debera fundamentar la necesidad o no de la internacion y/o del plan terapeutico dispuesto. Dicho informe sera comunicado inmediatamente al Director del Establecimiento o quien lo reemplace.

Artículo 23.-

El equipo al que hace referencia el articulo que se reglamenta es el equipo interdisciplinario responsable del tratamiento.

Artículo 24.- Sin reglamentar.

Artículo 25.-

La autoridad de aplicación dispondra, dentro de los noventa (90) dias desde la entrada en vigencia de la presente reglamentacion, el texto del protocolo a cumplimentar para efectivizar la comunicación referida, el cual debera ser remitido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles de producido cada informe.

Artículo 26.-

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.
  5. Sin reglamentar.
  6. Sin reglamentar.

Artículo 27.-

L a autoridad de aplicación dispondra, dentro de los noventa (90) dias desde la entrada en vigencia de la presente reglamentacion, el protocolo del informe menssual que los establecimientos pertenecientes al Sistema de Salud Mental de la ciudad deberan remitirle, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el cumplimiento del mes, en caso de continuar con la internacion del paciente.

Artículo 28.-

El director del establecimiento comunica la internacion de una persona a los familiares, curador,

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representante legal o juez de la causa, según corresponda, utilizaando el protocolo que la autoridad de aplicacion dispondra dentro de los noventa (90) dias desde la entrada en vigencia de la presente reglamentacion.
Este protocolo debera incluir la mencion explicita a los derechos y obligaciones emanadas de la legislacion en vigencia, en especial aquellos indicados en el articulo 3o de la Ley de Salud Mental.

El director del establecimiento podra delegar en otras personas y bajo su exclusiva responsabilidad las comunicaciones a las que alude el presente articulo.

Artículo 29.-

Por el equipo profesional al que hace referencia el articulo que se reglamenta, debe entenderse el equipo interdisciplinario definido en la reglamentacion del articulo 10o inciso h) de la Ley de Salud Mental.

Artículo 30.-

La solicitud de internacion involuntaria es dirigida al director del estabalecimiento o quien lo reemplace al momento de su presentacion.

Artículo 31.-

Al menos uno de los certificados a los que hace referencia el articulo que se reglamenta, debera ser extendido por un profesional del equipo interdisciplinario habilitado a tal efecto según normativa vigente.

Artículo 32.-

Sin perjuicio de la comunicación a la que hace referencia el articulo que se reglamenta, la autoridad de aplicacionprocede a informar la internacion de niños, niñas y adolescentes, dentro de los mismos plazoa previstos, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 33.-

En los casos de consulta de urgencia, la internacion solo se hace posible cumplimentando lo dispuesto en el articulo 30o de la Ley de Salud Mental.
El profesional que dispone la internacion prevista en este articulo debe pertenecer al equipo interdisciplinario.

Artículo 34.-

  1. El mencionado dictamen puede ser utilizado como uno de los certificados profesionales a los fines de cumplimentar lo establecido en el articulo 31o de la Ley de Salud Mental.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.

Artículo 35.- Sin reglamentar. Artículo 36.- Sin reglamentar.

Artículo 37.- Sin reglamentar.

Artículo 38.-

La internacion Judicial sera efectivizada en el ambito de la Ciudad en los establecimientos de Salud Mental, en la medida que los centros asistenciales sean acordes al grado de enfermedad o padecimiento de la persona.

Artículo 39.-

La autoridad de aplicación elevara trimestraalmente a la Superioridad, a los fines de su diligenciameinto al Consejo de la Magistratura, la informacion referida a la demora judicial en la externacion de pacientes ingresados por esa via, como asi tambien las relacionadas con las no necesarias a juicio del equipo de Salud Mental, acompañando en todos los casos bajo sobre, informes debidamente fundados, de la circunstancia que corresponda en cada caso.

Artículo 40.- Sin reglamentar.

Artículo 41.-

El responsable del equipo es el superior jerarquico inmediato que corresponda.
El alta definitiva sera decidida por ell responsable como resultado del trabajo terapeutico del equipo interdisciplinario, atendiendo a los contenidos expuestos por sus integrantes, quienes dejaran constancia escrita de ellos.
En caso que esten dadas las condiciones clinicas para el alta y los obstaculos para la misma provengan de

razones de indole familiar o social se debera accionar de acuerdo a los terminos del articulo 15o de la Ley de Salud Mental y su reglamentacion.

Artículo 42.-

E los casos en que mediare intervencion judicial, el director del establecimiento comunicara al juez la decision de otorgar el alta definitiva.
Realizada la comunicación a la instancia judicial civil correspondiente y de no mediar objecion expresa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizada, se dara el alta de la internacion. El director del establecimiento comunicara, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la externacion, este hecho al tribunal interviniente.

En caso de objecion a la externacion o traslado por parte del juez, el director del establecimiento notificara inmediatamente esta circunstancia a la autoridad de aplicación a los fines previstos en el articulo 39o de la Ley de Salud Mental.

Artículo 43.-

Se dejara constancia certificada por el equipo interdisciplinario y avalada por el director del establecimiento de las consecuencias que para la salud de la persona significa permanecer mas tiempo del necesario en situacion de internacion.

Artículo 44.-

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Social, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debera arbitrar los medios para que las niñas, niños y adolescentes a externan cuenten con un medio familiar o comunitario acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 42o de la Ley No 114.

Sera de aplicación para el mencionado Consejo lo establecido en la reglamentacion del articulo 15o de la Ley de Salud Mental respecto de la Secretaria de Desarrollo Social.

Artículo 45.-

La informacion al juez interviniente y la pertinente externacion o traslado se ajustaran a los dispuesto en la reglamentacion del articulo 42o de la Ley de Salud Mental.

Artículo 46.-

Se entiende por salidas y permisos especiales aquellos que superen las setenta y dos (72) horas.
Las salidas y permisos comunes deberan ser comuicadas al juez interviniente dentro de las veinticuatro (24) horas, informando, en su caso, los datos de la persona responsable fuera del establecimiento.

Artículo 47.-

El equipo interdisciplinario debera informar detalladamente a la persona internada y a los miembros de su grupo familiar y otros referentes de su red social sobre los recursos existentes en la red de servicios del Sistema de Salud Mental, a fin de hacer efectivo su derecho a la rehabilitacion y la reinsercion familiar, laboral y comunitaria reconocido en el articulo 3o inciso j) de la Ley de Salud Mental.

Artículo 48.-

  1. Sin reglamentar.
  2. Sin reglamentar.
  3. Sin reglamentar.
  4. Sin reglamentar.

Disposición Transitoria Primera.- Sin reglamentar. Disposición Transitoria Segunda.- Sin reglamentar.

Disposición Transitoria tercera.-

Cuando la presente ley o su reglamentacion hacen referncia al Ministerio Publico, al Asesor de Menores e Incapaces, al Juez competente o al Consejo de la Magistratura, debe entenderse, hasta tanto se produzca la transferencia establecida en la Disposicion que se reglamenta, que se trata de autoridades de jurisdiccion nacional.

Disposición Transitoria Cuarta.- Sin reglamentar. Disposición Transitoria Quinta.- Sin reglamentar.

Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental y Adicciones

Ley Nº 26.657 Nacional de Salud Mental – SALUD PÚBLICA – Derecho a la Protección de la Salud Mental

B..OO.. 03//112//110 – Ley 26.657 – SALUD PÚBLICA – Derecho a la Protección de la Salud Mental

Ley 26.657

Derecho a la Protección de la Salud Mental.. Disposicione s complementarias.. Derógase la Ley Nº 22.914..

Sancionada:: Noviembre 25 de 2010

Promulgada:: Diciembre 2 de 2010

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,, etc.. sancionan con fuerza de Ley::

LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

Capít ulo I

Derechos y garantías

ARTICULO 1°° — La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas,, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el terr itorio nacional,, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos,, con jerarquía constitucional,, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Aut ónoma de Buenos Aires..

ARTICULO 2°° — Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental,, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46//1119 del 17 de diciembre de 1991.. Asimismo,, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud,, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud,, del 14 de noviembre de 1990,, y los Principios de Brasilia Rectores;; para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas,, del 9 de noviembre de 1990,, se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públic as..

Capítulo II

Definición

ARTICULO 3°° — En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos,, socio – económicos,, culturales,, biológicos y psicológicos,, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona..

Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas..

En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental so bre la base exclusiva de::

a)) Status político,, socio – económico,, pertenencia a un grupo cultural,, racial o religioso;; b)) Demandas familiares,, laborales,, falta de conformidad o adecuación con valores morales,, sociales,, culturales,, políticos o creencias religi osas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona;; c)) Elección o identidad sexual;; d)) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización..

ARTICULO 4°° — Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de sa lud mental.. Las personas con uso problemático de drogas,, legales e ilegales,, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud..

ARTICULO 5°° — La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad,, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado..

Capítulo III

Ámbito de aplicación

ARTICULO 6°° — Los servicios y efectores de salud públicos y privados,, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley..

Capítulo IV

Derechos de las personas con padecimiento mental

ARTICULO 7°° — El Estado r econoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos::

a)) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada,, a partir del acceso gratuito,, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios,, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud;;

b)) Derecho a conocer y preservar su identidad,, sus grupos de pertenencia,, su genealogía y su historia;;

c)) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos;;

d)) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente,, que menos restrinja sus derechos y libertades,, promoviendo la integración familiar,, laboral y comunitaria;;

e)) Derecho a ser acompañado antes,, durante y luego d el tratamiento por sus familiares,, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe;;

f)) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;;

g)) Derecho del asistido,, su abogado,, un familiar,, o allegado que éste design e,, a acceder a sus antecedentes familiares,, fichas e historias clínicas;;

h)) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada,, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión;;

i)) Derecho a n o ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado;;

j)) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten,, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,, según las normas del consentimiento informado,, incluyendo las alternativas para su atención,, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los familiares,, tutores o representantes legales;;

k)) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratami ento dentro de sus posibilidades;;

l)) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad,, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho,, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación;;

m)) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente;;

n)) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable;;

o)) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;;

p)) De recho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios,, que impliquen producción de objetos,, obras o servicios que luego sean comercializados..

Capítulo V

Modalidad de a bordaje

ARTICULO 8°° — Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales,, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente..

Se incluyen las áreas de psicología,, psiquiatría,, trabajo social,, enfermería,, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes..

ARTICULO 9°° — El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial,, basado en los principios de la atención primaria de la salud.. Se orientará al reforzamiento,, restitución o promoción de los lazos sociales..

ARTICULO 10 . — Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones,, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley..

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión..

ARTICULO 11 . — La Aut oridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción,, en coordinación con las áreas de educación,, desarrollo social,, trabajo y otras que correspondan,, implementen acciones de inclusión social,, laboral y de atención en salud mental comunitaria.. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como:: consultas ambulatorias;; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional;; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos f amiliares y comunitarios;; servicios para la promoción y prevención en salud mental,, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia,, hospitales de día,, cooperativas de trabajo,, centros de capacitación socio – laboral,, emprendimientos sociales,, ho gares y familias sustitutas..

ARTICULO 12 . — La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo,, por convenienc ia de terceros,, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales.. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automát ica.. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios..

Capítulo VI

Del equipo interdisciplinario

ARTICULO 13 . — Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocu par los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones,, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral,, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas..

Capítulo VII

Internaciones

ARTICULO 14 . — La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo,, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar,, comunitario o social.. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos,, conta ctos y comunicación de las personas internadas con sus familiares,, allegados y con el entorno laboral y social,, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente..

ARTICULO 15 . — La i nternación debe ser lo más breve posible,, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios.. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica.. En ning ún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda,, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes..

ARTICULO 16 . — Toda disposición de intern ación,, dentro de las CUARENTA Y OCHO (448)) horas,, debe cumplir con los siguientes requisitos::

a)) Evaluación,, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación,, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistenci al donde se realice la internación,, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra;; b)) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar;; c)) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda..

Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación,, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde,, ya sea por el estado de s alud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas.. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria..

ARTICULO 17 . — En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se descon ociese su identidad,, la institución que realiza la internación,, en colaboración con los organismos públicos que correspondan,, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicas e,, o esclarecer su identidad,, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible.. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de l a presente ley..

ARTICULO 18.. — La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación.. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (660)) días cor ridos,, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez.. El juez debe evaluar,, en un plazo no mayor de CINCO (55)) días de ser notificado,, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la mis ma debe pasar a considerarse involuntaria,, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación..

En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social,, el juez deberá ordenar al órgano administrativo cor respondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible,, comunicando dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley..

ARTICULO 19 . — El consentimiento obtenido o mantenido con dolo,, debidamente comprobado por autoridad judicial,, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la presente ley,, harán pasible al profesional responsable y al director de la institución de las acciones civiles y p enales que correspondan..

ARTICULO 20 . — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios,, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salu d mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.. Para que proceda la internación involuntaria,, además de los requisitos comunes a toda internación,, debe hacerse constar::

a)) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación.. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo,, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas,, que no tengan relación de parentesco,, amistad o vínculos eco nómicos con la persona,, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;; b)) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;; c)) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera..

ARTICULO 21.. — La internación involunt aria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (110)) horas al juez competente y al órgano de revisión,, debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (448)) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20.. El juez en un plazo máximo de TRES (33)) días corridos de notificado debe::

a)) Autorizar,, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley;; b)) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos,, siempre que no per judiquen la evolución del tratamiento,, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y//oo;; c)) Denegar,, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de i nternación involuntaria,, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata..

El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando,, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20,, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla..

ARTICULO 22 . — La persona internada involuntariamente o su representante legal,, tiene derecho a designar un abogado.. Si no lo hiciera,, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación.. El defensor p odrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento.. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento..

ARTICULO 23 . — El alta,, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez.. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria,, o voluntaria ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente ley.. El equipo de salud está obligado a externar a la pers ona o transformar la internación en voluntaria,, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente.. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo,, las internaciones realizadas en el mar co de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal..

ARTICULO 24 . — Habiendo autorizado la internación involuntaria,, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (330)) días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones par a la continuidad de dicha medida,, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación..

Si transcurridos los primeros NOVENTA (990)) días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria,, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento,, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente,, a fin de obtener una nueva evaluación.. En caso de diferencia de criterio,, optará siempre por la que men os restrinja la libertad de la persona internada..

ARTICULO 25 . — Transcurridos los primeros SIETE (77)) días en el caso de internaciones involuntarias,, el juez,, dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley..

ARTICULO 26 . — En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces,, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20,, 21,, 22,, 23,, 24 y 25 de la presente ley.. En el caso de niños,, niñas y adolescentes,, además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos..

ARTICULO 27 . — Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios,, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes,, públicos o privados.. En el cas o de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos,, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos..

Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos..

ARTICULO 28 . — Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales..

A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios.. El rechazo de la atención de pacientes,, ya sea ambu latoria o en internación,, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental,, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592..

ARTICULO 29 . — A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental,, los integrantes,, profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley y al juez competente,, sobre cualquier sospecha de irregularidad que impli cara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía.. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persi stiera.. Dicho procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional..

Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios,, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud,, dentro de un lapso de NOVENTA (990)) días de la sanción de la presente ley,, y al momento del ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema..

Capítulo VIII

Derivaciones

ARTICULO 30 . — Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares do nde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar.. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona.. Si se trata de derivaciones con internación,, debe procederse del modo establecido en el Capítu lo VII de la presente ley.. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de destino,, están obligados a informar dicha derivación al Organo de Revisión,, cuando no hubiese consentimiento de la persona..

Capítulo IX

Autoridad de Aplicación

ARTICULO 31 . — El Ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la presente ley,, a partir del área específica que designe o cree a tal efecto,, la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a l os principios establecidos..

ARTICULO 32 . — En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (33)) años a partir de la sanción de la presente ley,, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salu d mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (110 %)) del presupuesto total de salud.. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio..

ARTICULO 33 . — La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomend aciones dirigidas a las universidades públicas y privadas,, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios,, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley,, haciendo es pecial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental.. Asimismo,, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales,, en particular para los que se desempeñen en servicios públi cos de salud mental en todo el país..

ARTICULO 34 . — La Autoridad de Aplicación debe promover,, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones,, el desarrollo de estándares de habilitación y supervis ión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados..

ARTICULO 35 . — Dentro de los CIENTO OCHENTA (1180)) días corridos de la sanción de la presente ley,, la Autoridad de Aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de interna ción en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas,, discriminando datos personales,, sexo,, tiempo de internación,, existencia o no de consentimiento,, situación judicial,, situación social y familiar,, y otros datos que considere relevantes..

Dicho censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de DOS (22)) años y se debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización..

ARTICULO 36 . — La Autoridad de Aplicación,, en coordinació n con los ministerios de Educación,, Desarrollo Social y Trabajo,, Empleo y Seguridad Social,, debe desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio – laboral para personas con padecimiento mental.. Dichos planes,, así como todo el desarrollo de la política en salud mental,, deberá contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria,, en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental.. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio..

ARTICULO 37 . — La Autoridad de Aplicación,, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud,, debe promover la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a los pr incipios establecidos en la presente ley,, en un plazo no mayor a los NOVENTA (990)) días corridos a partir de la sanción de la presente..

Capítulo X

Organo de Revisión

ARTICULO 38 . — Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Órgano de Revisi ón con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental..

ARTICULO 39 . — El Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario,, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación,, de la Secretar ía de Derechos Humanos de la Nación,, del Ministerio Público de la Defensa,, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud,, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos..

ARTICULO 40 . — Son funciones del Órgano de Revisión::

a)) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;;

b)) Supervisar de oficio o por denuncia de pa rticulares las condiciones de internación por razones de salud mental,, en el ámbito público y privado;;

c)) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario,, pudiendo realiz ar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente,, apelar las decisiones del juez;;

d)) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley;;

e)) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;;

f)) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;;

g)) Hacer presentaciones ante el Cons ejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades;;

h)) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;;

i)) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos;;

j)) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones,, sosteniendo espacios de intercambio,, capacitación y coordinación,, a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones;;

k)) Controlar el cumplimiento de la presente ley,, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;;

l)) Velar por el cumplimiento de los derechos de las pe rsonas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias..

Capítulo XI

Convenios de cooperación con las provincias

ARTICULO 41 . — El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarr ollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley.. Dichos convenios incluirán::

a)) Cooperación técnica,, económica y financiera de la Nación para la implementación de la presente ley;; b)) Cooperación para la reali zación de programas de capacitación permanente de los equipos de salud,, con participación de las universidades;; c)) Asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental,, las qu e actuarán en coordinación con la Autoridad de Aplicación nacional de la presente ley..

Capítulo XII

Disposiciones complementarias

ARTICULO 42 . — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil::

Artículo 152 ter:: Las declaraciones judiciales de inhabilit ación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias.. No podrán extenderse por más de TRES (33)) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan,, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible..

ARTICULO 43 . — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil,, el que quedará redactado de la siguiente manera::

Artículo 482:: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad m ental o adicciones,, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros,, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial..

Las autoridades públic as deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros..

A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá,, previa información sumaria,, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones,, que requieran asistencia en establecimientos adecu ados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad..

ARTICULO 44 . — Derogase la Ley 22.914..

ARTICULO 45 . — La presente ley es de orden público..

ARTICULO 46 . — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional..

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGR ESO ARGENTINO,, EN BUENOS AIRES,, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ..

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.657 — JULIO C.. C.. COBOS.. — EDUARDO A.. FELLNER.. — Enrique Hidalgo.. — Juan H.. Estrada..

SALUD PÚBLICA

Decreto 1855//22010

Promulgase l a Ley Nº 26.657..

Bs.. As..,, 2//112//22010

POR TANTO::

Téngase por Ley de la Nación Nº 26.657 cúmplase,, comuníquese,, publíquese,, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese..

— FERNANDEZ DE KIRCHNER.. — Aníbal D.. Fernández.. — Juan L.. Manzur..

Ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

LEY 26061

Menores

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Objeto. Principios, derechos y garantías. Sistema de protección Integral. Órganos administrativos. Financiamiento

Código Civil

Código Procesal Civil y Comercial

Modificación

sanc. 28/09/2005; promul. 21/10/2005; publ. 26/10/2005

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley:

TÍTULO I:

Disposiciones Generales

Art. 1.– Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Art. 2.– Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Art. 3.– Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Art. 4.– Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;

d) Promoción de redes intersectoriales locales;

e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 5.– Responsabilidad gubernamental. Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:
1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia;

2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;

3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Art. 6.– Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 7.– Responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

TÍTULO II:
Principios, Derechos y Garantías

Art. 8.– Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

Art. 9.– Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Art. 10.– Derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

Art. 11.– Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los arts. 327 y 328 del Código Civil.

Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.

Art. 12.– Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas. Los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley 24540 .

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente.

Art. 13.– Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la ley 24540.

Art. 14.– Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar:

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Art. 15.– Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.

Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

Art. 16.– Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 17.– Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Prohíbase a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

Art. 18.– Medidas de protección de la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

Art. 19.– Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.

Este derecho comprende:

a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

Art. 20.– Derecho al deporte y juego recreativo. Los organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.

Art. 21.– Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

Art. 22.– Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

Art. 23.– Derecho de libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:

a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.

Art. 24.– Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos

que tengan interés;

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

Art. 25.– Derecho al trabajo de los adolescentes. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

Art. 26.– Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Art. 27.– Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño , en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;

d) A participar activamente en todo el procedimiento;

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

Art. 28.– Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

Art. 29.– Principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Art. 30.– Deber de comunicar. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 31.– Deber del funcionario de recepcionar denuncias. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario público.

TÍTULO III:
Sistema De Protección Integral
De los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 32.– Conformación. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño , demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La Política de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;
b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; c) Recursos económicos;
d) Procedimientos;
e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de derechos.

Art. 33.– Medidas de protección integral de derechos. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

Art. 34.– Finalidad. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Art. 35.– Aplicación. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Art. 36.– Prohibición. En ningún caso las medidas a que se refiere el art. 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el art. 19 .

Art. 37.– Medidas de protección. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;

b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;

c) Asistencia integral a la embarazada;

d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;

e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;

f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;

g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

Art. 38.– Extinción. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

Art. 39.– Medidas excepcionales. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen.

Art. 40.– Procedencia de las medidas excepcionales. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el art. 33 .

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el cap. IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de setenta y dos (72) horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta ésta, la

autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

Art. 41.– Aplicación. Las medidas establecidas en el art. 39 , se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

TÍTULO IV:
Órganos administrativos de protección de derechos

Art. 42.– Sistema de protección integral. Niveles. El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:

a) Nacional: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;

b) Federal: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;

c) Provincial: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones preexistentes.

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de

seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.

CAPÍTULO I:

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 43.– Secretaría nacional. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.

La misma será presidida por un secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 44.– Funciones. Son funciones de la secretaría:

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas integrales;

b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;

f) Realizar los informes previstos en el art. 44 Ver Texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley;

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes;

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación institucional;

m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos;

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO II:

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

Art. 45.– Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

Art. 46.– Funciones. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.

Tendrá las siguientes funciones:

a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;

c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto ;

d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;

e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;

f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;

h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas; niños y adolescentes.

CAPÍTULO III:

Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 47.– Creación. Créase la figura del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto y las leyes nacionales.

Art. 48.– Control. La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoria de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:

a) Nacional: A través del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

b) Provincial: Respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes.

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.

Art. 49.– Designación. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.

Art. 50.– Requisitos para su elección. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y familia.

Art. 51.– Duración en el cargo. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Art.52.–Incompatibilidad. El cargo de defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 53.– De la remuneración. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas cámaras.

Art. 54.– Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 55.– Funciones. Son sus funciones:

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática;

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

Art. 56.– Informe anual. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.

Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión Bicameral a que se refiere el art. 49 Ver Texto .

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.

El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la

materia de cada una de las cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.

Art. 57.– Contenido del informe. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.

Art. 58.– Gratuidad. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

Art. 59.– Cese. Causales. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia;

b) Por vencimiento del plazo de su mandato;

c) Por incapacidad sobreviviente o muerte;

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 60.– Cese y formas. En los supuestos previstos por los incs. a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas cámaras. En el caso del inc. c), la incapacidad sobreviviente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inc. e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, previo debate y audiencia del interesado.

En caso de muerte del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el art. 56 Ver Texto .

Art. 61.– Adjuntos. A propuesta del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el art. 56 Ver Texto podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.

Art. 62.– Obligación de colaborar. Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.

Art. 63.– Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el art. 239 Ver Texto del Código Penal. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.

Art. 64.– Deberes. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de comunicar al defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.

CAPÍTULO IV:

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Art.65.–Objeto. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 66.– Obligaciones. Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto , tratados internacionales sobre los de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;

b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar;

c) No separar grupos de hermanos;
d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;

e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;

f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;

g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;

h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort;

i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que será cubierto. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Art. 67.– Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

Art. 68.– Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un sistema de registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del registro nacional de estas organizaciones.

TÍTULO V:

Financiamiento

Art. 69.– La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

Art. 70.– Transferencias. El Gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

Art. 71.– Transitoriedad. En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 10903 que se deroga.

Art. 72.– Fondos. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el art. 70 .

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.

TÍTULO VI:
Disposiciones Complementarias
Art. 73.– Sustituyese el art. 310 del Código Civil, por el siguiente:

Art. 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad.

Art. 74.– Modifíquese el art. 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 234.- Podrá decretarse la guarda:

1. De incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones;

2. De los incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

Art. 75.– Modifíquese el art. 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 236.- En los casos previstos en el art. 234 , la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

Art. 76.– Derógase la ley 10903 , los decretos nacionales: 1606/1990 y sus modificatorias, 1631/1996 y 295/2001 .

Art. 77.– Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.

Art. 78.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Camaño – Scioli – Rollano – Estrada

Normas Citadas: Const. Nac. Ver Texto : LA 1995-A-26 – Código Penal -L 11179 Ver Texto -: ALJA 1962-44 – Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -L 17454 Ver Texto , t.o. 1981-: LA 1981-B-1472 – L 10903 Ver Texto : ALJA 1853/958-1-219 – L 24540 Ver Texto : LA 1995-C-3069 – D 1606/1990 Ver Texto : LA 1990-B-1542.

Ley 153 Básica de Salud de la CABA

Boletín Oficial Nº 703 – 28 DE MAYO DE 1999

LEY BASICA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires,, 25 de febrero de 1999..

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA CON FUERZA DE LEY::

TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES

CAPITU LO 1 Objeto,, alcances y principios

Artículo 1º — Objeto . La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral,, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin..

Art.. 2º — Las disposiciones de la presen te ley rigen en el territorio de la Ciudad y alcanzan a todas las personas sin excepción,, sean residentes o no residentes de la ciudad de Buenos Aires..

Art.. 3º — Definición . La garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes principi os::

a.. La concepción integral de la salud,, vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación,, vivienda,, trabajo,, educación,, vestido,, cultura y ambiente..

b.. El desarrollo de una cultura de la salud así como el aprendizaje social necesario para mejorar la calidad de vida de la comunidad..

c.. La participación de la población en los niveles de decisión,, acción y control,, como medio para promover,, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a su vida y su desarrollo..

d.. La solidaridad socia l como filosofía rectora de todo el sistema de salud..

e.. La cobertura universal de la población..

f.. El gasto público en salud como una inversión social prioritaria..

g.. La gratuidad de las acciones de salud,, entendida como la exención de cualquier forma de pago dire cto en el área estatal;; rigiendo la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o privada,, por sus respectivas entidades o jurisdicciones..

h.. El acceso y utilización equitativos de los servicios,, que evite y compense desi gualdades sociales y zonales dentro de su territorio,, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades..

i.. La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de atención primaria,, con la constitución de redes y niveles de atenci ón,, jerarquizando el primer nivel..

j.. La descentralización en la gestión estatal de salud,, la articulación y complementación con las jurisdicciones del área metropolitana,, la concertación de políticas sanitarias con los gobiernos nacional,, provinciales y muni cipales..

k.. El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a su salud individual..

l.. La fiscalización y control por la autoridad de aplicación de todas las actividades que inciden en la salud humana..

CAPITULO 2 Derechos y obliga ciones de las personas..

Art.. 4º — Derechos.. Enumeración . Son derechos de todas las personas en su relación con el sistema de salud y con los servicios de atención::

a.. El respeto a la personalidad,, dignidad e identidad individual y cultural..

b.. La inexistencia de discriminación de orden económico,, cultural,, social,, religioso,, racial,, de sexo,, ideológico,, político,, sindical,, moral,, de enfermedad,, de género o de cualquier otro orden..

c.. La intimidad,, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su pr oceso salud – enfermedad..

d.. El acceso a su historia clínica y a recibir información completa y comprensible sobre su proceso de salud y a la recepción de la información por escrito al ser dado de alta o a su egreso..

e.. Inexistencia de interferencias o condicionam ientos ajenos a la relación entre el profesional y el paciente,, en la atención e información que reciba..

f.. Libre elección de profesional y de efector en la medida en que exista la posibilidad..

g.. Un profesional que sea el principal comunicador con la persona,, c uando intervenga un equipo de salud..

h.. Solicitud por el profesional actuante de su consentimiento informado,, previo a la realización de estudios y tratamientos..

i.. Simplicidad y rapidez en turnos y trámites y respeto de turnos y prácticas..

j.. Solicitud por el prof esional actuante de consentimiento previo y fehaciente para ser parte de actividades docentes o de investigación..

k.. Internación conjunta madre – niño..

l.. En el caso de enfermedades terminales,, atención que preserve la mejor calidad de vida hasta su fallecimiento..

m.. Acceso a vías de reclamo,, quejas,, sugerencias y propuestas habilitadas en el servicio en que se asiste y en instancias superiores..

Art.. 7º — Información de derechos y obligaciones.. Los servicios de atención de salud deben informar a las personas sus derechos y obligaciones..

CAPITULO 3 Autoridad de aplicación y Consejo General de Salud

Art.. 8º — Autoridad de aplicación.. La autoridad de ap licación de la presente ley es el nivel jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud..

Art.. 9º — Consejo General de Salud.. El Consejo General de Salud es el organismo de debate y propuesta de los grandes lineamientos en políticas de salud.. Tiene carácter consultivo,, no vinculante,, honorario,, de asesoramiento y referencia para el Gobierno de la Ciudad.. Arbitra los mecanismos para la interacción de los tres subsectores integrantes del sistema de salud,, y para la consulta y participación de las organizaciones vinculadas a la problemática sanitaria..

TITULO II : SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CAPITULO UNICO

Art.. 10 — Sistema de Salud.. Integración.. El Sistema de Salud está integrado por el conjunto de recursos de salud de dependencia:: estatal,, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el territorio de la ciudad..

Art.. 11 — Recursos de Salud.. Entiéndese por recurso de salud,, toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de promoción,, preven ción,, recuperación y rehabilitación,, investigación y docencia,, producción,, fiscalización y control,, cobertura de salud,, y cualquier otra actividad vinculada con la salud humana,, en el ámbito de la ciudad..

Art.. 12 — Autoridad de aplicación.. Funciones.. La au toridad de aplicación conduce,, controla y regula el sistema de salud.. Son sus funciones::

a.. La formulación,, planificación,, ejecución y control de las políticas de salud de conformidad a los principios y objetivos establecidos en la presente ley y en la Consti tución de la Ciudad..

b.. El impulso de la jerarquización de los programas y acciones de promoción y prevención en los tres subsectores..

c.. La organización general y el desarrollo del subsector estatal de salud,, basado en la constitución de redes y niveles de aten ción..

d.. La descentralización del subsector estatal de salud,, incluyendo el desarrollo de las competencias locales y de la capacidad de gestión de los servicios..

e.. La promoción de la capacitación permanente de todo el personal de los tres subsectores..

f.. La promoc ión de la salud laboral y la prevención de las enfermedades laborales de la totalidad del personal de los tres subsectores..

g.. La implementación de una instancia de información,, vigilancia epidemiológica y sanitaria y planificación estratégica como elemento d e gestión de todos los niveles..

h.. La articulación y complementación con el subsector privado y de la seguridad social..

i.. La regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud..

j.. La regulación,, habilitación,, categorización,, acreditaci ón y control de los establecimientos dedicados a la atención de la salud,, y la evaluación de la calidad de atención en todos los subsectores..

k.. La regulación y control de la tecnología sanitaria..

l.. La regulación y control de la producción,, comercialización y c onsumo de productos alimenticios,, suplementos dietarios,, medicamentos,, insumos médico – quirúrgicos y de curación,, materiales odontológicos,, materiales de uso veterinario y zooterápicos,, productos de higiene y cosméticos..

m.. La regulación y control de la publ icidad de medicamentos y de suplementos dietarios y de todos los artículos relacionados con la salud..

n.. La promoción de medidas destinadas a la conservación y el mejoramiento del medio ambiente..

o.. La prevención y control de las zoonosis..

p.. La prevención y contro l de las enfermedades transmitidas por alimentos..

q.. La protección de la salud bucal y la prevención de las enfermedades bucodentales..

r.. La regulación y control de la fabricación,, manipulación,, almacenamiento,, venta,, transporte,, distribución,, suministro y dispo sición final de sustancias o productos tóxicos o peligrosos para la salud de la población..

s.. El control sanitario de la disposición de material anatómico y cadáveres de seres humanos y animales..

t.. El desarrollo de un sistema de información básica y uniforme de salud para todos los subsectores,, incluyendo el establecimiento progresivo de la historia clínica única..

u.. La promoción e impulso de la participación de la comunidad..

v.. La garantía del ejercicio de los derechos reproductivos de las personas,, incluyendo la ate nción y protección del embarazo,, la atención adecuada del parto,, y la complementación alimentaria de la embarazada,, de la madre que amamanta y del lactante..

w.. El establecimiento de un sistema único frente a emergencias y catástrofes con la participación de t odos los recursos de salud de la Ciudad..

x.. La articulación y complementación de las acciones para la salud con los municipios del conurbano bonaerense,, orientadas a la constitución de un consejo y una red metropolitana de servicios de salud..

y.. La concertación de políticas sanitarias con el gobierno nacional,, con las provincias y municipios..

TITULO III : SUBSECTOR ESTATAL DE SALUD

CAPITULO 1 Definición y Objetivos

Art.. 13 — Subsector estatal.. Definición.. El subsector estatal de la ciudad está integrado por t odos los recursos de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por medio de los cuales se planifican,, ejecutan,, coordinan,, fiscalizan y controlan planes,, programas y acciones destinados a la promoción,, prevención,, recuperación y rehabili tación de la salud de la población,, sean ellas asistenciales directas,, de diagnóstico

y tratamiento,, de investigación y docencia,, de medicina veterinaria vinculada a la salud humana,, de producción,, de fiscalización y control..

Art.. 14 — Subsector estatal.. O bjetivos.. Son objetivos del subsector estatal de salud::

a.. Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales,, mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud,, dando prioridad a las acciones dirigidas a la población más vulnerable y a las causas de morbimortalidad prevenibles y reductibles..

b.. Desarrollar políticas sanitarias centradas en la familia para la promoción comunitaria de herramientas que contribuyan a disminuir la morbimortalidad materno – infantil,, promover la lactancia en e l primer año de vida,, generar condiciones adecuadas de nutrición..

c.. Desarrollar políticas integrales de prevención y asistencia frente al VIH//SSIDA,, adicciones,, violencia urbana,, violencia familiar y todos aquellos problemas que surjan de la vigilancia epidem iológica y socio – sanitaria..

d.. Desarrollar la atención integrada de los servicios e integral con otros sectores..

e.. Reconocer y desarrollar la interdisciplina en salud..

f.. Jerarquizar la participación de la comunidad en todas las instancias contribuyendo a la formu lación de la política sanitaria,, la gestión de los servicios y el control de las acciones..

g.. Asegurar la calidad de la atención en los servicios..

h.. Organizar los servicios por redes y niveles de atención,, estableciendo y garantizando la capacidad de resolución correspondiente a cada nivel..

i.. Establecer la extensión horaria de los servicios y programas,, y el desarrollo de la organización por cuidados progresivos,, la internación domiciliaria,, la cirugía ambulatoria y los hospitales de día,, la internación prolongada sin necesidad de tecnología asistencial y demás modalidades requeridas por el avance de la tecnología de atención..

j.. Garantizar el desarrollo de la salud laboral,, y de los comités de bioseguridad hospitalarios..

k.. Establecer la creación de comités de ética en los efectores..

l.. Descentralizar la gestión en los niveles locales del subsector,, aportando los recursos necesarios para su funcionamiento..

m.. Garantizar la educación permanente y la capacitación en servicio,, la docencia e investigación en sus servicios..

n.. Desarro llar el presupuesto por programa,, con asignaciones adecuadas a las necesidades de la población..

o.. Desarrollar una política de medicamentos,, basada en la utilización de genéricos,, y en el uso racional que garantice calidad,, eficacia,, seguridad y acceso a toda la población,, con o sin cobertura..

p.. Instituir la historia clínica única para todos los efectores..

q.. Desarrollar un sistema de información que permita un inmediato acceso a la historia clínica única y a la situación de cobertura de las personas que demandan s ervicios,, garantizando la confidencialidad de los datos y la no discriminación..

r.. Garantizar la atención integral de las personas con necesidades especiales y proveer las acciones necesarias para su rehabilitación funcional y reinserción social..

s.. Contribuir a mejorar y preservar las condiciones sanitarias del medio ambiente..

t.. Contribuir al cambio de los hábitos,, costumbres y actitudes que afectan a la salud..

u.. Garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas a través de la información,, educac ión,, métodos y prestaciones de servicios..

v.. Eliminar los efectos diferenciales de la inequidad sobre la mujer en la atención de salud..

w.. Desarrollar en coordinación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense la integración de un a red metropolitana de servicios de salud..

CAPITULO 2 Organización

Art.. 15 — Subsector Estatal.. Organización General.. El subsector estatal de salud se organiza y desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria,, con la constitución de redes y nive les de atención,, jerarquizando el primer nivel;; y la descentralización progresiva de la gestión dentro del marco de políticas generales,, bajo la conducción político – técnica de la autoridad de aplicación..

Art.. 16 — Subsector estatal.. Organización por nivele s de atención.. La autoridad de aplicación debe contemplar la organización y control de las prestaciones y servicios del subsector estatal sobre la base de tres niveles de atención categorizados por capacidades de resolución..

Art.. 17 — Articulación de nivel es.. La autoridad de aplicación garantiza la articulación de los tres niveles de atención del subsector estatal mediante un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia con desarrollo de redes de servicios,, que permita la atención integrada y de óptim a calidad de todas las personas..

Art.. 18 — Primer nivel.. Definición.. El primer nivel de atención comprende todas las acciones y servicios destinados a la promoción,, prevención,, diagnóstico,, tratamiento y rehabilitación,, en especialidades básicas y modalida des ambulatorias..

Art.. 19 — Primer nivel.. Organización.. Son criterios de organización del primer nivel de atención::

1.. Constituir la puerta de entrada principal y el área de seguimiento de las personas en las redes de atención..

b.. Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia epidemiológica y sanitaria..

c.. Garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales..

d.. Realizar las acciones de promoción,, prevención,, atención ambulatoria,, incluyendo la internación domiciliari a,, y todas aquéllas comprendidas en el primer nivel según la capacidad de resolución establecida para cada efector..

e.. Promover la participación comunitaria..

f.. Garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de atención,, establec iendo articulaciones horizontales y con

los otros niveles,, con criterio de redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia..

g.. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades..

h.. Identificar la cobertura de las personas y ef ectuar la facturación a terceros responsables de acuerdo a los mecanismos que se establezcan..

Art.. 20 — Segundo nivel.. Definición.. El segundo nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquéllas que r equieran internación..

Art.. 21 — Segundo nivel.. Organización.. Son criterios de organización del segundo nivel de atención::

a.. Constituir el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención..

b.. Garantizar la atención a través de equipos multidisciplina rios..

c.. Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia epidemiológica y sanitaria..

d.. Realizar las acciones de atención de especialidades,, de internación de baja y mediana complejidad,, de diagnóstico y tratamiento oport uno,, de rehabilitación,, y todas aquéllas comprendidas en el nivel y según la capacidad de resolución establecida para cada efector..

e.. Desarrollar nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria,, tales como la cirugía ambulato ria,, la internación domiciliaria y el hospital de día..

f.. Garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de atención,, estableciendo articulaciones horizontales y con los otros niveles,, con criterio de redes y mecanismos de ref erencia y contrarreferencia..

g.. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades..

h.. Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables de acuerdo a los mecanismos que se establezcan..

Art.. 22 — Tercer nivel.. Definición.. El tercer nivel de atención comprende todas las acciones y servicios que por su alta complejidad médica y tecnológica son el último nivel de referencia de la red asistencial..

Art.. 23 — Tercer nivel.. Organización.. Son criterio s de organización del tercer nivel de atención::

a.. Garantizar la óptima capacidad de resolución de las necesidades de alta complejidad a través de equipos profesionales altamente especializados..

b.. Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia epidemiológica y sanitaria..

c.. Establecer articulaciones con los otros niveles y con otros componentes jurisdiccionales y extrajurisdiccionales del propio nivel,, a fin de garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de atención..

d.. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades..

e.. Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables de acuerdo a los mecanismos que se establezcan..

Art.. 24 — Efectores.. Definición.. Los efectores son los hospitales generales de agudos,, hospitales generales de niños,, hospitales especializados,, centros de salud polivalentes y monovalentes,, médicos de cabecera,, y toda otra sede del subsector estatal en la que se realizan acciones de salud..

Art.. 25 — Efectores.. Organización general.. Los efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales..

Art.. 26 — Efectores.. De scentralización.. La autoridad de aplicación debe desarrollar la descentralización administrativa de los efectores dirigida al incremento de sus competencias institucionales en la gestión operativa,, administrativo – financiera y del personal,, manteniendo y fo rtaleciendo la integridad del sistema a través de las redes..

Art.. 27 — Subsector estatal.. Organización territorial.. El subsector estatal de salud se organiza territorialmente en unidades de organización sanitaria denominadas regiones sanitarias,, integradas cada una de ellas por unidades locales o áreas de salud..

Art.. 28 — Regiones sanitarias.. Número y delimitación.. La autoridad de aplicación debe establecer regiones sanitarias en un número no menor de tres (33)),, orientándose a desarrollar la capacidad de res olución completa de la red estatal en cada una de las mismas,, coordinando y articulando los efectores de los tres subsectores,, y contemplando la delimitación geográfico – poblacional basada en factores demográficos,, socioeconómicos,, culturales,, epidemiológic os,, laborales,, y de vías y medios de comunicación..

Art.. 29 — Regiones sanitarias.. Objetivo.. Las regiones sanitarias tienen como objetivo la programación,, organización y evaluación de las acciones sanitarias de sus efectores.. Tienen competencia concurrente en la organización de los servicios de atención básica y especializada según la capacidad de resolución definida para las mismas,, y en su articulación en redes locales,, regionales e interregionales con los servicios de mayor complejidad..

Art.. 30 — Regiones sanitarias.. Conducción y Consejos regionales.. Cada región sanitaria está conducida por un funcionario dependiente de la autoridad de aplicación,, y establece un consejo regional integrado por representantes de los efectores,, de las áreas de salud,, de los t rabajadores profesionales y no profesionales,, y de la comunidad..

Art.. 31 — Areas de Salud.. Lineamientos.. Las áreas de salud se desarrollan en base a los siguientes lineamientos::

a.. Responden a una delimitación geográfico – poblacional y tenderán a articularse c on las futuras comunas..

b.. Son la sede administrativa de las competencias locales en materia de salud..

c.. Son conducidas y coordinadas por un funcionario de carrera..

d.. Constituyen un Consejo Local de Salud,, integrado por representantes de la autoridad de aplicació n,, de los efectores y de la población del área..

e.. Analizan las características socio – epidemiológicas locales,, pudiendo proponer la cantidad y perfil de los servicios de atención..

CAPITULO 3 Financiación

Art.. 32 — Presupuesto de Salud.. El funcionamiento y de sarrollo del subsector estatal,, y la regulación y control del conjunto del sistema de salud,, se garantizan mediante la asignación y ejecución de los recursos correspondientes al presupuesto de salud..

Art.. 33 — Recursos.. Los recursos del presupuesto de salu d son::

a.. Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio,, que deben garantizar el mantenimiento y desarrollo de los servicios y programas..

b.. Los ingresos correspondientes a la recaudación por prestación de servicios y venta de productos a terceros p or parte del subsector estatal.. Todo incremento de estos recursos constituye un aumento de los recursos para la jurisdicción..

c.. Los ingresos resultantes de convenios de docencia e investigación..

d.. Los aportes provenientes del Gobierno Nacional para ser destina dos a programas y acciones de salud..

e.. Los préstamos o aportes nacionales e internacionales..

f.. Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones..

Art.. 34 — Fondo de redistribución.. Los ingresos señalados en los incisos b)) y c)) del artículo anterio r corresponden al efector que realiza la prestación,, excepto un porcentaje que integra un fondo de redistribución presupuestaria destinado a equilibrar y compensar las situaciones de desigualdad de las diferentes áreas y regiones..

Art.. 35 — Presupuesto.. Li neamientos.. La autoridad de aplicación elabora,, ejecuta y evalúa el presupuesto de salud en el marco de los siguientes lineamientos::

a.. La jerarquización del primer nivel de atención,, con individualización de las asignaciones presupuestarias y su ejecución..

b.. L a identificación y priorización de acciones de impacto epidemiológico y de adecuada relación costo//eefectividad..

c.. La incorporación de la programación local y del presupuesto por programa como base del proyecto presupuestario..

d.. La descentralización de la ejecu ción presupuestaria..

e.. La definición de políticas de incorporación tecnológica..

f.. El desarrollo de la planificación plurianual de inversiones..

g.. La participación de la población en la definición de las prioridades presupuestarias en los diversos programas..

CA PITULO 4 Organización del Personal

Art.. 36 — Estatuto Sanitario.. El personal del subsector estatal de salud se encuentra bajo el régimen de un estatuto sanitario en el marco de la estabilidad y demás principios establecidos por el Art.. 43 de la Constituci ón de la Ciudad de Buenos Aires..

Art.. 37 — Estatuto Sanitario.. Lineamientos.. El estatuto sanitario debe basarse en los siguientes lineamientos::

a.. Comprende a la totalidad del personal del subsector estatal de salud,, y contempla las cuestiones específicas de cada agrupamiento..

b.. Garantiza igualdad de posibilidades para el ingreso,, promoción y acceso a los cargos de conducción,, reconoce la antigüedad e idoneidad,, y asegura un nivel salarial adecuado..

c.. Los ingresos y ascensos son exclusivamente por concurso..

d.. Establ ece la periodicidad de los cargos de conducción..

e.. El retiro está reglado por el régimen de jubilaciones correspondiente..

f.. Reconoce la necesidad y el derecho a la capacitación permanente,, y fija los mecanismos..

g.. Contempla prioritariamente la protección de la s alud en el ámbito laboral..

h.. Establece la obligatoriedad del examen de salud anual y los mecanismos para su realización..

CAPITULO 5 Docencia e Investigación

Art.. 38 — Consejo de investigación de salud.. Creación.. El Poder Ejecutivo debe remitir a la Legislat ura,, un proyecto de creación de un consejo de investigación de salud,, como organismo de conducción y coordinación de la actividad de investigación en el sistema de salud..

Art.. 39 — Consejo de investigación de salud.. Lineamientos.. El consejo de investigació n de salud debe organizarse bajo los siguientes lineamientos::

a.. Propicia la investigación científica en el sistema de salud y su integración con la actividad asistencial,, y promueve la orientación al abordaje de los problemas de salud prioritarios..

b.. Autoriza y fiscaliza todo plan de investigación en el subsector estatal,, tomando en consideración lo dispuesto en los incisos b)) y c)) del artículo 33.. Los convenios de investigación con instituciones públicas o privadas deberán asegurar al subsector estatal una par ticipación en los resultados científicos y económicos..

c.. Favorece el intercambio científico,, nacional e internacional..

d.. Otorga becas de investigación y perfeccionamiento,, en el país o en el extranjero,, para el desarrollo de proyectos..

e.. Realiza convenios con or ganismos similares,, tanto en el orden nacional como en el internacional..

f.. Propone la creación de la carrera de investigador en salud..

g.. Constituye una instancia de normatización y evaluación ética en investigación::

h.. Institucionaliza la cooperación técnica con Universidades nacionales y entidades académicas y científicas..

i.. Promueve la creación y coordina el funcionamiento de comités de investigación en los efectores..

Art.. 40 — Docencia.. Lineamientos.. La autoridad de aplicación adoptará las medidas necesarias par a posibilitar y priorizar la actividad docente de grado y posgrado en todas las disciplinas relacionadas en el ámbito del subsector estatal de salud,, bajo los siguientes lineamientos::

a.. La promoción de la capacitación permanente y en servicio..

b.. La inclusión d e todos los integrantes del equipo de salud..

c.. El enfoque interdisciplinario..

d.. La calidad del proceso enseñanza – aprendizaje..

e.. La articulación mediante convenio con los entes formadores..

f.. La jerarquización de la residencia como sistema formativo de postgrado..

g.. El desarrollo de becas de capacitación y perfeccionamiento..

h.. La promoción de la capacitación en salud pública,, acorde con las prioridades sanitarias..

TITULO IV : REGULACION Y FISCALIZACIÓN CAPITULO UNICO

Art.. 41 — Regulación y fiscalización.. Funciones ge nerales.. La autoridad de aplicación ejerce la regulación y fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privada,, del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud,, de la acreditación de los servicios,, de lo atinente a medicamentos,, al imentos,, tecnología sanitaria,, salud ambiental y todo otro aspecto que incida sobre la salud..

Art.. 42 — Subsector privado.. Fiscalización.. Los prestadores del subsector privado son fiscalizados y controlados por la autoridad de aplicación en los aspectos re lativos a condiciones de habilitación,, categorización,, acreditación,, funcionamiento y calidad de atención de establecimientos sanitarios y a condiciones de ejercicio de los equipos de salud actuantes..

Art.. 43 — Subsector privado.. Entes financiadores.. Los e ntes privados de financiación de salud,, ya sean empresas de medicina prepaga,, de seguros,, aseguradoras de riesgos del trabajo,, de medicina laboral,, mutuales y entidades análogas,, deben abonar las prestaciones brindadas a sus adherentes por el subsector est atal de salud;; por los mecanismos y en los plazos que establezca la reglamentación.. Dicha obligación se extiende a las prestaciones de urgencia..

Art.. 44 — Seguridad social.. Fiscalización.. Los prestadores propios del subsector de la seguridad social son fis calizados y controlados por la autoridad de aplicación en los

aspectos relativos a condiciones de habilitación,, acreditación,, funcionamiento y calidad de atención de establecimientos sanitarios;; y a condiciones de ejercicio de los equipos de salud actuante s..

Art.. 45 — Seguridad social.. Prestaciones estatales.. La seguridad social debe abonar por las prestaciones brindadas a sus beneficiarios por el subsector estatal de salud sin necesidad de autorización previa;; por los mecanismos y en los plazos que estable zca la reglamentación.. Dicha obligación se extiende a las prestaciones de urgencia..

Art.. 46 — Seguridad social.. Reclamos por prestaciones estatales.. Los efectores del subsector estatal de salud están facultados para reclamar ante el organismo nacional corr espondiente,, el pago de las facturas originadas en prestaciones brindadas a los beneficiarios de las obras sociales,, cumplidos los plazos y por los mecanismos que establezca la reglamentación..

Art.. 47 — Padrones de beneficiarios.. La autoridad de aplicación debe arbitrar todos los medios que permitan mantener actualizados los padrones de beneficiarios y adherentes de los entes financiadores de salud de cualquier naturaleza..

Art.. 48 — Legislación específica.. La presente ley se complementa con legislación espe cífica en los siguientes temas::

a.. Consejo General de Salud..

b.. Ejercicio profesional..

c.. Salud mental,, que contempla los siguientes lineamientos::

4.. El respeto a la singularidad de los asistidos,, asegurando espacios adecuados que posibiliten la emergencia de la palab ra en todas sus formas..

5.. Evitar modalidades terapéuticas segregacionistas o masificantes que impongan al sujeto ideales sociales y culturales que no le fueran propios..

6.. La desinstitucionalización progresiva se desarrolla en el marco de la ley,, a partir de lo s recursos humanos y de la infraestructura existentes.. A tal fin se implementarán modalidades alternativas de atención y reinserción social,, tales como casas de medio camino,, talleres protegidos,, comunidades terapéuticas y hospitales de día..

d.. Régimen marco de habilitación,, categorización y acreditación de servicios..

e.. Medicamentos y tecnología sanitaria que garantice la calidad,, eficacia,, seguridad y acceso del medicamento,, la promoción del suministro gratuito de medicamentos básicos a los pacientes sin cobert ura,, y el uso de genéricos..

f.. Trasplante de órganos y material anatómico,, que contempla la creación del organismo competente jurisdiccional,, la promoción de la donación y el desarrollo de los servicios estatales..

g.. Régimen regulatorio de sangre,, sus componente s y hemoderivados asegurando el abastecimiento y la seguridad transfusional..

h.. Régimen regulatorio integral de alimentos en su relación con la salud..

i.. Régimen integral de prevención de VIH//SSIDA y enfermedades de transmisión sexual,, incluyendo los mecanismos d e provisión de medicamentos específicos..

j.. Régimen de atención integral para las personas con necesidades especiales..

k.. Salud reproductiva y procreación responsable..

l.. Salud escolar..

m.. Salud laboral..

n.. Telemática en salud..

o.. Identificación del recién nacido..

Art.. 49 — Comuníquese,, etc..

IBARRA Miguel O.. Grillo

LEY Nº 153

Buenos Aires,, 21 de mayo de 1999..

En virtud de lo prescripto en el Art.. 8º del Decreto Nº 2.343//GGCBA//998,, certifico que la Ley N°° 153,, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai res en su sesión del 25 de febrero de 1999,, ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de marzo de 1999..

Regístrese,, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,, pase para su conocimiento y demás efectos a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Finanzas y gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales..

Jorge A.. S.. Barbagelata

Subsecretario

Anexo 5 Resol. 343 del Min. de Educación: Actividades profesionales reservadas a los títulos de Lic. en Psicología y Psicólogo

ANEXO V – Resolución343/09 del Ministerio de Educación – ANEXO V

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA Y PSICOLOGO

1. Prescribir y realizar intervenciones de orientación, asesoramiento e implementación de técnicas específicas psicológicas tendientes a la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, a la prevención de sus alteraciones y la provisión de los cuidados paliativos.

2. Prescribir y realizar acciones de evaluación, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, seguimiento, recuperación y rehabilitación psicológica en los abordajes: individual, grupa!, de pareja, familia, instituciones, organizaciones y en lo social-comunitario.

3. Prescribir y realizar acciones de evaluación psicológica, psicodiagnóstico, pronóstico y seguimiento en los abordajes: individual, de pareja y familia.

4. Prescribir y efectuar psicoterapias individuales, familiares, grupales y de pareja.

5. Realizar indicaciones psicoterapéuticas de internación y externación de personas por causas psicológicas. Indicar licencias y/o justificar ausencias por causas psicológicas.

6. Desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración, evaluación y estrategias de intervención psicológicas.

7. Diagnosticar, realizar peritajes, asesorar y asistir psicológicamente, en el campo jurídico-forense, a personas en conflicto con la ley y víctimas de delitos, a sus respectivos familiares, e intervenir en los aspectos psicológicos de las problemáticas de minoridad.

8. Diagnosticar, evaluar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los aspectos estrictamente psicológicos en el área educacional.

9. Prescribir y realizar orientación vocacional y ocupacional, en aquellos aspectos estrictamente psicológicos.

10. Elaborar perfiles psicológicos a partir del análisis de puestos y tareas e intervenir en procesos de formación, capacitación y desarrollo del personal, en el marco de los ciclos de selección, inserción, reasignación, reinserción y desvinculación laboral. Asesorar en el ámbito de higiene, seguridad y psicopatología del trabajo.

11. Diagnosticar, evaluar, asistir, orientar y asesorar en lo concerniente a los aspectos psicológicos en el área social-comunitaria para la promoción y la prevención de la salud y la calidad de vida de grupos y comunidades y la intervención en situaciones críticas de emergencias y catástrofes.

12. Participar desde la perspectiva psicológica en el diseño, la dirección, la coordinación y la evaluación de políticas, instituciones y programas de salud, educación, trabajo, justicia, derechos humanos, desarrollo social, comunicación social y de áreas emergentes de la Psicología.

13. Dirigir, participar y auditar servicios e instituciones públicas y privadas, en los que se realicen prestaciones de salud y de salud mental.

14. Asesorar en la elaboración de legislación que involucren conocimientos y prácticas de las distintas áreas de la Psicología.

15. Realizar estudios e investigaciones en los diferentes áreas del quehacer disciplinar, a saber:

a. Los procesos psicológicos y psicopatológicos a lo largo del ciclo vital.

b. Los procesos psicológicos involucrados en el desarrollo y funcionamiento de los grupos, instituciones, organizaciones y la comunidad.

c. La construcción y desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos de intervención psicológica.

16. Planificar, dirigir, organizar y supervisar programas de formación y evaluación académica y profesional en los que se aborden actividades reservadas al título.

Ley 26.485 Violencia contra la mujer

LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES Ley 26.485

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

Sancionada: Marzo 11 de 2009.
Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.
Reglamentación Decreto 1011/2010 (intercalado en cursiva) Publicado en el B.O. 20/7/2010

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o — Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.

ARTICULO 2o — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de

la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947)

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

(Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a:

1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros;

2) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;

3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno

de los géneros;

4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio;

5) Referirse a las mujeres como objetos )
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

(Inciso f).- El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta obliga a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del ESTADO NACIONAL, ya sean de orden administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.

El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.)

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

ARTICULO 3o — Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;

(Inciso a).- Se entiende por discriminación contra las mujeres a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer)

b) La salud, la educación y la seguridad personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; d) Que se respete su dignidad;

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;

g) Recibir información y asesoramiento adecuado;

(Inciso g).- Se considera adecuada la información o asesoramiento, el que se brinda de manera detallada, suficiente, acorde a las condiciones subjetivas de la solicitante y a las circunstancias en las que la información o el asesoramiento son solicitados, y en el lenguaje y con la claridad necesaria que permita su comprensión).

h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;

(Inciso i).- El acceso a la justicia es gratuito independientemente de la condición económica de las mujeres, no siendo necesario alegar ni acreditar situación de pobreza.)

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;

k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

(Inciso k).- Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro).

ARTÍCULO 4o — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

( Artículo 4 .- Se entiende por relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales).

ARTICULO 5o — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad

física.

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

(Inciso 3).- A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 2o de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme la cual la violencia contra las mujeres incluye, junto con la física y la psicológica, a la violencia sexual y se refiere tanto a las acciones o conductas que tengan lugar dentro de la familia, como a las que se produzcan en lugares de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o en otros espacios, tanto del ámbito público como del privado.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto por las normas relativas a la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas – Ley No 26.364.)

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

(c).- En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y éstos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna.)

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

ARTICULO 6o — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

(Artículo 6 .- Las definiciones de violencia comprendidas en el artículo que se reglamenta, en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo, como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas. Para ello deberá interpretarse la norma de forma armónica y sistemática con lo establecido en el artículo 4o, segundo párrafo de la Ley No 26.485, y con lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Recomendación General No 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; los demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las observaciones y recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos de aplicación.)

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;

(Inciso c).- Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres.

En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género.

Se entiende por derecho a igual remuneración por igual tarea o función, al derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor, en los términos del artículo 7o, párrafo a) i) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 11, párrafo 1) d) de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951 OIT 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

Se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.

En oportunidad de celebrarse o modificarse una norma convencional, en el marco de la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomarán en consideración los principios protectorios que por razón de género se tutelan en la presente normativa legal, a fin de asegurar mecanismos orientados a abordar la problemática de la violencia en el trabajo.

En los supuestos de denuncia de discriminación por razón de género, resultarán aplicables los principios generales receptados en materia de prueba en el Convenio OIT 111 “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación” sobre discriminación (empleo y ocupación de 1958) y lo expuesto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Estudio General sobre Igualdad en el empleo y la ocupación, 75o reunión Ginebra 1988, así como lo señalado en el Informe Global de la 96o reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2007, No 198).

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

(Inciso d).- Configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de la salud, o de cualquier particular como cónyuges, concubinos, convivientes, padres, otros parientes o empleadores/as, entre otros, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

Específicamente incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva.)

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

(Inciso e).- Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso,

descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.

Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta, a todo aquel/la que trabaja en un servicio, se trate de los/as profesionales (médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/ as sociales, psicólogos/as, obstétricas/os, etc.) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza.

Las mujeres que se atienden en las referidas instituciones tienen el derecho a negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud.
Las instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley que se reglamenta.)

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

(Inciso f).- Conforme las atribuciones conferidas por el artículo 9o incisos b) y r) de la Ley No 26.485, el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dispondrá coordinadamente con las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones locales que correspondan, las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes que:

1) Inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las mujeres.

2) Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación.

3) Estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres.

4) Contengan prácticas injuriosas, difamatorias, discriminatorias o humillantes a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios.

A los efectos de la presente reglamentación se entiende por medios masivos de comunicación todos aquellos medios de difusión, gráficos y audiovisuales, de acceso y alcance público.)

TITULO II POLITICAS PUBLICAS

CAPITULO I PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7o — Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;

b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;

c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;

d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;

e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;

f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;

h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

(Artículo 7 .- Todas las intervenciones que se realicen en el marco de la presente reglamentación deben garantizar un amplio acceso a la justicia y a los diversos programas y acciones de garantías de derechos contemplados por la ley que se reglamenta.

La asistencia a las mujeres en situación de violencia será articulada con todos los organismos intervinientes y evitará su revictimización. Se prestará especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico, racial o religioso.)

CAPITULO II ORGANISMO COMPETENTE

ARTICULO 8o — Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las

disposiciones de la presente ley.

(Artículo 8 .- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad de aplicación de la Ley No 26.485, podrá conformar una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de todas las áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL aludidas por la ley citada. Dicha Comisión, tendrá como función articular acciones entre el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES y los Ministerios y Secretarías representados, con el objetivo de lograr la efectiva implementación de la Ley No 26.485.

Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a impulsar en sus jurisdicciones la constitución de comisiones interinstitucionales con la participación de todos los sectores involucrados a nivel Municipal.)

ARTICULO 9o — Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:

a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

(Inciso a).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad de aplicación de la Ley No 26.485 deberá:

1) Solicitar a los organismos y funcionarios/as del Estado Nacional y de las jurisdicciones locales que estime necesarias, la realización de informes periódicos respecto de la implementación de la ley que se reglamenta.

2) Elaborar recomendaciones, en caso de ser preciso, a los organismos a los que les haya requerido un informe. Dichas recomendaciones deberán ser publicadas.

3) Ratificar o rectificar las acciones desarrolladas semestralmente utilizando los insumos obtenidos de los informes mencionados en los incisos anteriores.

4) Instar a quien corresponda a la ejecución de las acciones previstas en el respectivo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El citado Plan Nacional de Acción será revisado en el mes de noviembre de cada año a partir de 2011, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y a efectos de readecuarlo a las nuevas realidades que se vayan generando).

b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;

c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción

y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;

(Inciso c).- Para la convocatoria a las organizaciones sociales se tendrá en cuenta la diversidad geográfica de modo de garantizar la representación federal.)

d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;

e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;

(Inciso e).- El respeto a la naturaleza social, política y cultural de la problemática, presupone que ésta no sea incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico argentino ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos)

f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;

h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;

(Inciso h).- La capacitación a que alude este inciso debe incluir, como mínimo, los contenidos de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, a fin de evitar la revictimización.)

i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;

j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;

(Inciso I).- A efectos de desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos, se considera que la naturaleza de los hechos incluye el ámbito en el que acontecieron y, en aquellos casos en que se sustancie un proceso penal, la indicación de los delitos cometidos.)

k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de

manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;

l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —como mínimo— por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;

m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

(Inciso m).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES extremará los recaudos para que la coordinación con el Poder Judicial incluya además a los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, tanto en el ámbito nacional como en las jurisdicciones locales.)

n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;

ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;

(Inciso ñ).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES elaborará una Guía de Servicios de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de todo el país, que será permanentemente actualizada en conjunto con las jurisdicciones locales.

Contará con una base de datos en soporte electrónico y cualquier otro medio que permita la consulta en forma instantánea y ágil de acuerdo a los requerimientos y a las distintas alternativas disponibles en cada localidad.)

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;

(Inciso o).- Se implementará una línea telefónica con alcance nacional, sin costo para las/os usuarias/os y que funcionará las VEINTICUATRO (24) horas de todos los días del año.)

p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;

q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar

materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;

r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;

s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;

t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;

u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

(Inciso u).- A los efectos de la ley que se reglamenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o, Inciso 2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se entiende por privación de libertad cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6o, inciso b) de la ley que se reglamenta por el presente y en el artículo 9o de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la condición de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder, salvo disposición legal expresa en contrario.

Se garantizarán todos los servicios de atención específica previstos en esta ley a las mujeres privadas de libertad para lo cual se deben implementar medidas especialmente diseñadas que aseguren:

1) El acceso a la información sobre sus derechos, el contenido de la Ley No 26.485, los servicios y recursos previstos en la misma y los medios para acceder a ellos desde su situación de privación de libertad.

2) El acceso a un servicio especializado y un lugar en cada unidad penitenciaria o centro de detención, en el que las mujeres privadas de libertad puedan hacer el relato o la denuncia de los hechos de violencia.

3) El acceso real a los distintos servicios previstos en la ley que se reglamenta, ya sean jurídicos, psicológicos, médicos o de cualquier otro tipo. Para ello, se deben implementar programas específicos que pongan a disposición estos servicios en los lugares en que se encuentren mujeres privadas de su libertad, mediante la coordinación con los organismos con responsabilidades o trabajo en las distintas áreas).

CAPITULO III

LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES

ARTICULO 10. — Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:

(Artículo 10 .- Se consideran integrales los servicios que se ocupan de la prevención, detección, registro y abordaje de los distintos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, acorde a los requerimientos de las respectivas comunidades. Deberán implementarse estrategias de articulación y coordinación con los distintos sectores involucrados, priorizándose el desarrollo del trabajo en redes).

1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

(Inciso 1).- Las campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad tendrán entre sus objetivos sensibilizar a la población sobre la gravedad de la problemática de la violencia contra las mujeres e instalar la condena social a los victimarios; informar sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza a las víctimas; combatir la discriminación contra las mujeres y fomentar su incorporación en igualdad de oportunidades y de trato en la vida social, laboral, económica y política.)

2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:

(Inciso 2).- Los servicios integrales especializados en violencia de género en el primer nivel de atención, deberán estar constituidos por profesionales con experiencia en el tema y sus actividades deberán ser llevadas a cabo en forma coordinada conforme los estándares internacionales y regionales en materia de prevención y asistencia integral de las mujeres víctimas).

a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;

b) Grupos de ayuda mutua;

c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;

d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;

e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.

3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.

5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.

6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo

familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

(Inciso 6.- Las instancias de tránsito y albergue deberán ser creadas como centros de desarrollo que proporcionen a las mujeres víctimas de violencia, las herramientas imprescindibles para su integración inmediata a su medio familiar, social y laboral y deberán tener disposiciones claras respecto de la permanencia de la mujer, los servicios ofrecidos y las obligaciones de las víctimas).

7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

ARTICULO 11. — Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

(Artículo 11 .- Los distintos Ministerios y Secretarías del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán desarrollar, además de las acciones aquí detalladas, todas aquéllas que se hallan establecidas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El diseño de los planes y programas de los organismos del ESTADO NACIONAL y los criterios de inclusión de las mujeres víctimas de violencia, en los términos definidos por la ley que se reglamenta, deberán respetar el enfoque de género.)

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:

a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;

b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.

2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;

b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;

c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;

d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;

e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;

f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las

niñas y adolescentes que padecen violencia.

3.- Ministerio de Educación de la Nación:

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

(Inciso 3).- a).- Los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género deben estar incluidos en todos los niveles y modalidades educativas y en todas las instituciones, ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa.

A los efectos del diseño de la currícula se entiende que el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, se relaciona con el tipo de vínculo que se promueve en el ámbito educativo entre mujeres y varones, la asignación de espacios a unos y otras, las expectativas de aprendizaje y la desarticulación de estereotipos de género en las prácticas concretas.)

b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;

c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;

f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

4.- Ministerio de Salud de la Nación:

a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;

b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud;

c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;

d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la

utilización de protocolos de atención y derivación;

e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.

f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de violencia;

g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;

h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación: 5.1. Secretaría de Justicia:

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;

c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;

e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;

f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;

g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;

h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;

i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

5.2. Secretaría de Seguridad:
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios

interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;

b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;

c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;

d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):

a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección; 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;
3. La permanencia en el puesto de trabajo;
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;

d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7.- Ministerio de Defensa de la Nación:

(Inciso 7).- El MINISTERIO DE DEFENSA tomará en consideración las recomendaciones del Consejo de Políticas de Género que funciona en su órbita, a los fines de realizar las propuestas sobre las acciones referentes a la temática a ser

desarrolladas por la institución.)

a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;

c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.

8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:

a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;

b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;

c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;

d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;

(d).- En los términos de la presente reglamentación se entenderá por “sexismo” toda expresión, oral, escrita, gráfica o audiovisual, que naturalice las diferencias construidas social e históricamente entre los sexos, justificando situaciones de desventaja y discriminación de las mujeres, fundadas en su condición biológica.)

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPITULO IV
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTICULO 12. — Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 13. — Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 14. — Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;

b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;

c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;

d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;

e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;

f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

ARTICULO 15. — Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;

b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia. TITULO III

PROCEDIMIENTOS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16. — Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrati- vos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;

(Inciso a).- El MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrarán los convenios necesarios con sus respectivos Ministerios Públicos, asociaciones y Colegios de Abogados existentes en sus jurisdicciones, Facultades de Derecho de las distintas universidades públicas y/o privadas, y todo otro organismo público o no gubernamental, a efectos de garantizar el asesoramiento y el patrocinio jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia.)

b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;

(Inciso b).- La respuesta que den los organismos del ESTADO NACIONAL será considerada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más breve, o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los mismos no sea tardía; y efectiva cuando dicha respuesta prevenga la reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos, teniendo en consideración las características de la denuncia.)

c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;

e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3o de la presente ley;

f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones; g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa; h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por

personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

(Inciso k).- Los mecanismos de denuncia a los/ as funcionarios/as se consideran eficientes cuando, impidiendo la revictimización de la mujer, evitan una excesiva burocratización de la situación, garantizando un fácil acceso a dicho mecanismo, la inmediata atención y la resolución en plazos razonables del “planteo”.

Todos los plazos fijados en la Ley que se reglamenta deben computarse de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código Civil de la Nación Argentina).

ARTICULO 17. — Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

ARTICULO 18. — Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO

ARTICULO 19. — Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley.

ARTICULO 20. — Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

ARTICULO 21. — Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

ARTICULO 22. — Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

ARTICULO 23. — Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

ARTICULO 24. — Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;

b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;

d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.

ARTICULO 25. — Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

ARTICULO 26. — Medidas preventivas urgentes.

a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5o y 6o de la presente ley:

a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia;

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;

a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;

a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión;

a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;

a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.

b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá

ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;

b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;

b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;

b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;

b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;

b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.

ARTICULO 27. — Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

ARTICULO 28. — Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
ARTICULO 29. — Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá

requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 30. — Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.

ARTICULO 31. — Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

ARTICULO 32. — Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;

b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;

c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

ARTICULO 33. — Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.

ARTICULO 34. — Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones

adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

ARTICULO 35. — Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

ARTICULO 36. — Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;

b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso; c) Cómo preservar las evidencias.

ARTICULO 37. — Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

ARTICULO 38. — Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

ARTICULO 39. — Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

ARTICULO 40. — Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO IV DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 41. — En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.

ARTICULO 42. — La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de

aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

ARTICULO 43. — Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTICULO 44. — La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 45. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS

AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. — REGISTRADO BAJO EL No 26.485 —

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Ley 26.529 Derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud

SALUD PUBLICA

Ley 26.529

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud..

Sancionada:: Octubre 21 de 2009

Promulgada de Hecho:: Noviembre 19 de 2009

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,, etc.. sancionan con fuerza de Ley::

DERECHOS DEL PACIENTE,, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

ARTICULO 1º — Ambito de aplicación.. El ejercicio de los derechos del paciente,, en cuanto a la autonomía de la voluntad,, la información y la documentación clínica,, se rige por la presente ley..

Capítulo I

DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES E INST ITUCIONES DE LA SALUD

ARTICULO 2º — Derechos del paciente.. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud,, el o los agentes del seguro de salud,, y cualquier efector de que se trate,, los siguientes::

a)) Asistencia.. El paciente,, prioritariamente los niños,, niñas y adolescentes,, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud,, sin menoscabo y distinción alguna,, producto de sus ideas,, creencias religiosas,, políticas,, condición socioeconómica,, raza,, sexo,, orientación sexual o cualquier otra condición.. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia,, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente;;

b)) Trato digno y respetuoso.. El paciente t iene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes,, le otorguen un trato digno,, con respeto a sus convicciones personales y morales,, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales,, de género,, de pudor y a su intimida d,, cualquiera sea el padecimiento que presente,, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;;

c)) Intimidad.. Toda actividad médico – asistencial tendiente a obtener,, clasificar,, utilizar,, administrar,, custodiar y transmitir información y documentació n clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad,, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles,, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;;

d)) Confidencialidad.. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica,, o bien tenga acceso al contenido de la misma,, guarde

la debida reserva,, salvo expresa disposi ción en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente;;

e)) Autonomía de la voluntad.. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,, con o sin expresión de c ausa,, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.. Los niños,, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biol ógicos que involucren su vida o salud.. En el marco de esta potestad,, el paciente que presente una enfermedad irreversible,, incurable o se encuentre en estadio terminal,, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,, informado en forma fehacie nte,, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos,, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría,, o produzcan un sufrimiento desmesurado.. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.. En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.. (IInciso sustituido por art.. 1°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

f)) Información Sanitaria.. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria,, vinculada a su salud.. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información..

g)) Interconsulta Médica.. El paciente tiene der echo a recibir la información sanitaria por escrito,, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico,, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud..

Capítulo II

DE LA INFORMACION SANITARIA

ARTICULO 3º — Definición.. A los efectos de la presente ley,, entiéndase por información sanitaria aquella que,, de manera clara,, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente,, informe sobre su estado de salud,, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsi ble evolución,, riesgos,, complicaciones o secuelas de los mismos..

ARTICULO 4º — Autorización.. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras personas,, con autorización del paciente..

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico,, la misma será brindada a su representante legal o,, en su defecto,, al cónyuge que conviva con el paciente,, o la persona que,, sin ser su cónyuge,, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuid ado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad..

Capítulo III

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

ARTICULO 5º — Definición.. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente,, o por sus r epresentantes legales,, en su caso,, emitida luego de recibir,, por parte del profesional interviniente,, información clara,, precisa y adecuada con respecto a:: a)) Su estado de salud;; b)) El procedimiento propuesto,, con especificación de los objetivos persegui dos;; c)) Los beneficios esperados del procedimiento;; d)) Los riesgos,, molestias y efectos adversos previsibles;; e)) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos,, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;; f)) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;; g)) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible,, incurable,, o cuando se encuentre en estadio terminal,, o haya su frido lesiones que lo coloquen en igual situación,, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos,, de hidratación,, alimentación,, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital,, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relac ión con las perspectivas de mejoría,, o que produzcan sufrimiento desmesurado,, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal ir reversible e incurable;; h)) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.. (AArtículo sustituido por art.. 2°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

ARTICULO 6º — Obligatoriedad.. Toda actuación profesional en el ámbito médico – sanitario,, sea público o privado,, requiere,, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria,, el previo consentim iento informado del paciente.. En el supuesto de incapacidad del paciente,, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico,, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.19 3,, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido.. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior,, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades,, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanit ario.. (AArtículo sustituido por art.. 3°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

ARTICULO 7º — Instrumentación.. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones,, en los que será por escrito y debidamente suscrito::

a)) Internación;;

b)) Intervención quirúrgica;;

c)) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;;

d)) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley;;

e)) Revocación..

f)) En el supuesto previsto en el inciso g)) del artículo 5°° deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.. (IInciso incorporado por art.. 4°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos.. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto,, el de sus representantes legales,, y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos,, con carácter previo a la realización de dicha exposición..

ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado.. El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consen timiento informado en los siguientes casos::

a)) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;;

b)) Cuando mediare una situación de emergencia,, con grave peligro para la salud o vida del paciente,, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de s us representantes legales..

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación,, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo..

ARTICULO 10.. — Revocabilidad.. La decisión del p aciente,, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados,, puede ser revocada.. El profesional actuante debe acatar tal decisión,, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica,, adoptando para el caso todas las formalidades que resulte n menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad,, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión implica.. Las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193 podrán revocar s u anterior decisión con los requisitos y en el orden de prelación allí establecido.. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior,, deberá garantizarse que el paciente,, en la medida de sus posibilidades,, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.. (AArtículo sustituido por art.. 5°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

ARTICULO 11.. — Directivas anticipadas.. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud,, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos,, preventivos o paliativos,, y decisiones relativas a su salud.. Las directivas de berán ser aceptadas por el médico a cargo,, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas,, las que se tendrán como inexistentes.. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia,, para lo cual se requerirá de la presencia de dos (22)) testigos.. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó.. (AArtículo sustituido por art.. 6°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

Artículo 11 bis : Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil,, penal,, ni administrativa,, derivadas del cumplimiento de la misma.. (AArtículo incorporado por art.. 7°° de la

Ley N°° 26.742

B..OO.. 24//55//22012))

Capítulo IV

DE LA HISTORIA CLINICA

ARTICULO 12.. — Definición y alcance.. A los efectos de esta ley,, entiénd ase por historia clínica,, el documento obligatorio cronológico,, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud..

ARTICULO 13.. — Historia clínica informatizada.. El contenido de la historia clínica,, puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad,, autenticidad,, inalterabilidad,, perdurabilidad y recuperabilidad de

los datos contenidos en la misma en tiempo y forma . A tal fin,, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación,, medios no reescribibles de almacenamiento,, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad..

La reglamentación establece l a documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma..

ARTICULO 14.. — Titularidad.. El paciente es el titular de la historia clínica.. A su simple requerimiento debe suministrársele cop ia de la misma,, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial.. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (448)) horas de solicitada,, salvo caso de emergencia..

ARTICULO 15.. — Asientos.. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación,, en la historia clínica se debe asentar:: a)) La fecha de inicio de su confección;; b)) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;; c)) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;; d)) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;; e)) Antecedentes genéticos,, fisiológicos y patológicos del paciente,, si l os hubiere;; f)) En el caso de las historias clínicas odontológicas,, éstas deben contener registros odontológicos que permitan la identificación del paciente;; g)) Todo acto médico realizado o indicado,, sea que se trate de prescripción y suministro de medica mentos,, realización de tratamientos,, prácticas,, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza,, constancias de intervención de especialistas,, diagnóstico,, pronóstico,, procedimiento,, evolución y toda otra actividad inherente,, en especial ingresos y altas médicas.. Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d)),, e)),, f)) y g)) del presente artículo,, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y a ctualizados por la Organización Mundial de la Salud,, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.. Para el caso del inciso f)) debe confeccionarse el registro odontológico,, integrante de la historia clínica,, en el que se d eben individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada,, según el sistema dígito dos o binario,, conforme al sistema de marcación y colores que establezca

la reglamentación.. (AArtículo sustituido por art.. 1°° de la

Ley N°° 26.812

B..OO.. 21//11//22013))

ARTICULO 16.. — Integridad.. Forman parte de la historia clínica,, los consentimientos informados,, las hojas de indicaciones médicas,, las planillas de enfermería,, los proto colos quirúrgicos,, las prescripciones dietarias,, los estudios y prácticas realizadas,, rechazadas o abandonadas,, debiéndose acompañar en cada caso,, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha,, firma y sello del profesi onal actuante..

ARTICULO 17.. — Unicidad.. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado,, y debe identificar al paciente por medio de una “cclave uniforme””,, la que deberá ser comunicada al mismo..

ARTICULO 18.. — Inviolabilidad.. Depositarios.. La historia clínica es inviolable.. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud,, en su calidad de titulares de consultorios privados,, tienen a su cargo su guarda y custodia,, asu miendo el carácter de depositarios de aquélla,, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas.. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposi ciones que en materia contractual se establecen en el Libro II,, Sección III,, del Título XV del Código Civil,, “DDel depósito””,, y normas concordantes..

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (110)) años de pres cripción liberatoria de la responsabilidad contractual.. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo,, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación..

ARTICULO 19.. — Legitimación.. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica::

a)) El paciente y su representante legal;;

b)) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho,, sea o no de distinto sexo según acreditaci ón que determine la reglamentación y los herederos forzosos,, en su caso,, con la autorización del paciente,, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla;;

c)) Los médicos,, y otros profesionales del arte de curar,, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal..

A dichos fines,, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguard o,, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original.. Asimismo podrán entregarse,, cuando corresponda,, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico,, dejando constancia de la persona que ef ectúa la diligencia,, consignando sus datos,, motivos y demás consideraciones que resulten menester..

ARTICULO 20.. — Negativa.. Acción.. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley,, frente a la negativa,, demora o silencio del respo nsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica,, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “hhabeas data”” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resul te más apto y rápido.. En jurisdicción nacional,, esta acción quedará exenta de gastos de justicia..

ARTICULO 21.. — Sanciones.. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder,, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave,, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 — Régimen Legal del Ejercic io de la Medicina,, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas — y,, en las jurisdicciones locales,, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas..

C apítulo V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 22.. — Autoridad de aplicación nacional y local.. Es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional,, el Ministerio de Salud de la Nación,, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ci udad Autónoma de Buenos Aires,, la máxima autoridad sanitaria local..

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acces o a la justicia..

ARTICULO 23.. — Vigencia.. La presente ley es de orden público,, y entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (990)) días de la fecha de su publicación..

ARTICULO 24.. — Reglamentación.. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (990)) días contados a partir de su publicación..

ARTICULO 25.. — Comuníquese al Poder Ejecutivo..

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,, EN BUENOS AIRES,, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE..

— REGISTRADA BAJ O EL Nº 26.529 —

JULIO C.. C.. COBOS.. — EDUARDO A.. FELLNER.. — Enrique Hidalgo.. — Juan H.. Estrada..

Estatuto de APBA

ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653

ESTATUTO

CAPITULO I: Denominación, domicilio, finalidad, capacidad.
Artículo 1: Denominación y domicilio. La Asociación civil constituida bajo la denominación de ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES nuclea a los graduados en Psicología de carrera mayor universitaria, con título expedidos por Universidad Nacional o Provincial, o Universidad Privada, debidamente autorizada, ya sea como licenciado en psicología, o psicólogo, Se regirá por el presente estatuto y disposiciones legales que le sean aplicables y tendrá domicilio legal en Capital Federal.

Artículo 2: Finalidad social. Tiene por finalidades: a) agrupar en una entidad a los egresados universitarios en psicología y contribuir al progreso científico de la misma en todas sus ramas de aplicación o investigación; b) propender a la obtención de la reglamentación legal del ejercicio profesional de la psicología; c) colaborar con los poderes nacionales, provinciales y municipales, mediante asesoramiento, consultas y tareas que redunden en beneficio de la comunidad; d) organizar congresos, seminarios, cursos y conferencias y publicar trabajos científicos; y cualquier otra actividad de formación vinculada a la Psicología f) la defensa de la ética profesional; g) la defensa de los miembros de la Asociación para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes; h) cooperar en la formulación de planes académicos y/o universitarios de la Psicología, el doctorado, cursos especiales de posgrado y especialidades; i) colaborar con las universidades nacionales estatales o privadas, donde se impartan cursos de psicología, en todo lo referente a planes de estudio, práctica e investigación; j) establecer relaciones de reciprocidad e intercambio científico con otras entidades similares del país o del extranjero; k) colaborar con obras e instituciones vinculadas con la función social de la profesión; l) combatir el ejercicio ilegal de la profesión. Vigilar y controlar que la Psicología no sea ejercida por personas carentes de título habilitante o que no cumplan con los requisitos legales; m) velar por la ética profesional del psicólogo; n)propender a la formación de asociaciones análogas en el país y a la constitución de una asociación nacional que las incluya; ñ) expandir los propósitos perseguidos por la Asociación en Capital Federal, en el resto del país o en cualquier punto del extranjero; o) aceptar representaciones equivalentes de entidades extranjeras o provinciales; p) afiliarse a federaciones o confederaciones nacionales o extranjeras que agrupen a entidades similares o equivalentes; q) realizar tareas de asistencia psicoterapéutica, prevención psicológica y demás servicios especializados hacia la comunidad, en forma gratuita o con aranceles institucionales módicos en aquellos casos que originen gastos, de conformidad con las diversas áreas de incumbencia del Ejercicio Profesional de la Psicología estipuladas en la legislación vigente; r) asumir institucionalmente la defensa profesional de los graduados cuando sean objeto de discriminación en el ejercicio de la profesión ; s) participar en la promoción de la salud mental de la población y en la defensa del derecho a ella; t) fomentar la acción conjunta interprofesional; u) reconocer la especialización de los psicólogos.

Artículo 3: Capacidad. La Asociación cuenta con capacidad para realizar todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para el logro de sus fines, pudiendo a tal fin gravar y enajenar bienes muebles e inmuebles, operar con bancos nacionales, provinciales y demás entidades financieras, públicas o privadas, debidamente autorizadas. Su duración no tendrá límite de tiempo, subsistiendo su existencia jurídica mientras tenga capacidad para la consecución de sus fines.

Artículo 4: Patrimonio. Está integrado por: a) los bienes actuales y los que adquiera en el futuro, por cualquier título, y las rentas y/o frutos que se obtengan de los mismos; b) las sumas abonadas por los socios en carácter de cuotas sociales y punitorios de las mismas; c) los ingresos provenientes de la comercialización de publicaciones científicas o culturales, subvenciones estatales

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 o privadas, legados, donaciones o beneficios provenientes de emprendimientos

benéficos.

CAPITULO II: De los Asociados.
Artículo 5: Categoría de socios. La asociación carece de finalidades de lucro y sus socios no estarán sujetos a discriminación alguna, ya sea de naturaleza religiosa, política, económica, social, de nacionalidad, raza, sexo o edad, dividiéndose sus miembros en cuatro categorías: a) titulares: egresados con título habilitante, en las condiciones señaladas en el art. 1; b) estudiantes universitarios de Psicología tiene voz pero no voto, no puede elegir ni ser elegido para integrar los órganos sociales; c) honorarios: personas físicas que a juicio de la Comisión Directiva merezcan tal carácter en virtud de su relevancia científica en el campo de la psicología, no tienen voz ni voto, no pueden elegir ni ser elegidos para integrar los órganos sociales. Es una mención honorífica, no impone derechos ni obligaciones; d) protectores: personas que hayan prestado servicios relevantes a la Asociación, a juicio de la Comisión Directiva y ad-referendum de la Asamblea General, no tienen voz ni voto, no pueden elegir ni ser elegidos para integrar los órganos sociales. Es una mención honorífica, no impone derechos ni obligaciones; e) Vitalicios: socios titulares con 30 años de egresados y 30 años como socios activos titulares de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, conservan todos sus derechos y obligaciones a excepción del pago de la cuota básica ordinaria de la Asociación; f) Membresía: accederán psicólogos de otras jurisdicciones nacionales o internacionales y/o socios de otras entidades afines a los objetivos de APBA; g) Miembro Adherente: podrán acceder profesionales universitarios no psicólogos que compartan los objetivos de APBA con intereses interdisciplinarios y que participen en áreas de trabajos de la Asociación, tiene voz pero no voto, no puede elegir ni ser elegido para integrar los organos sociales.. El reglamento establecerá los derechos y obligaciones de las categorías de socios.

Artículo 6: Derechos y Obligaciones. Son derechos de todos los asociados: a) gozar de todos los beneficios o servicios que preste la entidad; b)proponer a la Comisión Directiva y Asambleas Generales y Extraordinarias las iniciativas o medidas que consideren en interés de la Institución; c) votar y en su caso ser elector y elegible los socios mayores de edad en las condiciones establecidas en este Estatuto; d) solicitar la convocatoria a Asambleas y plebiscitos de conformidad a lo establecido en este Estatuto; e) presentar su renuncia a la Comisión Directiva sin expresión de causa, debiendo estar al día en el pago de sus cuotas sociales; f) formar parte de las comisiones y subcomisiones de trabajo. Son obligaciones de los asociados: a) respetar y cumplir las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos que se dictaren; b)acatar las resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión Directiva; c) abonar las sumas que determine la Asamblea General y la Comisión Directiva en concepto de cuotas o cotizaciones sociales; d) aceptar los cargos para los cuales hayan sido designados; e) comunicar su cambio de domicilio dentro de los 20 días de producido; f) responder por los daños que le causara a la Asociación; g) cumplir con el Reglamento de socios

Artículo 7: Sanciones disciplinarias. El Tribunal de Ética y Disciplina se encuentra autorizado para imponer a los socios las siguientes sanciones disciplinarias previa conformación de sumario investigativo y según lo establezca el reglamento: a) amonestación por escrito; b) suspensión como socio de la Asociación; c) expulsión como socio de la Asociación. Podrán ser causa de sanción: 1. Falta al cumplimiento de los Estatutos y leyes que rigen a la Asociación; 2. Desacatar resoluciones de las autoridades de la Asociación; 3. Comisión de delitos, actos inmorales dentro del ámbito de la Asociación; 4. Realizar voluntariamente cualquier acción que dañe el patrimonio social; 5. Cualquier hecho que este previsto en los artículos 32 y 33 del presente Estatuto. En este caso la sanción será dada a conocer a los socios. La sanción de suspensión sólo podrá aplicarse por tiempo determinado, que no excederá de 6 meses. Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Ética y Disciplina que estuvieren incursos en alguna causal de las enunciadas precedentemente sólo podrán ser

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 suspendidos hasta la primera asamblea que se celebre, la que resolverá en

definitiva.

Artículo 8: Derecho de apelación. El asociado sancionado podrá solicitar reconsideración de la medida ante el Tribunal de Disciplina en primera instancia según lo establezca la Reglamentación, el que deberá expedirse dentro de los 15 días de solicitada, y en caso de denegatoria podrá apelar ante un tribunal ad hoc constituido según establezca la reglamentación por integrantes de tribunales de otras jurisdicciones y en tercera instancia ante los Tribunales Civiles de la Ciudad de Buenos Aires. Los recursos deberán ser fundados por escrito ante el Tribunal de Ética y Disciplina dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la sanción o denegatoria, según corresponda.

Artículo 9: Morosidad. El asociado que se atrasare en el pago de 6 cuotas mensuales consecutivas será intimado por resolución de la Comisión Directiva, previa notificación de apercibimiento para que regularice su situación. El asociado intimado podrá pedir su reincorporación mediante su solicitud a la Comisión Directiva, quien resolverá en definitiva debiendo en caso favorable abonar la integridad de las cuotas adeudadas, y conservando en tal caso la antigüedad habida hasta el momento.

CAPITULO III: Los Órganos de la Asociación
Artículo 10: La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires se compondrá de los siguientes órganos: a) Comisión Directiva; b) Comisión Revisora de Cuentas; c) Asamblea General; d) Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 11: La institución será dirigida y administrada por una comisión directiva compuesta de diez (10) cargos titulares. Son sus cargos titulares: a) Presidente; b) Vicepresidente; c) Secretario General; d) Tesorero; e) Secretario Científico; f) Secretario de Asuntos Profesionales; g) Secretario de Prensa; y tres (3) vocales. Además se elegirán tres (3) suplentes.

Artículo 12: La fiscalización de la entidad estará a cargo de una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de cuatro (4) miembros titulares y dos (2) suplentes. Los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas no podrán percibir sueldo o remuneración por el desempeño de sus cargos.

Artículo 13: Condiciones de elegibilidad. Para ser miembro titular o suplente de la Comisión Directiva o de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere: a) ser socio titular con un mínimo de un año de antigüedad; b) ser mayor de edad; c) no estar en mora en el pago de las cuotas sociales; d) no encontrarse cumpliendo sanciones disciplinarias.

Artículo 14: Duración del mandato. El mandato de los miembros titulares y suplentes de las Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas durará 2 años. Todos podrán ejercer sólo tres períodos consecutivos en la Comisión Directiva, con excepción de quien ejerza el cargo de Presidente que podrá sumar un período más en su cargo. En todos los casos, el miembro reelecto no podrá ocupar más de dos veces consecutivas el mismo cargo. Para volver ocupar cargo en estas Comisiones deberá transcurrir por lo menos un mandato. Todos los mandatos podrán ser revocados en cualquier momento por resolución de la Asamblea General de asociados que cuente con la asistencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto, y voto favorable de los dos tercios de los asistentes.

Artículo 15: Elección. Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas serán elegidos directamente en Asamblea General Ordinaria, por el sistema de lista completa, con designación únicamente del cargo de Presidente. Las tachas de candidatos no serán admisibles, considerándose el voto como completo. La elección se hará mediante voto secreto

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 y mayoría de votos válidos emitidos. La Lista que obtenga mayor cantidad de votos cubrirá el cargo de Presidente y seis (6) cargos de la Comisión Directiva. La Lista que le siga en número de votos cubrirá los 3 cargos de vocales de la Comisión Directiva. La Lista que obtenga mayor número de votos cubrirá 3 cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, y la lista que le siga en número de votos el cargo restante. En todos los casos se requerirá de la lista o listas un número mínimo del veinte (20) por ciento de los votos válidos emitidos. En caso de que la segunda lista en número de votos obtenga menos del veinte (20) por ciento de los votos, los cargos de vocales de la Comisión Directiva serán cubiertos, dos (2) de ellos por dicha lista y el restante por la lista que le siga en número de votos, y el cargo de minoría de la Comisión Revisora de Cuentas se considerará vacante. En el transcurso de la Asamblea las distintas listas discriminarán los cargos y los miembros electos. Cada lugar vacante será ocupado por los miembros suplentes de sus respectivas listas. Las listas de candidatos serán presentadas ante la Junta Electoral, elegida de acuerdo a lo normado en el art. 16, hasta diez (10) días antes de la celebración del comicio, considerándose válidas las mismas, si no media impugnación de aquellas dentro de los tres (3) días de presentadas. Si mediare observación de las listas presentadas deberá darse traslado al apoderado de la misma por el término de dos (2) días, debiendo decidirse el caso en el término de

24 hs. de evacuado el traslado o transcurrido el término para el mismo.

Artículo 16: Junta Electoral. La asamblea General que convoque al comicio en asamblea general ordinaria, deberá elegir una Junta Electoral compuesta de 5 miembros presentes, mediante elección directa entre aquellos asistentes que no ocupen cargos en la actual Comisión Directiva, ni como titulares ni como suplentes. Deberán cumplir con iguales requisitos que para acceder a la elección de cargos titulares de Comisión, y su aceptación implicará la inhibición de postularse para cargo electivo alguno en el comicio, la validez de los votos emitidos, el carácter de socio votante, del número de votos obtenidos por cada lista y la presentación y eventual observación de las listas a presentarse al comicio. En todos los casos deberá la Junta Electoral presidir y decidir en toda cuestión que se plantee respecto al acto electoral, debiendo aplicar estrictamente el Estatuto y las disposiciones legales vigentes. Con anticipación no menor a 2 días del comicio, cada lista deberá presentar la lista de fiscales autorizados a asistir al comicio. En caso que la Comisión Directiva así lo considere necesario, la Junta Electoral deberá presentar un reglamento del comicio que será aprobado por la Asamblea General ordinaria que a tal efecto se designe. En caso de empate en el número de votos por una o más listas, la Junta Electoral convocará a nueva asamblea general eleccionaria dentro de un término no mayor de 90 días.

Artículo 17: Reuniones y Libros de Actas. La Comisión Directiva se reunirá ordinariamente una vez por mes por citación del presidente y extraordinariamente cuando el presidente o tres de sus miembros o el órgano de fiscalización lo juzguen necesario, debiendo en este último caso celebrarse la reunión dentro de los siete días de solicitada; la citación se hará por circulares y con cinco días de anticipación. El miembro que se ausente injustificadamente durante 4 reuniones consecutivas o alternadas dentro de un año aniversario del ejercicio, será considerado dimitente. Las deliberaciones deberán consignarse en un Libro de Actas, con indicación de los votos emitidos y firmas del presidente y secretario general.

Artículo 18: Quórum y mayorías. Las reuniones de Comisión Directiva se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros titulares, requiriéndose para las resoluciones el voto de la mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate el presidente tendrá voto decisivo. La Comisión Revisora de Cuentas deberá adoptar iguales recaudos de quórum y mayorías para el cumplimiento de sus reuniones y se autoconvocará, previa notificación cursada a la Comisión Directiva, formalizada con no menos de 10 días de anticipación, debiendo ceñir su función a lo normado en el art. 22 de este Estatuto.

Articulo 19: Reconsideración. Las resoluciones de la Comisión Directiva podrán ser reconsideradas con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 presentes, en sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se

resolvió el tema a reconsiderar.

Artículo 20: Deberes y atribuciones de la Comisión Directiva. Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva: a) cumplir y hacer cumplir los Estatutos, reglamentos internos, resoluciones de la asamblea/s y las que dictare por sí misma; b) convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria y fijar el orden del día; c) resolver sobre admisión, readmisión, renuncias o sanciones de asociados; d) nombrar agentes, empleados, y aprobar los cuerpos asesores o staff de las distintas áreas de acción, ya sea en relación de dependencia, de índole profesional, técnica o científica; e) fijar las remuneraciones de sus agentes, empleados y profesionales contratados, facultando a un representante de la misma a los fines de suscribir los contratos respectivos; f) rescindir, prorrogar, despedir a sus agentes, empleados y profesionales contratados; g) realizar todos los actos de administración necesarios para el cumplimiento de sus fines por parte de la institución, pudiendo para ello autorizar gastos, disponer partidas de fondo, abrir cuentas corrientes bancarias, girar en descubierto o contra depósito en cuentas corrientes o a plazo fijo, contraer empréstitos, realizar operaciones financieras para la adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de gravámenes, sobre estos será necesaria la autorización previa de la Asamblea General Extraordinaria que a tal fin se designe, celebrar contratos de locación y todo acto jurídico lícito que no se oponga a lo normado en el presente estatuto; h) percibir la recaudación en concepto de cuotas sociales o cuotas de ingreso o cuotas extraordinarias por parte de sus asociados; i) adecuar los valores de las cuotas sociales fijadas por Asamblea General Extraordinaria, mediante ajustes periódicos que contemplen el deterioro del valor adquisitivo del signo monetario de acuerdo a índices oficiales inflacionarios, no pudiendo en ningún caso significar dichos aumentos o ajustes, un alza en moneda constante del importe de las cuotas fijadas por la Asamblea; j) formular y aprobar el presupuesto de gastos y recursos de la entidad; k) aprobar planes semestrales de trabajo de las distintas áreas de trabajo de la institución; l) nombrar delegados a la Organización Nacional de Psicólogos, organismos similares, organismos interprofesionales y cualquier otra conferencia o deliberación que considere de importancia asistir; ll) celebrar con los poderes públicos o privados contratos de prestación de servicios, asesoramiento profesional, prestaciones y toda otra actividad que haga al cumplimiento de sus finalidades; m) otorgar poderes judiciales, generales o especiales, para la representación ante los estrados judiciales de cualquier fuero o jurisdicción de los intereses de la asociación; n) presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, junto con un informe de la Comisión Revisora de Cuentas; ñ) designar un representante a las reuniones de la Comisión Revisora de Cuentas; o) realizar programas de extensión estudiantil tendientes a facilitar la formación de pre-grado y abrir los beneficios a los estudiantes con menos del 75% de las materias aprobadas de Psicología; p) nombrar Directores de área, a los cuales los podrá convocar a reuniones plenarias cuando lo considere necesario; q) dictar el Reglamento Interno, el que deberá ser aprobado por la Asamblea y presentado a la Inspección General de Justicia, a los efectos determinados en el art. 114 de las Normas de dicho organismo, sin cuyo requisito no podrá entrar en vigencia.

Articulo 21: Desintegración. En caso de que aún incorporados los suplentes quedare reducida la Comisión Directiva a menos de la mitad más uno de sus miembros, se deberá convocar a Asamblea General Extraordinaria a fin de llenar las vacantes producidas hasta la terminación del mandato. La elección de los miembros de la Comisión Directiva vacantes se hará por elección directa y secreta de los miembros presentes, salvo elección de presidente y vice, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 25.

Articulo 22: Comisión Revisora de Cuentas. Son deberes y atributos de la Comisión Revisora de Cuentas: a) fiscalizar la administración de gastos y recursos de la institución, existencia de valores, estado de caja y cuentas corrientes bancarias; b) examinar los libros de contabilidad y documentación de la asociación; c) dictaminar sobre la Memoria Anual, Inventario y Balance, con

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 cuadro demostrativo de recursos y gastos presentado por la comisión directiva; d) asistir sin voto a las reuniones de la Comisión Directiva; e) solicitar convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando así lo considere necesario, de acuerdo a lo normado por el art. 37; f) convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva; g) observar y hacer observar los estatutos, informando de cualquier irregularidad administrativa en el desempeño de la

Comisión Directiva o cualquiera de sus agentes.

CAPITULO IV: Del Presidente y Vicepresidente.
Articulo 23: Son deberes y atributos del presidente: a) convocar a reuniones de la Comisión Directiva y presidirlas; b) presidir las deliberaciones de la asamblea y preservar el orden de la misma y el cumplimiento del orden del día; c) firmar junto con el secretario general las actas, libros, registros y demás documentación de la asociación; d) firmar con el secretario general indistintamente los poderes generales o especiales judiciales, representando en igual forma a la asociación en actos procesales con amplias facultades; e) suscribir conjuntamente con el Tesorero y/o Secretario general y/o vicepresidente los cheques, ordenes de pago y demás documentación bancaria, pudiendo en caso de cúmulo de tareas o ausencia temporaria reemplazarlo el tesorero en esa función requiriéndose en tal caso la firma conjunta del Secretario general y/o Vicepresidente; f) firmar los Balances, Memoria, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos de la Institución; g) velar por el cumplimiento y aplicación de los estatutos, normas legales vigentes, reglamentaciones, resoluciones de las asambleas, comisión revisora de cuentas y comisión directiva; h) resolver casos urgentes de administración y disposición con debida rendición de cuentas, a la Comisión Directiva o a la Asamblea correspondiente, en su caso, de lo actuado.

Articulo 24: El Vicepresidente reemplazará al presidente en el desempeño de sus funciones, colaborando con el mismo en el cumplimiento de su cometido, de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente. Además de ello deberá colaborar con alguna de las áreas de trabajo de la institución.

Articulo 25: Acefalía. En caso de vacancia del presidente y vice, la comisión directiva designará entre sus miembros un presidente provisorio, que permanecerá en sus funciones hasta terminar el mandato.

CAPITULO V: Del Secretario General
Articulo 26: Son deberes y atributos del Secretario General: a) redactar y suscribir las citaciones a los miembros de comisión directiva, convocatoria a asamblea, comunicaciones y toda otra documentación inherente a la Asociación, b) llevar el libro de actas de Comisión Directiva, de Asambleas, el libro de asociados; c) acompañar al presidente en las tareas de representación.

CAPITULO VI: Del Tesorero
Articulo 27: Son deberes y atributos del tesorero: a) presentar la Memoria, Inventario General, Balance y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos a la Comisión Directiva para la consideración de la Asamblea General Ordinaria; b) suscribir, conjuntamente con el presidente, y en su caso reemplazándolo, y conjuntamente con el vicepresidente y/o secretario general los cheques, órdenes de pago y demás documentación que implique disposición de fondos de la asociación y recibos de valores, pudiendo ser reemplazado en tal función únicamente por el presidente, de manera tal que no se considerará válida la orden de pago o cheque que no cuente con la firma del Tesorero o Presidente, en conjunto, o de uno de ellos conjuntamente con la del Vicepresidente y Secretaría General indistintamente; c) dar cuenta periódicamente del estado de Tesorería y recaudación de cuotas sociales; d) efectuar depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en forma y recaudos establecidos en el inc.b)

CAPITULO VII: Del Secretario de Asuntos Profesionales.
Articulo 28: Son deberes y atributos del Secretario de Asuntos Profesionales: a) entender en todos los asuntos que se susciten en el ejercicio profesional de los

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 psicólogos y en las manifestaciones del ejercicio ilegal; b) orientar a los jóvenes egresados en toda cuestión sobre deberes y derechos e inserción profesional en las distintas áreas de ejercicio; c) entender en toda legislación que hace al

ejercicio profesional.

CAPITULO VIII: Del Secretario Científico.
Articulo 29: Son deberes y atributos del Secretario Científico: a) propiciar las acciones tendientes a mejorar la formación profesional tanto universitaria como de posgrado, de tal manera que permita la actualización de los conocimientos de los graduados y el nivel óptimo de capacitación de los mismos; b) propiciar, organizar y difundir actividades científicas entre los asociados; c) bregar por la difusión de la ciencia psicológica en el país; d) organizar e intercambiar información científica con entidades afines del extranjero; y e) proponer programas de extensión estudiantil mediante cursos de capacitación, información y asesoramiento a estudiantes de Psicología.

CAPITULO IX: Del Secretario de Prensa y Vocales.
Articulo 30: Son deberes y atributos del Secretario de Prensa: a) entender en todos los asuntos referidos a las difusión de los actos y resoluciones originadas por la Comisión Directiva y comisiones de trabajo en sus áreas de trabajo; b) organizar la promoción de las mismas en medios de difusión; c) coordinará las tareas de difusión la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires; d) tendrá entre sus atribuciones la edición del órgano oficial de APBA.

Artículo 30 bis: A los vocales Titulares les corresponde: a) Asistir a las Asambleas y Reuniones de la Comisión Directiva con voz y voto; b) desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les confíe.
Vocales Suplentes: corresponde a los mismos: a) Entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en estos Estatutos; b) podrán concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva con derecho a voz pero no a voto.

Articulo 31: El Tribunal de Ética y Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes elegidos en forma simultánea y por listas separadas de los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas y por el mismo sistema que para estas. La Lista que obtenga mayor cantidad de votos cubrirá el cargo de dos (2) miembros y la que le siga en número de votos el restante; utilizando la misma proporción para los suplentes. Durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos. Son requisitos para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina: a) encontrarse inscripto en la matrícula profesional; b) poseer una antigüedad profesional de por lo menos quince (15) años; c) no haber sido sancionado disciplinariamente; d) no haber sido condenado judicialmente por delito doloso con pena privativa de la libertad o que la misma importe inhabilitación profesional.

Articulo 32: El Tribunal de Ética y Disciplina tiene atribución exclusiva para fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión, con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que, por algún hecho le sea imputada a un psicólogo. En todos los casos aplicará el criterio de no discriminación ideológica, política, racial, religiosa o científica.

Artículo 33: Es competencia del Tribunal de Ética y Disciplina: a) entender en todas las cuestiones vinculadas con la ética profesional que sean sometidas a su consideración y en las que tome conocimiento de oficio; b) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas en el Código de Ética de APBA y de la FePRA como complementario; c) Aplicar las sanciones para las que está facultado según la Reglamentación que establezca; d) Llevar un registro de penalidades de los socios; e) Dictaminar, opinar e informar, cuando ello le sea requerido; f) rendir a la Asamblea General de Socios, anualmente y por medio de la Comisión Directiva, un informe detallado de las causas sustanciales y sus resultados.

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ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES Res. IGJ Nro. 0653 Artículo 34: Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código de Procedimientos en lo Civil

y Comercial de la Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.

Artículo 35: Todas las sanciones que aplique el Tribunal de Ética y Disciplina pueden ser apeladas de conformidad a lo establecido por el artículo 8o del presente.

CAPITULO X: De las Asambleas.
Articulo 36: Asambleas Ordinarias. Serán convocadas por la Comisión Directiva anualmente dentro de los 6 meses posteriores al cierre de cada ejercicio, el que clausurará el 31 de marzo de cada año a los efectos de tratar el siguiente temario: a) consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; b) cuando correspondiera, elección de los miembros de la Junta Electoral; c) cuando correspondiere elección de los miembros de los órganos sociales, titulares y suplentes.

Artículo 37: Asambleas Extraordinarias. Podrán convocarlas, la Comisión Directiva o mediante petición expresa por escrito del 10% de los socios integrantes del padrón, o a solicitud de la Comisión Revisora de Cuentas. En estos dos últimos casos, la Comisión Directiva deberá resolver la petición dentro de los 15 días, y en caso de denegatoria entenderá en caso de recurrirse la medida, la autoridad administrativa de control.

Articulo 38: Convocatoria. Se hará mediante comunicación publicada en un medio de comunicación masivo de la Ciudad de Buenos Aires, y/o por correo electrónico a cada socio con no menos de 20 días de anticipación. En los casos de reformas de estatuto, se adjuntará la copia o la publicación del proyecto a tratarse. En caso de tratamiento del Balance General, Inventario, Memoria y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, se pondrá a disposición de los asociados en Secretaría la documentación correspondiente con no menos de 20 días de anticipación a la Asamblea General Ordinaria.

Articulo 39: Quórum. Las asambleas se celebrarán en el local y en la fecha y hora indicadas en la convocatoria y sesionarán válidamente, salvo los casos especiales previstos en el estatuto, con la presencia de la mitad más uno de los asociados integrantes del padrón. Una hora después de la fijada, si no se hubiera conseguido el número mencionado, se reunirá legalmente con los presentes, y siempre que este número de presentes no fuere inferior a 16.

Artículo 40: Mayorías. Las resoluciones se adoptarán mediante mayoría absoluta de votos presentes, salvo los casos que exija este estatuto una proporción mayor. Ningún socio tendrá más de un voto y los miembros de Comisión se abstendrán de votar en el tratamiento de la Memoria y Balance. Los asociados no podrán hacerse representar en la Asamblea. La Asamblea general de socios es autoridad máxima, las resoluciones son de acatamiento obligatorio para todos los organismos de la Asociación.

Articulo 41: Modificaciones de Estatutos. Se tratará en Asamblea General Extraordinaria, así como todo asunto que por su naturaleza excepcional y su trascendencia institucional requiera ese tratamiento.

Artículo 42: Padrón. Estará integrado por todos los socios titulares cuyas cuotas sociales no tengan más de 6 meses de atraso, tuvieran más de 3 meses de antigüedad como socios. Estarán inhabilitados para peticionar Asamblea General Extraordinaria los socios que presentan más de 6 meses en el atraso de pago de sus cuotas. Estará al alcance de los socios para su estudio, y en todos los casos se excluirá del mismo quiénes se encuentren purgando sanciones disciplinarias. Se pondrá a exhibición de los asociados el padrón de los que están en condiciones de intervenir, quienes podrán efectuar reclamos hasta cinco días antes del acto, los que deberán resolverse dentro de los dos días siguientes.

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Artículo 43: Disposición General. La Comisión Directiva queda facultada para reglamentar estos estatutos en la forma que resuelva, salvo los casos previstos en que deba dar conocimiento a la Inspección General de Justicia.

CAPITULO XI: Del Consejo de Ex-Presidentes
Artículo 44: Todos los asociados que hayan ejercido la presidencia de la Institución y estén en condiciones de integrar el padrón formarán parte del Consejo de Ex-Presidentes, organismo asesor, honorario y permanente, que deberá prestar asesoramiento al Presidente en todo asunto cuya importancia institucional así lo requiera.

CAPITULO XII: Plebiscito
Artículo 45: A petición de la Comisión Directiva o a pedido del 10% de los socios integrantes del padrón, se dispondrá un plebiscito sobre decisiones de importancia cuyo resultado será obligatorio, y deberá instrumentar lo necesario para su cumplimiento la Comisión Directiva. En todos los casos la Comisión Directiva requerirá y practicará un detalle explicativo del temario a plebiscitarse con memoria descriptiva y antecedentes del caso, siendo la única autoridad del comicio que a tal efecto se realice en Asamblea General Extraordinaria.

CAPITULO XIII: De la disolución, liquidación y destino de los bienes.
Artículo 46: Sólo podrá resolverse por Asamblea General Extraordinaria que cuente con quórum de la mitad más uno de los socios que integran el padrón y resolución favorable de los dos tercios de los votos presentes, la liquidación en tal caso se practicará por la Comisión Directiva, pasando a integrar los bienes remanentes de la Asociación al dominio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con destino especial a las facultades donde se instruya Psicología.

Artículo 47: Con la finalidad de preservar la unidad de la representación profesional de los psicólogos, se establece la siguiente excepción al artículo anterior; en caso de constituido un Colegio de Psicólogos en Capital Federal, mediante disposición de Ley, que tuviera potestad de representación y acción profesional, la Asociación automáticamente dará por concluido el cumplimiento de sus fines, pasando a integrar su patrimonio a dicha entidad, en las condiciones que oportunamente se estipularen. En tal caso, la liquidación se practicará por la Comisión Directiva. A tales efectos, la Asociación desarrollará todas las acciones conducentes a la obtención de la colegiación legal de los psicólogos.

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Código de Ética de la APBA

Código de Ética
de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires

PREÁMBULO

Este Código de Etica proporciona un conjunto común de valores sobre los cuales los psicólogos construyen su trabajo científico y profesional. El propósito de este Código es proveer tanto principios generales como reglas de decisión que cubran la mayoría de las situaciones con que pueden encontrarse los psicólogos. Su objetivo principal es orientar el ejercicio profesional de los psicólogos atendiendo a la protección de los individuos y los grupos con los cuales los psicólogos trabajan. La responsabilidad individual de cada psicólogo es aspirar a normas de conducta lo más elevadas posibles. Los psicólogos respetan y protegen los derechos humanos y civiles y no participan en forma deliberada, ni consienten, prácticas discriminatorias. El desarrollo de un conjunto dinámico de normas éticas para las conductas relacionadas con el ejercicio profesional de un psicólogo, requiere de un compromiso personal de toda la vida para esforzarse por actuar de manera ética; requiere asimismo fomentar el comportamiento ético de los estudiantes, supervisados, empleados y colegas, y cuando sea necesario, consultar con otros acerca de los problemas éticos. Basándose en sus valores, cultura y experiencia personal, cada psicólogo suplementa pero no viola, los valores y reglas del Código de Etica.

INTRODUCCIÓN

El Código de Etica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires consta de una introducción, un Preámbulo, cinco Principios Generales (A-E) y Normas Eticas específicas. La Introducción discute la intención, organización, consideraciones de procedimiento y alcance de aplicación del Código de la Etica. El Preámbulo y los Principios Generales constituyen objetivos deseables que guían a los psicólogos hacia los más elevados ideales de la Psicología. Si bien el Preámbulo y los Principios Generales no son en si mismos reglas obligatorias, deberán ser considerados por los psicólogos miembros de la APBA al establecer cursos éticos de acción y pueden ser tenidos en cuenta por los cuerpos éticos para interpretar la Normas Eticas.

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Las normas Eticas establecen reglas de conducta profesional. La mayoría de las Normas Eticas están redactadas en términos generales, de manera tal que puedan ser aplicadas a los psicólogos que se desempeñan en roles diversos, pudiendo la aplicación de un Norma Etica variar según el contexto. Las normas Eticas no son exhaustivas, el hecho de que una conducta no esté específicamente tratada por el Código de Etica no significa que esta sea necesariamente ética o no ética. Asimismo el Código podrá ser reformado periódicamente en Asamblea de Socios en asuntos que surjan de la experiencia de su aplicación y a iniciativa que surgieran de la propia comunidad de psicólogos con la debida fundamentación.

La pertenencia a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires compromete a sus miembros a adherir a su Código de Ética y a las reglas y procedimientos que lo implementan. Este Código de Ética se aplica sólo a las actividades relacionadas con el ejercicio profesional del psicólogo, es decir, aquellas que forman parte de sus funciones científicas y profesionales que son psicológicas por naturaleza. Esas actividades profesionales pueden ser distinguidas de la conducta puramente privada de un psicólogo.

El propósito del Código de Etica es proporcionar reglas de conducta profesional que puedan ser aplicas por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y por otros organismos que decidan adoptarlas.
En el proceso de toma de decisiones relativas a su conducta profesional, los psicólogos deben considerar este Código de Etica además de las Leyes vigentes. Si el Código de Ética establece una norma de conducta superior a la exigida por la ley, los psicólogos deben cumplir con la regla ética más elevada. Si una cuestión no puede ser resuelta por el Código de Ética, los psicólogos deberían considerar otros materiales profesionales y el dictado de su propia conciencia, así como consultar con otras personas dentro de esa disciplina cuando ello resulte práctico.

Los procedimientos para la sustanciación de las causas por la conducta contrapuesta a lo establecido en el presente Código de Ética se regirán por las normas procésales que al efecto dicte la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

Las medidas que puede tomar la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires por violaciones al Código de Ética incluyen acciones tales como amonestación, suspensión y expulsión. Los damnificados que buscan soluciones tales como indemnizacion económica, daños y perjuicios, etc., alegando violación a la ética por parte de un psicólogo deben recurrir a la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

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El Código de Ética de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires ha tomado como antecedentes:

  1. a)  Los Códigos de Ética de varios Consejos y Colegios Profesionales de Psicólogos del país, especialmente de Córdoba y Jujuy.
  2. b)  El Código de Ética del Psicólogo del Consejo Regional de Psicología, 8° región, Paraná, Brasil y el Código Deontológico del Psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, España.
  3. c)  El Código de Etica de la Asciación de Psicólogos de Buenos Aires ha hecho suya en gran parte la forma organizativa del Código Etico de la American Psychological Association de Estados Unidos de Norteamérica en su versión de diciembre de 1992, así como la gran parte de su letra, por considerar que tanto organización como letra reflejan la experiencia de más de 100 años de ejercicio de la profesión en ese país , como así también más de 50 años de aplicación del Código de Etica.

PRINCIPIOS GENERALES A. Competencia

Los psicólogos se esfuerzan por mantener niveles elevados de idoneidad en su trabajo.Reconocen las fronteras de sus competencias particulares y las limitaciones de su pericia. Proveen solamente aquellos servicios y utilizan solamente aquellas técnicas para las que están calificados por la formación académica, capacitación o experiencia. Los psicólogos conocen que las competencias que se requieren en la asistencia, enseñanza y/o estudio de grupos de personas varían con las características diversas de dichos grupos.

En aquellas áreas para las que aún no existen normas profesionales reconocidas, los psicólogos ejercen un juicio cuidadoso y toman las precauciones apropiadas para proteger a aquellos con quienes trabajan. Ellos mantienen actualizado el conocimiento de la información científica y profesional relevante relacionada con los servicios que brindan y reconocen la necesidad de una educación continua. Los psicólogos hacen un uso apropiado de los recursos científicos, profesionales, técnicos y administrativos.

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B. Integridad

Los psicólogos buscan promover la integridad en la ciencia, docencia y práctica de la Psicología. Al describir o informar acerca de sus calificaciones, servicios, honorarios, investigación o docencia no hacen declaraciones que sean falsas o engañosas. Los psicólogos son sumamente prudentes frente a nociones que degeneren en etiquetas devaluadoras o discriminatorias.

Los psicólogos se empeñan en ser conscientes de sus sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones y del efecto que éstos tienen sobre su trabajo.

Tratan de clarificar a las partes acerca de los roles que están desempeñando y de funcionar según esos mismo roles. Los psicólogos evitan las relaciones duales inadecuadas y potencialmente dañinas.

C. Responsabilidad profesional y científica

Los psicólogos mantienen normas profesionales de conducta, clarifican sus roles y obligaciones profesionales, asumen la responsabilidad apropiada, y adecuan sus prácticas a las necesidades de las diferentes poblaciones en la medida de lo posible.

Los psicólogos consultan, derivan o colaboran con otros profesionales o instituciones en la medida necesaria para servir a los mejores intereses de sus pacientes u otros receptores de sus servicios.
Las normas y conductas morales de los psicólogos en su vida privada son asuntos personales, excepto cuando la conducta de los psicólogos pueda comprometer sus responsabilidades profesionales.

Los psicólogos no prestarán su nombre ni firma a personas que ilegítimamente, sin la titulación y preparación necesarias, realicen actos de ejercicio de la Psicología.
Los psicólogos se preocupan por lograr el cumplimiento ético de la conducta científica y profesional de sus colegas.

D. Respeto por los derechos y la dignidad de las personas

Los psicólogos otorgan el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas y no participan en prácticas discriminatorias.
Respetan el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía.

Los psicólogos son conscientes de las diferencias culturales e individuales, incluyendo aquellas debidas a la edad, género, raza etnicidad, origen nacional, religión, orientación sexual, incapacidad, lengua y condición

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socioeconómica.
El psicólogo, en el ejercicio de su profesión adhiere a la definición de sus responsabilidades, derechos y deberes, de a cuerdo a los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Naciones Unidas.

E. Responsabilidad Social

Los psicólogos se preocupan y trabajan para mitigar las causas del sufrimiento humano.
En sus acciones profesionales tienen en cuenta los derechos de sus pacientes o clientes, estudiantes, participantes de investigación y otras personas afectadas Los psicólogos tratan de evitar el mal uso de su trabajo. Los psicólogos cumplen con la Ley y promueven el desarrollo de leyes y de políticas sociales que, desde el punto de vista psicológico, benefician a la comunidad.

NORMAS ETICAS 1. NORMAS GENERALES

Estas normas Generales son potencialmente aplicables a las actividades profesionales y científicas de todos los psicólogos.

1.01- Aplicabilidad del código de Ética

La actividad de un psicólogo sujeto al Código de Ética puede ser revisada bajos estas Normas Éticas sólo si forma parte de las funciones relacionadas con su trabajo o si es psicológica por naturaleza. Las actividades personales que no tienen conexión o efectos en roles psicológicos, no están sujetas al Código Ética.

1.02- Relación entre Etica y Ley

a) Si las responsabilidades éticas de los psicólogos están en conflicto con la ley, los psicólogos hacen saber su compromiso con el Código de Ética y dan los pasos para resolver el conflicto de manera responsable.
b) Al desempeñarse en roles forenses, los psicólogos están razonablemente familiarizados con las reglas que rigen sus roles. Son conscientes de las demandas que pueden tener sobre ellos estos principios y los requerimientos de la corte, e intentan resolver esos conflictos haciendo saber su compromiso con este Código de Ética y dando los pasos para resolver el conflicto de un modo responsable.

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1.03 – Relación Profesional Científica

Los psicólogos prestan servicios psicológicos de diagnóstico, terapia, investigación supervisión, consulta u otro tipo de servicios psicológicos profesionales, únicamente en el marco de una relación o rol profesional o científico definido.

1.04 – Límites de la Competencia

a) Los psicólogos prestan servicios, enseñan, llevan adelante investigaciones y cumplen funciones de dirección y coordinación, basados en su formación académica, capacitación supervisión o adecuada experiencia profesional y sólo dentro de los límites de la competencia.
b) Cuando el psicólogo considera que alguna característica particular de los individuos o grupos que lo consultan pueden afectar de manera significativa su desempeño profesional (por ejemplo raza, etnicidad, religión, discapacidad o lengua) obtiene la capacitación, experiencia, consulta o supervisión necesarias para asegurar la competencia de sus servicios o realiza la derivación pertinente.
c) Los psicólogos no prestan servicios diagnósticos o psicoterapéuticos utilizando medios que no hayan sido debidamente experimentados o aprobados en centros universitarios o científicos del país.
d) Los psicólogos prestan servicios, enseñan y llevan adelante investigaciones en áreas nuevas para él que involucren técnicas nuevas para el sólo después de haber realizados estudios adecuados, capacitación, supervisión y/o consulta con personas competentes en esas áreas o técnicas.
e) En aquellas áreas en que aún no existen normas universalmente reconocidas para la capacitación preparatoria, los psicólogos toman igualmente las medidas necesarias para asegurar la competencia de su trabajo y para proteger de daños a los pacientes, clientes, estudiantes, participantes de la investigación u otros.

1.05 – Actualización de conocimientos

Los psicólogos que se dedican a la evaluación, terapia, docencia, investigación, consultoría institucional, dirección o coordinación y otras actividades profesionales, mantienen un razonable nivel de actualización en la información científica y profesional de sus campos de actividad y realizan esfuerzos permanentes para mantener la competencia en sus áreas de acción.

1.06 – Fundamentos para los juicios Científicos

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Cuando los psicólogos emiten juicios científicos y profesionales o cuando secomprometenenemprendimientosacadémicos oprofesionales,lo hacen apoyados en sus conocimientos originados científica y profesionalmente.

1.07 – Descripción de la Naturaleza y Resultados de los Servicios Psicológicos

a) Cuando los psicólogos realizan evaluación, tratamiento, orientación, supervisión, docencia, consultas, investigación u otros servicios psicológico a un individuo, grupo o institución, lo hacen utilizando un lenguaje que sea comprensible para el receptor de esos servicios, proveen información acerca de la naturaleza de esos servicios antes de realizarlos e información apropiada acerca de sus resultados y conclusiones posteriormente.

b) Si por razones legales o de sus roles institucionales, los psicólogos no pudieran proveer tal información, deben hacerlo saber a los individuos o grupos con los que trabajan, al inicio del servicio.

1.08 – Problemas y Conflictos Personales

a) Los psicólogos reconocen que sus problemas y sus conflictos personales pueden interferir con su eficacia. En consecuencia, evitan emprender una actividad cuando saben o deberían saber que es probable que sus problemas personales dañen al paciente, cliente, colega, estudiante, participante de la investigación u otra persona hacia quien puedan tener una obligación profesional o científica.

b) Además, los psicólogos tienen la obligación de estar alertas para detectar tempranamente sus problemas personales y de obtener ayuda para prevenir que su desempeño se vea alterado de manera significativa. c) Cuando los psicólogos advierten problemas personales que pueden interferir con el correcto desempeño de su trabajo, toman medidas adecuadas, tales como consultar u obtener ayuda profesional y determinar si deberían limitar, suspender o concluir sus tareas laborales.

1.09 – Mal uso de la Influencia del Psicólogo

Debido a que los juicios y acciones científicos y profesionales de los psicólogos pueden afectar la vida de otros, ellos están en alerta y se cuidan de los factores personales, financieros, sociales, institucionales o políticos que puedan conducir a un mal uso de su influencia.

1.10- Mal Uso del Trabajo de los Psicólogos

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a) Los psicólogos no participan en actividades en las que parece probable que sus capacidades o datos serán mal usados por otro, a menos que existan mecanismos correctivos disponibles.
b) Si los psicólogos se enteran del mal uso o mala representación de su trabajo, dan los pasos necesarios para corregir o minimizar el mal uso o la mala representación.

1.11 – Relaciones Múltiples

a) En muchas comunidades y situaciones puede no ser posible o razonable que los psicólogos eviten contactos sociales otros no profesionales con personas tales como pacientes, clientes, familiares o allegados a pacientes. Los psicólogos deben ser siempre sensibles a los potenciales efectos dañinos que otros contactos tengan sobre su trabajo y sobre aquellas personas con quienes tratan. Un psicólogo se abstiene de prometer o entrar en una relación personal, científica profesional, financiera, o de otro tipo con tales personas, si parece probable que tal relación podría debilitar su objetividad o interferir de otra forman en el desempeño efectivo de sus funciones como psicólogo o podría dañar o explotar a la otra parte.

b) Del mimo modo, cuando sea posible, un psicólogo se abstiene de asumir obligaciones profesionales o científicas cuando la s relaciones preexistentes crearían el riesgo de tal daño.
c) Si un psicólogo encuentra que, debido a factores no previstos una relación múltiple potencialmente dañina se ha originado, intenta resolverla con el debido respeto hacia los mejores intereses de la persona afectada y el máximo cumplimiento del Código de Ética.

1.12 – Relaciones de Explotación

a) Los psicólogos no se aprovechan de las personas sobre las cuales tienen autoridad de supervisión, evaluación o de otro tipo, tales como estudiantes, supervisados, empleados, participantes de investigación y clientes o pacientes.

b) Los psicólogos no se involucran en relaciones sexuales con pacientes así como tampoco con estudiantes o supervisados en proceso de capitación sobre los cuales tienen autoridad directa o de evaluación, porque es altamente probable que tales relaciones disminuyan la capacidad de djui8cio o sean de explotación.

1.13 – Acoso Sexual

a) Los psicólogos no se involucrarán en situaciones de acoso sexual. El acoso sexual consiste en requerimientos sexuales, avances físicos o conducta verbal no verbal de naturaleza sexual, vinculados con las

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actividades o roles del psicólogo como tal, y que (1) no sean bien venido, es ofensivo o crea un ambiente de trabajo hostil y el psicólogo lo sabe o fue informado de ello; o (2) es suficientemente grave o intensa para ser abusiva para una persona razonable en ese contexto. El acoso sexual puede consistir en un solo acto intenso o grave, o en múltiples actos persistentes o reiterados.

1.14 – Consultas, Derivaciones, Internaciones y Externaciones

a) Los psicólogos disponen las consultas y derivaciones apropiadas basados principalment4e en los mejores intereses de sus clientes o pacientes con el consentimiento apropiado y en todos los casos a profesionales habilitados legalmente.

b) Los psicólogos aconsejan internaciones y externaciones de las personas que asistan respetando su voluntad, salvo en los casos que contempla la ley.
c) Cuando esté indicado y sea profesionalmente adecuado, los psicólogos cooperan con otros profesionales a fin de servir de manera efectiva y adecuada a sus pacientes o clientes.

1.15 – Requerimientos de Servicios a Terceros

a) Cuando un Psicólogo acuerda prestar servicios a un apersona o entidad a pedido de un tercero, clarifica en la medida de lo posible al iniciar el servicio, la naturaleza de la relación con cada parte. Esta clarificación incluye el rol del psicólogo (como terapeuta, consultor institucional, diagnosticador o testigo experto), los usos probables de los servicios prestados o de la información obtenida y el hecho de que puedan haber límites a la confidencialidad.

b) Si existe riesgo previsible de que el psicólogo sea llamado a desempeñar roles conflictivos debido a la involucración de una tercera parte, él o ella clarifican la naturaleza y dirección de sus responsabilidades, mantiene a todas las partes debidamente informadas a media que se desarrolla y resuelve la situación de acuerdo a este Código de Ética.
c) Una relación profesional previa con una de las partes no excluye a los psicólogos de comparecer como testigo de hecho o de testimoniar su servicio en el grado permitido por la ley aplicable. Los psicólogos toman en cuenta de manera adecuada las formas en que la relación previa podría afectar sus opiniones y objetividad profesional y dan a conocer el conflicto potencial e la s partes interesadas.

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1.16 – Delegación y Supervisión

a) Los psicólogos delegan a sus empleados, supervisados, asistentes de investigación y personas que están bajo su dirección o coordinación, sólo aquellas responsabilidades que pueden esperarse que tales personas desempeñen completamente según su habilitación profesional, basados en su formación académica, capacitación o experiencia, a sea en forma independiente o con el nivel de supervisión que se les provee.

b) Los psicólogos brindan capacitación y supervisión adecuada a sus empleados o supervisados y dan los pasos necesarios APRA observas que tales personas realicen los servicios responsable, competente y éticamente.

c) Si las políticas, procedimientos o prácticas institucionales impiden el cumplimiento de esta obligación, los psicólogos intentan corregir la situación en la medida de lo posible.

1.17 – Documentación de Trabajo Profesional y Científico.

Los psicólogos en instituciones documentan adecuadamente su trabajo profesional y científico a fin de facilitar más tarde la provisión de servicios por ellos mismos o por otros profesionales y de cumplir con otros requisitos institucionales o legales.

1.18 – Requisitos y Datos

Los psicólogos crean, mantienen, difunden, guardan, retienen y eliminan los registros y datos relacionados con su investigación, práctica y otros trabajos, de acuerdo con la ley y de una manera que permita el cumplimiento con los requerimientos de este Código de Ética.

1.19 – Honorarios y Acuerdos Financieros

a) Lo antes posible en una relación profesional o científica, el psicólogo y el paciente, cliente y otro receptor adecuado de los servicios psicológicos, llegan a un acuerdo especificando la retribución y los modos de facturación.

b) Los psicólogos no utilizan sus honorarios APRA explotar a los receptores de sus servicios o a quienes los pagan.
c) Si es posible anticipar limitaciones a los servicios debido a limitaciones en el financiamiento, se lo discute con el paciente, cliente y otro receptor adecuado de los servicios, tan pronto como sea posible.

d) Si el paciente, cliente y otro receptor de los servicios no paga por ellos de acuerdo a lo convenido y si el psicólogo desea utilizar agencias de cobro o medias legales para recaudar honorarios, el psicólogo informa antes a la

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persona que se van a tomar tales mediadas y le brinda una oportunidad de hacer un pronto pago.

1.20 – Derivaciones y Honorarios

Cuando un psicólogo paga, recibe un pago, o comparte honorarios con otro profesional en una relación distinta de la de empleados-empleado, el pago a cada uno se basa en los servicios (clínicos, de consulta, administrativos, y otros) provistos y no en la derivación en sí misma.

2. EVALUACIÓN O INTERVENCIÓN
2.01- Evaluación, Diagnóstico e Intervenciones en un Contexto Profesional

a) Los psicólogos realizan evaluaciones, psicodiagnósticos o intervenciones sólo en el contexto de una relación profesional definida.
b) Sus evaluaciones, recomendaciones, declaraciones, informes psicodiagnósticos o informes en general se basan en información y técnicas (incluyendo entrevistas personales al individuo cuando sea apropiado) suficientes para proveer sustentación apropiada para sus hallazgos.

c) Los informes o testimonios forenses que los psicólogos realizan una forma oral o escrita acerca de las características psicológicas del individuo sólo pueden llevarse a cabo después de haber realizado un examen adecuado para sustentas sus declaraciones o conclusiones.
Cuando a pesar de los esfuerzos razonables, tal examen no es factible, los psicólogos dejan aclarado el efecto que esta información limitada tiene sobre la confiabilidad y validez de sus testimonios e informes y limitan adecuadamente la naturaleza y alcance de sus conclusiones o recomendaciones.

2.02 – Competencia y Uso Apropiado de las Evaluaciones e Intervenciones

a) Los psicólogos que realizan intervenciones o administran, califican, interpretan, utilizan técnicas de evaluación o construyen tests, están familiarizados con la confiabilidad, validación y estandarización o estudios resultantes conexos, y las aplicaciones, y usos adecuados de las técnicas que utilizan.

b) Los psicólogos que desarrollan, administran, califican, interpretan o utilizan técnicas de evaluación psicológica, entrevistas, tests o instrumentos lo hacen de forma y con propósitos que son adecuados a la ley de la investigación o de la manifiesta utilidad y aplicación apropiada de las técnicas.

c) Los psicólogos evitan hacer una mal uso de las técnicas de evaluación, intervenciones, resultados e interpretaciones y toman precauciones

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adecuadas para prevenir que otros hagan un mal uso de la información que esta técnicas proveen. Esto incluye abstenerse de dar a conocer los resultados de los tests o los datos e bruto a personas que no están calificadas para utilizar tal información, con la sola excepción de pacientes o clientes cuando ello sea apropiado.

d) Los psicólogos reconocen límites a la certeza con la que se pueden hacer diagnósticos, juicios y predicciones acercad de los individuos.

2.03 – Uso de la Evaluación con Poblaciones Especiales

Los Psicólogos procuran situaciones en las cuales intervenciones o técnicas de evaluación puedan no ser aplicables o puedan requerir ajuste en la administración o interpretación a causa de factores tales como género, edad, raza, etnia, origen nacional, religión, orientación sexual, discapacidad, lengua o condición socio económica.

2.04 – Interpretación de los Resultados de la Evaluación. Sus Límites

Al interpretar los resultados de la evaluación incluyendo las interpretaciones automatizadas, lo s psicólogos toman cuenta de los diversos factores del test y las características de la persona que está siendo evaluada, los cuales podría afectar el juicio de los psicólogos o reducir la precisión de sus interpretaciones.

2.05 – Personas no Calificadas

Los psicólogos no promueven el uso de las técnicas de evaluación psicológica por personas no calificadas.

2.06 – Tests obsoletos y Resultados desactualizados de Tests
a) Los psicólogos no basan sus decisiones de evaluación o de intervención o sus recomendaciones, sobre datos o resultados desactualizados de tests. b) Tampoco basan tales decisiones o recomendaciones sobre tests y medida que no son obsoletos y/o no útiles para el propósito actual.

2.07 – Responsabilidad Profesional

a) Los psicólogos son responsables de la adecuada aplicación, interpretación y uso de los instrumentos de evaluación, ya sea que tabulen o interpreten tales pruebas ellos mismos o que utilicen servicios automatizados o de otro tipo.
b) Los psicólogos firman informes, evaluaciones, declaraciones y psicodiagnósticos sólo cuando los han efectuado y elaborado supervisado en forma personal.

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2.08 – Explicación y/o Devolución de los resultados de la evaluación

a) A menos que la naturaleza de la relación esté claramente explicitada por adelantado a la persona que está siendo evaluada y excluyen una explicación de los resultados (tal como en algunas consultorías institucionales u organizacionales, selecciones laborales o de seguridad y evaluaciones forenses), los psicólogos se aseguran que se provea una explicación de los resultados a la persona evaluad procurando utilizar un lenguaje razonablemente comprensible para ella. Sin tener en cuenta si la tabulación e interpretación son realizadas por el psicólogo, por asistentes o por servicios automatizados o externos, los psicólogos toman las mediadas razonablemente para garantizar que sean dadas las explicaciones adecuadas de los resultados.

b) Cuando la explicación de los resultados de la evaluación o el informe psicodiagnístico debe ser remitido por escrito a otro profesional que ha efectuado la derivación pertinente, los psicólogos utilizan un lenguaje adecuado para la comprensión apropiada de quien lo recibe sin exceder aquello que es pertinente a los propósitos que motivaron dicha derivación.

3. PUBLICIDAD Y OTRAS DECLARACIONES PUBLICAS

3.01 – Definición de Declaración Pública

Los psicólogos cumplen con éste Código de Ética e las declaraciones publicas referidas a sus servicios, productos o publicaciones profesionales del campo de la Psicología.
Las declaraciones públicas incluyen -pero no se limita- a publicidad paga o gratuita, catálogos, material impreso, listado de direcciones, currículum, entrevistas o comentarios para uso en los medios, declaraciones en procedimientos legales, conferencias y presentaciones públicas, y publicaciones.

3.02 – Declaración a Través de Otros

a) Los psicólogos que comprometen a personas en la creación o colocación de declaraciones públicas que promocionan su práctica, productos a actividades profesionales, conservan la responsabilidad profesional por tales declaraciones.

b) Además los psicólogos realizan esfuerzan razonables para prevenir que otros a quienes no controlan (tales como empleadores, editores, auspiciantes, clientes institucionales y representantes de los medios gráficos o de radio y televisión) realicen declaraciones engañosas relativas

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a la práctica de los psicólogos o de sus actividades profesionales o científicas.
c) Si los psicólogos se enteran de declaraciones engañosas acerca de su trabajo, hechas por otros, realizan esfuerzos razonables para corregir tales declaraciones.
d) Los psicólogos no retribuyen a los empleados de prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación, a cambio de la publicidad en un espacio de noticias.
e) Una publicidad paga, relativa a las necesidades del psicólogo, debe estar identificada como tal, a menos que ello se desprenda del contexto.

3.03 – Evitar Declaraciones Engañosas o Falsas

a) Los psicólogos no hacen declaraciones públicas que sean falsas, engañosas, desorientadas o fraudulentas, ya sea por lo que ellos establecen, transmiten o sugieren, p por lo que omiten, en relación con su investigación. Práctica y otras actividades laborales o de las personas y organizaciones con las que están asociados. Como ejemplos (no limitativos) de esta norma, los psicólogos no hacen declaraciones engañosas o falsas relativas a: 1) su capacitación, experiencia o competencia, (2) sus títulos académicos; (3) sus credenciales, (4) sus afiliaciones institucionales; (5) sus servicios; (6) los fundamentos científicos o clínicos, resultados logrado de éxito de sus servicios; (7) sus honorarios; u (8) sus publicaciones o hallazgos de la investigación

b) Los psicólogos exhiben como credenciales para su trabajo psicológico, únicamente títulos universitarios reconocidos por ley, y otros títulos obtenidos en instituciones educativos debidamente acreditadas.

3.04 – Presentación en los Medios

Cuando los psicólogos proveen consejos o comentarios por medio de conferencias públicas, demostraciones, programas de radio o televisión, cintas pre-grabadas, artículos impresos, material enviado por correo y otros medios, ellos toman precauciones razonables para asegurar que: (1) las declaraciones estén basadas en la práctica y la bibliografía psicológica apropiada, (2) las declaraciones son consistentes con este Código de Ética y (3) los receptores de la información no son inducidos a suponer que se ha establecido una relación de carácter personal con ellos.

3.05 – Testimonios

Los psicólogos solicitan el testimonio de pacientes en tratamientos o de otras personas que a causa de sus circunstancias particulares son vulnerables a influencias indebidas.

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4. TERAPIA
4.01 – Encuadre de la relación

a) Los psicólogos discuten con sus pacientes, en el contexto terapéutico y lo antes posible, temas pertinentes tales como la naturaleza y encuadre de la terapia, los honorarios y ala confidencialidad.
b) En la medida de lo razonable, los psicólogos se esfuerzan APRA contestas las preguntas de los pacientes para evitar malos entendidos evidentes acerca de la terapia.

4.02 – Consentimiento Informado para la Terapia

a) Los psicólogos obtienen el adecuado consentimiento informado para la terapia o procedimientos similares, usando un leguaje razonablemente comprensible para los participantes. El contenido del consentimiento informado variará dependiendo de muchas circunstancias: sin embargo esta implica generalmente que la personala (1) tiene la capacidad de consentir, (2) ha sido provista de la información significativa relativa al procedimiento, (3) ha manifestado el consentimiento libremente y sin influencias indebidas.

b) Cuando las personas son incapaces legalmente de dar un consentimiento informal, los psicólogos obtienen el permiso informado de una persona legalmente autorizada, si tal consentimiento sustituto está permitido por la ley.
c) Además, los psicólogos: (1) informan a esas personas legalmente incapaces de dar consentimiento informado, sobre las intervenciones propuestas, y lo hacen mesurando sus capacidades psicológicas, (2) procuran su acuerdo con esas intervenciones, y (3) tiene en cuenta las preferencias y los mejores intereses de tales personas.

4.03 – Relaciones de Pareja y Familia

a) Cuando una psicólogo acuerda prestar servicios a varias personas que tienen relación entre sí (tales como esposo y esposa o padres e hijos), el psicólogo intenta aclarar en el encuadre preliminar: (1) cuáles de esos individuos son pacientes y (2) la relación que el psicólogo tendrá con cada persona. Esta aclaración incluye el papel del psicólogo y los usos probables de los servicios prestados o de la información obtenida.

b) En cuanto se hace evidente que el psicólogo puede ser convocado para desempeñar roles potencialmente conflictivos (tales como terapeuta de parejo o familia y luego testigo de una de las partes en un trámite de divorcio), el psicólogo intenta clarificar y ajustar su rol o retirarse adecuadamente de esa función,

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4.04 – Servicios de Salud Mental a Quienes ya se Encuentra Recibiéndolos de Otros

Al decidir si ofrecer o proveer servicios de salud mental a aquellos que ya se encuentra recibiéndolos en otra parte, los psicólogos consideran cuidadosamente las cuestiones relativas al tratamiento y al bienestar del potencial paciente. El psicólogo discute estos asuntos con el paciente, o con otra persona autorizada legalmente en su nombre, a fin de minimizar el riesgo de confusión y conflicto, consulta con el otro proveedor de servicios, cuando esto sea apropiado, y procede con cuidado y sensibilidad ante las cuestiones terapéuticas. Ene le caso de que fuera un tratamiento de la misma naturaleza, una pesicoterapia, lo indicado es la interrupción de la terapia anterior por aparte del paciente, antes de comenzar un nuevo tratamiento.

Sin embargo, dado que hay situaciones en que es legítimo y oportuno que un paciente (a partir de determinadas vicisitudes del proceso clínico del que participa) consulte a un nuevo profesional psicólogo sin haber interrumpido el tratamiento en curso, corresponde en tales casos al segundo profesional, asegurarse de que el primero esté informado y tengo oportunidad de participar – en el contexto de una relación de colaboración- en el proceso de reflexión conjunta que de esa manera pueda abrirse.

4.05 – Intimidad Sexual con Pacientes Actuales
Los psicólogos no se involucran sexualmente con pacientes actuales. 4.06 – Terapia con Partenaires Sexuales Anteriores

Los psicólogos no aceptan como paciente a personas con las cuales han estado involucradas sexualmente.

4.07 – Interrupción de los Servicios por Razones de Fuerza Mayor

a) Los psicólogos hacen esfuerzos razonables APRA planificar una facilitación de los cuidados cuando los servicios psicológicos son interrumpidos por factores tales como enfermedad, muerte, indisposición o traslado del psicólogo, por limitaciones fía nacieras o traslado del paciente.

b) Cuando se establecen relaciones laborales o contractuales, los psicólogos proveen una ordenada y apropiada resolución de las responsabilidades APRA el cuidado de los pacientes o clientes en caso que el empleo en relación contractual finalice, poniendo la mayor consideración en el bienestar del paciente.

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4.08 – Finalización de la relación Profesional

a) Los psicólogos terminan una relación profesional cuando se hace razonablemente claro que el paciente no necesita más el servicio, éste no le es beneficioso, o está siendo dañado por su continuación
b) Cualquiera sea la razón de la terminación, salvo si es causada por el paciente, el psicólogo discute antes el punto de vista del pacientes y sus necesidades. En caso de ser necesario, provee orientación apropiada antes de la terminación, sugiere servicios alternativos de profesionales y/o pasos necesarios APRA facilitar la transferencia de responsabilidad.

5. SECRETO PROFESIONAL

Estas normas son potencialmente aplicables a las actividades profesionales y científicas de todos los psicólogos

5.01 – Discusión de los Límites del Secreto Profesional

a) Los psicólogos discuten con las personas y organizaciones con quienes establecen una relación científica o profesional (incluyendo en la medida de lo posibles, a los menos y sus representantes legales); (1) las limitaciones relevantes en la confidencialidad, incluyendo las limitaciones aplicables en un grupo, matrimonio, y terapia familiar o en la consultoría institucional, y (2) los usos previsibles de la información obtenida a través de sus servicios

b) A menos que no sea factible o sea contraindicado, la discusión acerca de la confidencialidad tiene lugar al comienzo de la relación y de allí en adelante como permitan garantizarlo las nuevas circunstancias.

5.02 – Mantener la confidencialidad

Los psicólogos tienen una obligación primordial y toman las precauciones razonables para respetar los derechos a la confidencialidad de aquellos con quienes trabajan o consultan, reconociendo que esa confidencialidad está establecido lo la Ley del Ejercicio Profesional, por reglas instituciones y/o por relaciones profesionales o científicas.

5.03 – Minimizar Intrusiones en la Privacidad

a) Al fin de minimizar intrusiones de la privacidad, los psicólogos incluyen en sus informes orales y escritos, consultas y otro s similares, únicamente la información relativa al propósito para el que la comunicación ha sido realizada

b) Los psicólogos discuten la información confidencial obtenida en

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relaciones clínicas o de consulta, lo los datos de evaluaciones concernientes a pacientes, clientes individuales o institucionales, estudiantes, participantes de investigación supervisados y empleados únicamente con fines científicos o profesionales apropiados y exclusivamente con personas claramente involucradas en tales materias.

5.04 – Cuando se trate de trabajo profesional en equipo, sobre todo los miembros del mismo persa la obligación de guardar el secreto profesional.

5.05 – El deber de guardar secreto profesional subsiste aún después de concluida la relación con el consultante
.
5.06 – Los psicólogos no usan en provecho propio las confidencias recibidas en ejercicio de su profesión, salvo que tuvieran expreso consentimiento de los interesados.

5.07 – Límites de Secreto Profesional

Los psicólogos dan a conocer información confidencial sine l consentimiento del individuo, únicamente para:
1) Proveer servicios profesionales necesarios al paciente o al cliente institucional o individual
2) Obtener consultas profesionales apropiadas,
3) Obtener el pago de servicios, en cuyo caso la revelación de información se limita al mínimo necesario para lograr el objetivo
4) Cuando el psicólogo ha sido comisionado por autoridad competente.
5) Cuando se trate de menores de edad y sus padres o las personas a cuyo cargo se encuentran, necesitan ser informados para el mejor tratamiento de los menores. En este caso,, la información deberá suministrarse sólo dentro de lo que fuera estrictamente imprescindible al efecto indicado, e informado de ello al menos, toda vez que esto fuera viable.
6) Cuando el psicólogo actúe en una empresa, escuela, tribunal y otra institución, al rendir informe sobre las personas que se le envíen para examen o evaluación, lo que requiere de todas maneras -quien estas personas conozcan y acepten el hecho de que se trata de una evaluación – (Excepción hacha – en lo que hacer a la aceptación de una evaluación -de aquellos casos en los que, por determinación judicial, ésta es compulsiva. 7) Cuando el psicólogo fuere acusado criminalmente por su consultante, en este caso podrá dar a conocer cuestiones alcanzadas por el deber del secreto profesional, pero sólo dentro de los límites de lo que fuera indispensable para su propia defensa.
8) Cuando se trata de evitar la comisión de un delito a evitar los daños derivados del mismo.
9) Cuando así lo exija la situación del propio consultante, debido a que

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éste, por causa de su estado, presumiblemente haya de causarse un daño o causarlo a los demás.
10) Los psicólogos también pueden reverla información confidencial con el apropiado consentimiento del paciente o del cliente institucional o individual (o de otra persona autorizada legalmente a su nombre.

5.08 – Conservación de Registros

Los psicólogos garantizan una apropiada confidencialidad al crear almacenar, acceder, transferir y eliminar registros bajo su control, ya sea que éstos estén escritos, automatizados o en otro medio. Los psicólogos mantienen y eliminan los registros de acuerdo con la ley y en un modo que permita cumplir con los requisitos de este Código de Ética.

5.09 – Consultas

Cuando consultan con colegas, (1) los psicólogos no comparten información confidencial que puedan conducir a la identificación de un placiente, cliente, participante de investigación, otra persona organización con quien ellos tienen una relación confidencial, a menos que hayan obtenido previamente el consentimiento de la persona y organización o que la revelación no pueda ser evitada, y (2) comparten información sólo en el grado necesario para lograr los propósitos de la consulta.

5.10 – Información Confidencial en Bases de Datos

a) Si la información confidencial concerniente a receptores de servicios psicológicos va a ser ingresada en bases de datos y otros sistemas de registros disponible para personas cuyo acceso no ha sido consentido por el receptor, entonces los psicólogos usan una codificación y otras técnicas para evitar la inclusión de identificadores personales.

b) Si un protocolo de investigación aprobado por un comité institucional de revisión y otro cuerpo similar, requiere la inclusión de elementos que permitan una identificación individual, tales identificadores son borrados antes de que a información se haga accesible a personas.

c) Si tal eliminación no es factible, l0s psicólogos, antes de transferir tales datos o revisar los obtenidos por otros, dando los pasos necesarios para determinar que el consentimiento apropiado de los individuos personalmente identificables ha sido obtenido.

5.11 – Uso de Información Confidencial para ]Docencia y Otros Fines

a) En sus escritos, conferencias y otros medios públicos, los psicólogos no revelan la información confidencial, individualmente identificable, relativa a sus pacientes, institucionales o individuales, estudiantes, sujetos de

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investigación y otros receptores de sus servicios, obtenida durante el curso de su trabajo, a menos que la persona y organización haya consentido por escrito o exista al menos otra autorización legal o ética para hacerla.
b) Habitualmente, en dicha s presentaciones profesionales y científicas, los psicólogos disfrazan la información confidencial concerniente a tales personas y organizaciones, de modo tal que ellas no sean individualmente identificables para los demás y que las discusiones no dañen a aquellos sujetos que pudieran reconocerse a sí mismos.

5.12 – Propiedad de Registros de Datos

Al reconocer que la propiedad de registros y datos está regida por principios legales, los psicólogos toman las mediadas lícitas y razonables para que registros y datos permanezcan disponibles en la medida necesaria para servir a los mejores intereses de paciente, clientes institucionales o individuarles, sujetos de investigación y otros.

6. DOCENCIA, SUPERVISIÓN DE CAPACITACION, INVESTIGACION Y PUBLICACIÓN

6.1 – Docencia y Capacitación Profesional

Los psicólogos responsables de programas de Capacitación profesional aseguran que los mismos estén diseñados de manera de satisfacer los requerimientos necesarios para cumplir con el ejercicio profesional de la psicología.

a) Los psicólogos responsables de programas de educación y capacitación se aseguran que exista una descripción del contenido del programa, de sus objetivos y metas de capacitación y requisitos que se deben cumplir copara completas satisfactoriamente el programa. Esta información debe ser precisa no engañosa y fácilmente accesible a todas las partes interesadas. b) En la medida en que tienen control sobre ellos, los psicólogos responsables de anuncios, catálogos, folletos o publicidades que describan talleres, seminario y otros programas educacionales extracurriculares, asegura que ellos describan de manera prevista el público al cual están destinados, los objetivos educativos, los docentes a cargo y los costos que involucran.
c) Los psicólogos garantizan el nivel académico de aquellos docentes involucrados en la enseñanza (Capacitación y entrenamiento): Los mismos reconocen el poder que se puede desprender de su rol sobre sus estudiantes y supervisados.
d) Los psicólogos responsables de programas de capacitación profesional que se desarrollan en instituciones con las cuales han establecido convenio

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o contrato, no utilizan su influencia para derivar alumnos a su práctica privada personal o a otra institución en función de su beneficio personal, mientas dure la relación contractual o convenio con la primera.

6.02 – Límites en la Docencia

Los psicólogos enseñan el uso de técnicas y procedimientos psicológicos solamente a profesionales con título habilitarte para el ejercicio de los mismos y estudiantes de las carreras que conducen a tal habilitación, con la salvedad que esto no autoriza l a los estudiantes al ejercicio profesional. Con la misma salvedad, los psicólogos imparten conocimientos de Psicología a profesionales y estudiantes de otras disciplinas cuya práctica profesional, investigativa o docente requiere de sus conocimientos.

6.03 – Investigación

a) Al planificar, diseñar y/o conducir investigaciones e informar sobre sus resultados, los psicólogos lo hacen dé acuerdo con las normas éticas reconocidas que rigen la investigación.
b) Los psicólogos implementan todos los recaudos para garantizar los derechos y el bienestar de las personas que participan en la investigación, o están afectadas de alguna forma por ella, así como también cuidan el bienestar de los animales utilizados en investigación.

c) Al planificar sus investigaciones los psicólogos toman todos los recaudos para minimizar la posibilidad de que sus resultados sean engañosos.
d) Los investigadores a cargo de una investigación asumen la responsabilidad de conducirse éticamente. Su responsabilidad se hace extensiva a quienes bajo su supervisión o control trabajen en ella.

e) A los investigadores y asistentes sólo loes está permitido desarrollar aquellas tareas para las que están debidamente entrenados y preparados. f) Los que planifican y conducen investigaciones lo hacen dé acuerdo con las leyes y normas específicas que rigen en el país.
g) Previo a iniciar una investigación los psicólogos obtienen el acuerdo explícito de los participantes, debidamente documentado, a quienes se les habrá informado con claridad la naturaleza de la investigación y las responsabilidades de cada parte.
La excepción a esa norma son las investigaciones que involucran sólo encuestan anónimas, observaciones naturalísticas (no creadas en forma experimental) o similar.
h) Los psicólogos también obtienen el acuerdo explícito documentado de los participantes de una investigación cuando ésta involucra grabaciones magnetofónicas o filmaciones excepto cuando éstas sean parte de observaciones naturalísticas en lugares públicos y no involucren el uso con files que dañen la intimidad de las personas.

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i) Los sujetos que participen en investigaciones deberán poder optar, luego de informarse sobre la naturaleza de la investigación acerca de los riesgos si los hubiere o limitaciones a la confiabilidad, entre participar o retirarse. j) Cuando la investigación involucra a estudiantes o subordinados éstos deben tener la libertad de poder participar o retirarse y si dicha investigación es un requerimiento debe poder ser suplantada por otra actividad alternativa.

k) Cuando las personas involucradas en investigación son legalmente incapaces de dar su consentimiento, el psicólogo obtienen el consentimiento correspondiente de la persona legalmente autorizada para otorgarlo.

l) Los psicólogos sólo utilizan técnicas de engaño en la obtención de datos arara una investigación cuando éstas estén debidamente justificadas y no existan alternativas equivalentes. En estos casos los participantes deben ser informados lo antes posible de la verdadera naturaleza de la investigación

m) Los participantes de una investigación deberán en la medida de lo posible,serinformadosdelosresultados yconclusionesdela investigación en la que participaron
n) Al dar cuenta de los resultados los psicólogos no fabrican ni falsean los datos.

6.04 – Publicación

a) Los psicólogos no presentan como propios, datos, resultados o textos o parte de textos de otros. Igualmente evitan cualquier otra forma de plagio y no publican como original materiales que ya fueron previamente publicados a menos que la republicación se acompañe de la cita o referencia correspondiente. Esto último vale para publicaciones ajenas o propias

b) Cuando los resultado de una investigación son publicados los psicólogos cooperan poniendo a disposición de otros investigadores el material para que pueda reanalizarse siempre y cuando esto no afecte la confidencialidad de los participantes.

7. RESOLUCIÓN DE ASUNTOS ETICOS

7.01 – Familiaridad con el Código de Ética

Los psicólogos tienen la obligación de esta familiarizados con este Código de ética. La falta de conocimiento o mala comprensión de una norma ética no es en sí misma una defensa a cargo de conducta no ética.

7.02 – Confrontación de Puntos Éticos

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Cuando un psicólogo no está seguro si una situación particular o un curso de acción podría violar este Código de Ético, consulta con otros psicólogos conocedores de los temas éticos, con el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires o con otras autoridades apropiadas a fin de elegir una respuesta adecuada.

7.03 – Resolución Informal de Violaciones a la Ética

Cuando los psicólogos consideran que puede haber existido una violación a la ética por parte de otro psicólogo, intentan resolver el punto llamando la atención de ese colega, siempre que una resolución informal aparezca como apropiada y la intervención no infrinja derechos de secreto profesional que puedan estar involucrados.

7.04 – Informe de Violaciones a la Ética

Si una evidente violación a la ética no se presta para su resolución informal o no es resuelta adecuadamente de este modo, los psicólogos encaran una acción adicional acorde a la situación, a menos que tal acción entre en conflicto con derechos de secreto profesional. Tal acción podría incluir la derivación al Tribunal de gética y Disciplina de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

7.05 – Cooperación con comités de Ética

Los psicólogos colaboran en investigaciones éticas, procedimientos y otros requerimientos emanados de la Asociación de Psicólogos de buenos Aires o de cualquiera Asociación psicológica a las que ellos pertenecen. Al hacerlo, se esfuerzan para resolver cualquier punto con respecto al secreto profesional. La no colaboración es en si misma una violación a la ética.

7.06 – Quejas inadecuadas

Los psicólogos no dejan registradas denuncias éticas que son vanas y están destinadas a dañar al demandado más que a proteger al público.

Ley de Discapacidad 22.431

Derecho Para Todos

Legislación
Sistema de Protección Integral

Ley 22431
Sistema de protección integral de las personas discapacitadas

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Ley 22.431

INSTITUCION DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

BUENOS AIRES, 16 de Marzo de 1981 BOLETIN OFICIAL, 20 de Marzo de 1981 Vigentes
Decreto Reglamentario

Decreto Nacional 498/83
*REGLAMENTA ARTICULOS 3 AL 9, 11, 12, *15, 20, 22, 24. Decreto Nacional 914/97
REGLAMENTA ARTICULOS 20, 21 Y 22

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

TITULO I
NORMAS GENERALES (artículos 1 al 5) CAPITULO I

OBJETIVO, CONCEPTO Y CALIFICACION DE LA DISCAPACIDAD (artículos 1 al 3)

artículo 1:

ARTICULO 1. – Institúyese por la presente Ley, un sistema deprotección integral de las personas discapacitadas, tendiente aasegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridadsocial, así como a concederles las franquicias y estímulos quepermitan en lo posible neutralizar la desventaja que ladiscapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante suesfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al queejercen las personas normales.

artículo 2:

ARTICULO 2. – A los efectos de esta Ley, se considera discapacitadaa toda persona que padezca una alteración funcional permanente oprolongada, física o mental, que en relación a su edad y mediosocial implique desventajas considerables para su integraciónfamiliar, social, educacional o laboral.

artículo 3:

ARTICULO 3. – La Secretaría de Estado de Salud Pública certificaráen cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y sugrado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado.Dicha Secretaría de Estado indicará también, teniendo en cuenta lapersonalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividadlaboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidaden todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lodispuesto en el artículo 19 de la presente Ley.

CAPITULO II

SERVICIOS DE ASISTENCIA, PREVENCION, ORGANO RECTOR (artículos 4 al 5)

artículo 4:

*ARTICULO 4. – El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluídas dentro delsistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios: a) Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de lascapacidades de la persona discapacitada. b) Formación laboral o profesional. c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividadlaboral o intelectual. d) Regímenes diferenciales de seguridad social. e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyosnecesarios previstos gratuitamente, o en establecimientosespeciales cuando en razón del grado de discapacidad no puedancursar la escuela común. f) Orientación o promoción individual, familiar y social.

Modificado por: Ley 24.901 Art.3(B.O. 05-12-97). Preimer párrafo. artículo 5:

ARTICULO 5. – Asígnanse al Ministerio de Bienestar Social de laNación las siguientes funciones: a) Actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de lasmedidas establecidas en la presente Ley. b) Reunir toda la información sobre problemas y situaciones queplantea la discapacidad. c) Desarrollar planes estatales en la materia y dirigir lainvestigación en el área de la discapacidad. d) Prestar asistencia técnica y financiera a las provincias. e) Realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismosestatales. f) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sinfines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personasdiscapacitadas. g) Proponer medidas adicionales a las establecidas en la presenteLey, que tiendan a mejorar la situación de las personasdiscapacitadas, y a prevenir las discapacidades y susconsecuencias. h) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivode los recursos y servicios existentes, así como propender aldesarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

TITULO II
NORMAS ESPECIALES (artículos 6 al 22) CAPITULO I
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (artículos 6 al 7) artículo 6:

ARTICULO 6. – El Ministerio de Bienestar Social de la Nación y laMunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pondrán en ejecuciónprogramas a través de los cuales se habiliten, en los hospitales desus jurisdicciones, de acuerdo a su grado de complejidad y alámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a laspersonas discapacitadas. Promoverán también la creación de talleresprotegidos y terapéuticos y tendrán a su cargo su habilitación,registro y supervisión.

artículo 7:

ARTICULO 7. – El Ministerio de Bienestar Social de la Naciónapoyará la creación de hogares con internación total o parcial parapersonas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través delgrupo familiar. reservandose en todos los casos la facultad dereglamentar y fiscalizar su funcionamiento. Serán tenidasespecialmente en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades dela entidades privadas sin fines de lucro.

CAPITULO II
TRABAJO Y EDUCACION (artículos 8 al 13) artículo 8:

ARTICULO 8. – El Estado Nacional, sus organismos descentralizados oautárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas delEstado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estánobligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condicionesde idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATROpor ciento (4%) de la totalidad de su personal.

artículo 9:

ARTICULO 9. – El desempeño de determinada tarea por parte depersonas discapacitadas deberá ser autorizado y fiscalizado por elMinisterio de Trabajo teniendo en cuenta la indicación efectuadapor la Secretaría de Estado de Salud Pública, dispuesta en elartículo 3. Dicho Ministerio fiscalizará además lo dispuesto en elartículo 8.

artículo 10:

ARTICULO 10. – Las personas discapacitadas que se desempeñen en losentes indicados en el artículo 8, gozarán de los mismos derechos yestarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislaciónlaboral aplicable prevé para el trabajador normal.

artículo 11:

*ARTICULO 11.- EL Estado Nacional, los entes descentralizados yautárquicos, las empresas mixtas y del Estado y la Municipalidad dela Ciudad de Buenos Aires están obligados a otorgar en concesión, apersonas con discapacidad, espacios para pequeños comercios en todasede administrativa. Se incorporarán a este régimen las empresas privadas que brindenservicios públicos. Será nula de nulidad absoluta la concesión adjudicada sin respetarla obligatoriedad establecida en el presente artículo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a peticiónde parte, requerirá la revocación por ilegítima, de tal concesión.

Modificado por: Ley 24.308 Art.1Sustituido. (B.O. 18-01-94).

artículo 12:

ARTICULO 12. – El Ministerio de Trabajo apoyará la creación detalleres protegidos de producción y tendrá a su cargo suhabilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor delas personas discapacitadas a través del régimen de trabajo adomicilio. El citado Ministerio propondrá al Poder Ejecutivo Nacional elrégimen laboral al que habrá de subordinarse la labor en lostalleres protegidos de producción.

artículo 13:

ARTICULO 13. – El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a sucargo: a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de loseducandos discapacitados, en todos los grados educacionales,especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones sevinculen con la escolarización de los discapacitados, tendiendo asu integración al sistema educativo. b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientoseducacionales para personas discapacitadas, las cuales seextenderán desde la detección de los déficits hasta los casos dediscapacidad profunda, aún cuando ésta no encuadre en el régimen dela escuelas de educación especial. c) Crear centros de valuación y orientación vocacional para loseducandos discapacitados. d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones delos educandos discapacitados a tareas competitivas o a talleresprotegidos. e) Formar personal docente y profesionales especializados paratodos los grados educacionales de los discapacitados, promoviendolos recursos humanos necesarios para la ejecución de los programasde asistencia, docencia e investigación en materia derehabilitación.

CAPITULO III
SEGURIDAD SOCIAL (artículos 14 al 19) artículo 14:

ARTICULO 14. – En materia de seguridad social se aplicarán a laspersonas discapacitadas las normas generales o especiales previstasen los respectivos régimenes y en las Leyes 20.475 y 20.888.

Ref. Normativas: Ley 20.475Ley 20.888
artículo 15:
ARTICULO 15. – (Nota de redacción) MODIFICATORIO Ley 22.269
artículo 16:
ARTICULO 16.- NOTA DE REDACCION: MODIFICATORIA LEY 18017 (T.O. 74) artículo 17:
ARTICULO 17.- NOTA DE REDACCION: MODIFICATORIA LEY 18037 (T.O. 76) artículo 18:
ARTICULO 18.- NOTA DE REDACCION: MODIFICATORIA LEY 18038 (T.O. 80) artículo 19:

ARTICULO 19.- En materia de jubilaciones y pensiones, ladiscapacidad se acreditará con arreglo a lo dispuesto en losartículos 33 y 35 de la Ley 18.037 (T.O. 1976 y 23 de la Ley18.038 (T.O. 1980).

Ref. Normativas: Texto Ordenado Ley 18.037 Art.33 al 35Texto Ordenado Ley 18.037 Art.33Texto Ordenado Ley 18.037 Art.34Texto Ordenado Ley 18.037 Art.35Texto Ordenado Ley 18.038 Art.23

*CAPITULO IV
Accesibilidad al medio físico. (artículos 20 al 22) artículo 20:

*ARTICULO 20.- Establécese la prioridad de supresión de barrerasfísicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte quese realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en formatotal o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograrla accesibilidad para las personas con movilidad reducida, ymediante la aplicación de las normas contenidas en el presentecapítulo. A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad laposibilidad de las personas con movilidad reducida de

gozar de lasadecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elementoprimordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano,arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparaciónde oportunidades. Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en las víasy espacios libres públicos, a cuya supresión se tenderá por elcumplimiento de los siguientes criterios: a) Itinerarios peatonales, contemplarán una anchura mínima en todosu recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas ensilla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos niaberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones osillas de ruedas. los desniveles de todo tipo tendrán un diseño ygrado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización yseguridad de las personas con movilidad reducida; b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuyadimensión vertical y horizontal facilite su utilización porpersonas con movilidad reducida, y estarán dotadas de pasamanos.Las rampas tendrán características señaladas para los desniveles enel apartado a); c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observaren sus itinerarios peatonales las normas establecidas para losmismos en el apartado a). Los baños públicos deberán ser accesiblesy utilizables por personas de movilidad reducida; d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas paravehículos que transporten personas con movilidad reducida, cercanasa los accesos peatonales; e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales detráfico, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elementovertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán deforma que no constituyan obstáculos para los no videntes y paralas personas que se desplacen en silla de ruedas; f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas porvallas estables y contínuas y luces rojas permanentes, disponiendolos elementos de manera que los no videntes puedan detectar atiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan lasección transversal de la acera se deberá construir un itinerariopeatonal alternativo con las características señaladas en elapartado a).

Modificado por: Ley 24.314 Art.1Sustituido. (B.O. 12-04-94).
Antecedentes: Ley 23.876 Art.1(B.O. 01-11-90). Ultimo párrafo incorporado. artículo 21:

*ARTICULO 21.- Entiéndese por barreras arquitectónicas lasexistentes en los edificios de uso público, sea su propiedadpública o privada, y en los edificios de vivienda; a cuya supresiónse tenderá por la observancia de los criterios contenidos en elpresente artículo. Entiéndese por adaptabilidad, la posibilidad de modificar en eltiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmenteaccesible a las personas con movilidad reducida. Entiéndese por practicabilidad, la adaptación limitada acondiciones mínimas de los ámbitos físicos para ser utilizados porlas personas con movilidad reducida. Entiéndese por visitabilidad, la accesibilidad estrictamentelimitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un localsanitario, que permita la vida en relación de las personas conmovilidad reducida: a) Edificios de uso público: deberán observar en general laaccesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personasde movilidad reducida; y en particular la existencia deestacionamientos reservados y señalizados para vehículos quetransporten a dichas personas, cercanos a los accesos peatonales;por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto debarreras arquitectónicas; espacios de circulación horizontal quepermitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas, al igualque comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas,mediante

elementos constructivos o mecánicos; y serviciossanitarios adaptados. Los edificios destinados a espectáculosdeberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso porpersonas con sillas de ruedas. Los edificios en que se garanticenplenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán en suexterior un símbolo indicativo de tal hecho. Las áreas sin accesode público o las correspondientes a edificios industriales ycomerciales tendrán los grados de adaptabilidad necesarios parapermitir el empleo de personas con movilidad reducida. b) Edificios de viviendas: las viviendas colectivas con ascensordeberán contar con un itinerario practicable por las personas conmovilidad reducida, que una la edificación con la vía pública y conlas dependencias de uso común. Asimismo, deberán observar en sudiseño y ejecución o en su remodelación, la adaptabilidad a laspersonas con movilidad reducida, en los términos y grados queestablezca la reglamentación. En materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendasindividuales, los códigos de edificación han de observar lasdisposiciones de la presente ley y su reglamentación. En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de lapresente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad ypracticabilidad en los grados y plazos que establezca lareglamentación.

Modificado por: Ley 24.314 Art.1Sustituido. (B.O. 12-04-94). Ref. Normativas: Ley 19.279 Art.12
artículo 22:

*ARTICULO 22.- Entiéndese por barreras en los transportes, aquellasexistentes en el acceso y utilización de los medios de transportepúblico terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y largadistancia, y aquellas que dificulten el uso de medios propios detransporte por las personas con movilidad reducida; a cuyasupresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios: a) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientosreservados, señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, parapersonas con movilidad reducida. Dichas personas estaránautorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Loscoches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación debastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos deutilización por tales personas. En los transportes aéreos deberáprivilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesospara pasajeros con movilidad reducida. Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas alcontrapersonas con movilidad reducida en el trayecto que medieentre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacionaly/o de rehabilitación a los que deban concurrir. La reglamentaciónestablecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, lascaracterísticas de los pases que deberán exhibir y las sancionesaplicables a los transportistas en caso de inobservancia de estanorma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso denecesidad documentada. Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente, en losplazos y proporciones que establezca la reglamentación, unidadesespecialmente adaptadas para el transporte de personas conmovilidad reducida. Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal conlas características señaladas, en el artículo 20 apartado a), entoda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible yantideslizante; paso alternativo a molinetes; sistema de anunciospor parlantes; y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertosse preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasajeroscon movilidad reducida; c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendránderecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo queestablezcan las respectivas disposiciones municipales, las que nopodrán excluir de esas franquicias a

los automotores patentados enotras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por eldistintivo de identificacióna a que se refiere el artículo 12 de laley 19.279.

Modificado por: Ley 24.314 Art.1Sustituido. (B.O. 12-04-94). TITULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (artículos 23 al 29) artículo 23:

*ARTICULO 23. -Los empleadores que concedan empleo a personasdiscapacitadas tendrán derecho al cómputo, a opción delcontribuyente, de una deduccíon especial en la determinacíon delImpuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente alSETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones correspondientes alpersonal discapacitado en cada período fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierrede cada período. Se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que realicentrabajo a domicilio. A los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior,también se considerará las personas que realicen trabajos adomicilio.

Modificado por: Ley 23.021 Art.2Sustituido. (B.O. 13-12-83). Con aplicación para los ejercicios fiscales cerrados a partir del 31-12-83.

artículo 24:

ARTICULO 24. – La Ley de Presupuesto determinará anualmente elmonto que se destinará para dar cumplimiento a lo previsto en elartículo 4, inciso c) de la presente Ley. La reglamentacióndeterminará en qué jurisdicción presupuestaria se realizará laerogación.

artículo 25:

ARTICULO 25. – Sustitúyese en el texto de la Ley 20.475 laexpresión “minusválidos” por “discapacitados”. Aclárase la citada Ley 20.475, en el sentido de que a partir de lavigencia de la Ley 21.451 no es aplicable el artículo 5 de aquélla,sino lo establecido en el artículo 49, punto 2 de la Ley 18.037 (to. 1976).

Ref. Normativas: Ley 20.475Ley 21.451Texto Ordenado Ley 18.037 Art.49 artículo 26:
ARTICULO 26. – Deróganse las Leyes 13.926, 20.881 y 20.923.
artículo 27:

*ARTICULO 27.- El Poder Ejecutivo Nacional propondrá a lasprovincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativosque establezcan principios análogos a los de la presente Ley. En el acto de adhesión a esta Ley, cada provincia establecerá losorganismos que tendrán a su cargo en el ámbito provincial, lasactividades previstas

en los artículos 6, 7 y 13 que anteceden.Determinarán tambíen con relación a los organismos públicos yempresas provinciales, así como respecto a los bienes del dominiopúblico o privado del estado provincial y de sus municipios, elalcance de las normas contenidas en los artículos 8 y 11 de lapresente Ley. Asimismo, se invitará a las provincias a adherir y/o a incorporaren sus respectivas normativas los contenidos en los artículos 20,21 y 22 de la presente.

Modificado por: Ley 24.314 Art.3(B.O. 12-04-94). Ultimo párrafo incorporado. artículo 28:

ARTICULO 28. – El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará lasdisposiciones de la presente Ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180)días de su promulgación. Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en losartículos 20 y 21 relativas a barreras urbanas y en edificios de deuso público serán determinadas por la reglamentación, pero suejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde lafecha de sanción de la presente ley. En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, laaprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusiónen los mismos de las normas establecidas en el artículo 21 apartadob), su reglamentación y las respectivas disposiciones municipalesen la materia. Las adecuaciones establecidas en el transporte público por elartículo 22 apartados a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximode un año a partir de reglamentada la presente. Su incumplimientopodrá determinar la cancelación del servicio.

Modificado por: Ley 24.314 Art.2(B.O. 12-04-94). Ultimo párrafo incorporado. artículo 29:

ARTICULO 29. – Comuníquese, publíquese, dése a la DirecciónNacional del Registro Oficial y archívese.

FIRMANTES
VIDELA – Fraga – Martínez de Hoz – Harguindeguy – Llerena Amadeo Reston –

Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar

Ley No 24.417

PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Sancionada: diciembre 7 de 1994

Promulgada: diciembre 28 de 1994

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1o— Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

ARTICULO 2o— Cuando los damnifica dos fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al ministerio público.

ARTICULO 3o— El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos.

ARTICULO 4o — El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;

b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio;

c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;

d) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

ARTICULO 5o — El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia

de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3.

ARTICULO 6o— La reglamentación de esta ley preverá las medidas conducentes a fin de brindar al imputado y su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita.

ARTICULO 7o — De las denuncias que se presente se dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.

Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas.

ARTICULO 8o — Incorpórase como segundo párrafo al artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V y VI, y título V capítulo I del Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente que puede repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviese deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones que correspondan.

ARTICULO 9o— Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente.

ARTICULO 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. — ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

    La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, fundada el 10 de Noviembre de 1962, es una entidad gremial profesional que nuclea a los graduados en psicología de universidades nacionales o privadas del país reconocidas por el estado que ejercen su actividad en la ciudad de Buenos Aires.

    Dirección

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